Familiares y amigos de Luciano Arruga, el adolescente que estuvo desaparecido durante seis años y cuyo cuerpo fue hallado en 2014 enterrado como NN en un cementerio, denunciaron que desde que fue encontrado el cadáver no hubo avances en la investigación y exigieron que se realice un jury de enjuiciamiento para las dos fiscales y para el juez de garantías que intervinieron en la causa.
«Reclamamos que se impulse el enjuiciamiento político contra el juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, que son el juez y las fiscales que tuvieron la instrucción de la causa en La Matanza hasta que se logró que pase al juzgado federal como desaparición forzada de persona», dijo a Télam Vanesa Orieta, hermana de la víctima.
Según la joven, los funcionarios judiciales «incurrieron en dos delitos», uno de los cuales fue en darle «automáticamente la intervención a la propia policía bonaerense», justamente la fuerza que estaba siendo denunciada por su familia.
«El segundo que casi durante un año y medio nos pincharon los teléfonos a mí, a mi mamá y a familiares de manera reitera, excesiva y sin fundamentos», recordó.
Al respecto, Matías Bregante, integrante de Espacio para la Memoria Luciano Arruga que funciona en el ex destacamento donde denunciaron que el adolescente había sido torturado en 2009 previo a su desaparición, consideró que esas maniobras de espionaje fueron realizadas para investigar a los familiares y ponerlos «en el ojo de la tormenta, para sacar cualquier información y así revertir» lo que denunciaban.
En tanto, respecto a la causa que tramita el juez federal 1 de Morón, Martín Ramos, Bregante aseguró que desde el hallazgo del cuerpo «no hubo más movimientos».
«Hasta el día de la fecha sigue en etapa de instrucción y no ha sido llamado a declarar ninguno de los policías que estaba en servicio esa noche en las distintas comisarías de La Matanza, ninguno de los policías de la Federal que intervinieron supuestamente en el accidente de la General Paz, ni los funcionarios del Same, ni del Hospital Santojanni, ni de la morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires, ni la jueza que firmó el acta de ese supuesto cuerpo declarado NN», dijo Bregante.
De acuerdo a su testimonio, la familia le pidió al juez que «active y que llame a declarar a todas las personas que considere que puedan haber participado o al menos tener conocimiento de lo que pasó esa noche».
La desaparición forzada, torturas seguida de muerte de Luciano
Luciano Arruga tenía 16 años y fue visto por sus familiares por última vez el 31 de enero de 2009, cuando salió de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador para ir a un cyber de la zona.
Desde entonces, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Arruga, recorrieron hospitales, morgues y comisarías buscando al adolescente, aunque sin éxito.
Cinco años más tarde, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), se logró la exhumación de un cuerpo enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita y se confirmó que se trataba del joven.
Investigaciones posteriores determinaron que Arruga murió la misma madrugada del último día de enero, cuando cruzó corriendo la avenida General Paz, a la altura de Mosconi, y fue atropellado por un auto.
Como consecuencia del accidente fue trasladado al hospital Santojanni donde falleció y, dado que no tenía identificación y, supuestamente, nadie reclamaba su cuerpo, fue derivado a la morgue como NN.
Sin embargo, los familiares del adolescente aseguraron haber concurrido a ese centro de salud en su búsqueda y denunciaron que el joven fue atropellado mientras era perseguido por policías de Lomas del Mirador, que ya lo habían detenido varias veces porque se negaba a robar para ellos.
El 15 mayo de 2015, el policía Julio Torales fue condenado a diez años de prisión por torturar a Arruga antes de su desaparición, en un fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza, que lo consideró coautor del delito de «torturas».
Para los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño quedó acreditado que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19, Arruga estuvo alojado en el sector de la cocina del destacamento de Lomas del Mirador, tras haber sido detenido como sospechoso de un robo y allí fue torturado a golpes «con un elemento duro o romo» por Torales, mientras otro policía lo sostenía.
Al cumplirse 11 años de su desaparición, los familiares y amigos de Luciano organizaron hoy a las 17, una movilización que partirá de avenida General Paz y Mosconi (Lomas del Mirador) hasta la Plaza Luciano Arruga ubicada en Perú y Pringles, donde a las 20 proyectarán el documental «¿Quién mató a mi hermano?».
Cels criticó a la Comisión Bicameral y a la Procuración por no avalar el jury
La directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, criticó hoy la «actitud corporativa» de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense y de la Procuración General, al haber rechazado el jury de enjuiciamiento para las dos fiscales y para el juez que intervinieron en la causa por la desaparición de Luciano Arruga, de la cual se cumplen 11 años.
La abogada aseguró que «no estuvieron dispuestos a que se ventile públicamente para saber si los funcionarios judiciales cometieron irregularidades durante el proceso» y que dejaron a la «familia sola una vez más».
Además, la flamante directora del Cels dijo que el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lazzari, le exigió a la familia del adolescente una suma de 250.000 pesos para que continúe el trámite del enjuiciamiento, por las costas que las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli y el juez Gustavo Banco puedan tener durante el proceso.
«Vamos a hacer una presentación para que eso no sea un impedimento para que se haga el Jury porque ni la familia ni el Cels tienen ese dinero, todo es una traba constante», afirmó Litvachky.
Por último, la letrada sostuvo que el Jury está «al borde» de llevarse adelante si es que la Justicia lo permite y de esa manera establecer si los funcionarios no cumplieron con sus deberes.
