Según el informe de precios en alquileres del mes de febrero en la ciudad de Rosario que elabora el Ceso (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz), un jubilado que cobra el haber mínimo debe destinar el 58,3% de su ingreso y un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil destina el 53,9% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.
Para Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de la ciudad, “la realidad de los inquilinos sigue siendo crítica y muy difícil”. “Hay una reacción especulativa del mercado inmobiliario contra los avances en materia legal que hubo en el último año a favor de los inquilinos”, agregó.
En este sentido, desde la Defensoría del Inquilino vienen proponiendo que se establezcan “Precios Máximos” a los alquileres para evitar todo tipo de especulación y que no se traslade en el precio del alquiler los avances que la nueva ley o el decreto 320 establece a favor de los inquilinos.
“Es perfectamente realizable, a través de un acuerdo suscripto por el Estado, las cámaras inmobiliarias y los representantes de los inquilinos, donde se fijen los precios máximos a cobrar para los distintos tipos de inmuebles que hay (monoambiente, 2 ambientes y 3 ambientes, sea departamentos de edificio, pasillo o casas)”, sostuvo Artola.
“Es imprescindible avanzar hacia la regulación y pesificación del mercado inmobiliario para empezar a dar una respuesta estructural al acceso a la vivienda”, concluyó Artola.
