Tres ex policías federales de la Delegación Rosario y un ex militar de inteligencia son juzgados desde este miércoles por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en entre agosto y noviembre de 1976 en el centro clandestino de detención Quinta de Fisherton, que funcionó en San José de Calazans al 9100 durante la última dictadura cívico militar. La negativa a prestar declaración indagatoria de cuatro de los acusados y la declaración del primer testigo fueron los rasgos sobresalientes de la primera jornada del debate, que continuará el 7 de octubre.
Hasta la audiencia de este miércoles –celebrada a través de la plataforma Jitsi Meet– se sabía oficialmente de la existencia de un solo sobreviviente de las 29 víctimas. En la primera jornada del juicio se concretó el testimonio de un antropológo forense que contó que, en el marco de una investigación personal que emprendió sobre el centro clandestino de detención, pudo dar con el paradero de una víctima desconocida para la causa judicial, cuyos datos aportó, publicó el portal Fiscales.
Al debate oral, que hace tres años que viene sufriendo postergaciones, llegaron acusados el capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; y los ex integrantes de la Delegación local de la PFA: el ex oficial Federico Almeder, el ex auxiliar Juan Langlois y el ex inspector Enrique Andrés López. Los cuatro están imputados por múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y apropiación de niños y actualmente están detenidos con la modalidad de prisión domiciliaria. También se encontraba imputado por estos hechos el sargento de la PFA Juan Dib, quien falleció el mes pasado.
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Según la acusación fiscal, todos los hechos delictivos fueron perpetrados «mientras se hallaba operativo el grupo de tareas –conformado por quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 y los miembros de la PFA–, quienes, más allá de la división de funciones –propia de las distintas jerarquías y estamentos– actuaban en concierto en todo lo relativo a detenciones de personas, mantenimiento de esa situación y posterior disposición de las mismas». En tal sentido, la acusación señala que en el marco del despliegue represivo ilegal desplegado durante la última dictadura, las víctimas sufrieron la persecución de los autodenominados Operativos Conjuntos del Ejército y de la Delegación local de la PFA.
El juicio se centra sobre los hechos ocurridos principalmente en el centro clandestino de detención Quinta de Fisherton, también conocido como Quinta operacional de Fisherton, que dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, a cargo de la llamada Zona de Defensa 2. Allí las víctimas resultaron muertas o desaparecidas y fueron privadas ilegítimamente de su libertad.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez. Actúa en representación del Ministerio Público Fiscal la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.
