Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú marcharán esta tarde al Puente Internacional General San Martín para repudiar la autorización del Gobierno uruguayo a la pastera finlandesa UPM para que aumente su producción a 1,3 millones de toneladas anuales.
«Como venimos reclamando desde el principio, nosotros pedimos el desmantelamiento de la papelera y ahora, con la autorización otorgada, mucho más», señaló a NA José Pouler, integrante del colectivo ambientalista.
La caravana partirá a las 15 del Paraje Arroyo Verde, ubicado sobre la Ruta Nacional 136, hacia el puente que une a la localidad entrerriana con su par uruguaya de Fray Bentos y que permaneció bloqueado durante tres años y medio en pleno conflicto bilateral.
En la convocatoria los manifestantes denunciaron que «Botnia-UPM debe ser desmantelada o relocalizada ya», porque -sostuvieron- el daño ambiental «es irreversible» y reclamaron que «se pague la deuda ambiental que a diferencia de otras, es legítima».
«Hoy nos encontramos ante un nuevo atropello del gobierno uruguayo a pactos entre pueblos hermanos, pero también vemos con gran preocupación las respuestas espasmódicas que ensayan nuestros representantes a dichas violaciones, manifestándose puntualmente cuando el Uruguay avanza ilegalmente en este conflicto y quedando después todo en el olvido», denunciaron en el documento.
En ese sentido, recordaron que el gobierno argentino había anunciado el año pasado su decisión de volver a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ello había «quedado en el olvido» y preguntaron: «¿Pasará lo mismo que con las promesas anteriores?».
En lo que respecta a la cantidad de manifestantes que participarán de la movilización, Pouler explicó a NA que «en la última marcha al puente, en octubre de 2013, hubo dos mil personas, pero han llegado a participar en otros tiempos más de 120 mil».
«Hay un descontento muy importante en la población de Gualeguaychú», sentenció el ambientalista, quien señaló que «el reclamo de la Asamblea nunca cambió, ni bajó los brazos».
La decisión de realizar la marcha surgió tras la autorización que el Gobierno uruguayo le otorgó a la pastera UPM para que aumente su producción anual y la eleve hasta 1,3 millones de toneladas anuales, lo que generó un nuevo cortocircuito con la Argentina, que anunció que volverá a llevar el caso a La Haya.
