Un error. Así calificó el arzobispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal en la que solicitan que se quiten los símbolos religiosos de los lugares públicos como centros de salud y escuelas públicas. Y si bien aclaró que no va a pedir a la intendenta que vete la ordenanza invitó al cuerpo legislativo local a diluir la ordenanza ya que no lleva a una convivencia con los distintos sectores de la sociedad y detallaron que no fueron convocados para una mesa de diálogo.
“Nos parece que ha sido un error del Concejo de propiciar eso, es una medida que no ayuda a una cultura del encuentro y a una convivencia armoniosa entre los distintos sectores de la sociedad. Y por eso nos parece un error», sostuvo el arzobispo.
En esa línea, el arzobispo insistió con que «es de sabios corregir los errores» y que se está «a tiempo de rectificarse si se reconoce que ha habido un error. Esperamos que esta ordenanza quede diluida y no llegue a que esto se pueda concretar”, agregó Martín.
«Ha sido un error del Concejo propiciar la eliminación de símbolos religiosos en edificios municipales y provinciales. Creo que esto no lleva al encuentro, y se puede rectificar. No fuimos consultados y esperemos que no llegue a efectivizarse».
El jueves pasado, el Concejo Municipal aprobó con 13 votos a favor y 10 la ordenanza para que el gobierno de Santa Fe quite las imágenes religiosas de escuelas, hospitales y centros de salud en la ciudad. La iniciativa no alcanza a las capillas y oratorios de los hospitales porque focaliza en los espacios comunes en donde personas sin culto o no católicos puedan no sentirse representadas. También quedaron afuera las imágenes que ya son parte del arte y de la arquitectura del lugar. “Va contra las leyes que defienden la libertad de culto y declaran a Argentina como un Estado laico”, explicó Celeste Lepratti, quien presentó el proyecto, a El Ciudadano y aclaró que la medida no alcanza a los edificios del Poder Judicial o el Registro Civil, aunque no descartó que pueda ampliarse.
Tal como publicó El Ciudadano, la iniciativa llegó mientras continúa la polémica por la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas, a la que se oponen las religiones católica y evangélica. Más atrás, y vinculado al último debate por el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE), se reavivó la campaña de separación de la Iglesia del Estado con las convocatorias para que los creyentes bautizados que no creen renuncien a su fe por escrito. En agosto un grupo de diputados de Cambiemos presentó un proyecto en el Congreso Nacional para quitar las imágenes religiosas de todas las dependencias públicas del país.
“Estamos en un momento de discusión de los lazos entre el Estado y la Iglesia que alcanza a toda la sociedad, pero que no se traduce en las legislaturas, donde las iglesias siguen teniendo poder para frenar leyes”, dijo Lepratti y recordó el tratamiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) provincial, que tuvo media sanción de la Cámara Baja y está frenada en el Senado.
Respeto
La ordenanza tiene un antecedente en la provincia. En 2010 Alicia Gutiérrez presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para quitar las imágenes religiosas de todas las dependencias públicas de la provincia. La respuesta fue una campaña mediática en contra, e incluso con amenazas telefónicas anónimas y pintadas en el local partidario en el barrio Candiotti de la capital santafesina. El proyecto perdió estado parlamentario y Gutiérrez insistió en 2012 pero nunca fue tratado.
“Las oficinas públicas no tienen que tener imágenes partidarias o religiosas porque cada uno es dueño de practicar la religión que quiera y militar en el partido que desee. A una oficina pública llegan las más diversas personas y no es justo que haya una imagen católica”, opinó la legisladora.
Cuestión separada
La iniciativa de Lepratti se dio después del rechazo en el Senado del proyecto de IVE. En ese momento tomó fuerza la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado, que nació de la Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael). Desde hace años buscan dar a conocer cuánto dinero reciben las instituciones de culto del Estado y piden cambiar las leyes que lo permiten. El día del rechazo hicieron una de las primeras apostasías colectivas –la renuncia a la fe por escrito– en la zona del Congreso. Sumaron dos mil firmas.
