El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, aprobó un protocolo para «prevenir y concientizar» a los feligreses sobre «la gravedad que revisten los abusos a menores de edad» y establecer «normas de actuación» que ahora se deberán seguir en casos de denuncias de esos delitos.
Se trata de las «Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato con menores de edad y adultos vulnerables», y del «Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales».
Ambos documentos fueron comentados por Puiggari durante la celebración religiosa de Semana Santa.
Los textos serán «de cumplimiento obligatorio para todos los adultos que se desempeñen con menores en los espacios arquidiocesanos», lo que incluye a clérigos, religiosos y laicos.
Las normas reclaman a los católicos «testimoniar el amor de Dios y expresarlo en el trato respetuoso, absteniéndose de cualquier comportamiento» abusivo.
Asimismo, prohíbe los «castigos físicos o el uso de lenguaje humillante o degradante»; «realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual»; «poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico» y «consumir alcohol o drogas».
También determina la prohibición de «involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas con menores o adultos vulnerables»; «ejercer extrema prudencia en los medios audiovisuales que se utilicen» y evitar «expresiones de afecto exageradas».
«Se prohíbe dar o recibir regalos personales o desproporcionados»; «se debe evitar en todo momento el contacto físico» y «si es el menor o adulto vulnerable quien inicia gestos, la respuesta debe ser sobria, breve, apropiada y siempre en lugares públicos y delante de otras personas», advierte el documento.
Las «normas de comportamiento» también exigen que «un adulto nunca debe permanecer a solas ni recorrer largas distancias con un menor o adulto vulnerable» y prohíbe «reuniones en dormitorios o habitaciones privadas».
Además, prohíbe «exigir secreto o confidencialidad a los menores» y establece que las «comunicaciones virtuales» deberán ser siempre prudentes y responsables.
Por otro lado, exige a «clérigos y laicos actuar e intervenir cuando menores o adultos vulnerables requieran ser protegidos de daños o riesgos por abuso», y solicita que «inmediatamente recurran a su superior en busca de ayuda».
Respecto al protocolo de actuación frente a sospecha o descubrimiento de abusos sexuales, subraya que «todos tienen la responsabilidad de proteger a los menores o adultos vulnerables», y el protocolo alcanza también a «quienes trabajen en ámbitos eclesiales».
Si es el mismo menor o adulto vulnerable que alega los hechos, «deberá escucharlo sin interrogarlo ni emitir juicios, agradecerle su confianza y valentía y explicarle que la información será tratada con gran cuidado y discreción, tomando nota de lo conversado».
Quien presencie o reciba información sobre un abuso «deberá inmediatamente poner la noticia en conocimiento de superiores y de los padres, tutores, curadores o apoyos».
Los padres, familiares y tutores «podrán realizar una presentación en organismos provinciales de protección al menor en no más de cinco días hábiles».
En tanto, determina que la autoridad eclesiástica que recibe la noticia deberá «entrevistarse con los padres, tutores, curadores o apoyos, de la que deberá labrarse un acta escrita firmada por todos los presentes».
Se especifica también que tendrá 48 horas para «comunicar al arzobispo la situación planteada», para poner en marcha una investigación preliminar.
Establece asimismo que «se apartara al acusado de sus oficios», pero aclara que esto no implica la «admisión de culpabilidad» y que «las personas afectadas tendrán acceso a ayuda espiritual y/o psicológica.
Si la denuncia o sospecha fuera contra un religioso, dará traslado al superior, procurando que la investigación eclesiástica «no interfiera con los procedimientos estatales».
