Más de 600 trabajadores de la mina El Aguilar, en Jujuy, siguen con incertidumbre las negociaciones entre la compañía, el sindicato y el gobierno provincial ante el inminente cierre de ese centro productivo administrado por la firma Glencore, que podría ocasionar «una grave crisis social y económica» en la región de Humahuaca, aseguraron fuentes gremiales y comunales.
Desde el anuncio realizado por la Compañía Minera Aguilar, dependiente de la firma internacional a mediados de noviembre del año pasado, los trabajadores sostienen que «se puede seguir» con la extracción del mineral que posee el yacimiento.
En ese sentido, los mineros criticaron la comunicación «sorpresiva» de la empresa en relación a la declinación de recursos, y piden una «efectiva» intervención a las autoridades provinciales para solucionar el conflicto.
Por su parte, voceros vinculados a Glencore ratificaron el cese de operaciones en la mina y su inminente cierre, una decisión que parece inalterable desde que fue comunicada.
El campamento de Mina El Aguilar se enclava en el extremo norte del departamento de Humahuaca, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y desde hace 91 años se extraen allí plomo y zinc.
Al calor del esfuerzo de cuatro generaciones de mineros se conformó el pueblo que lleva el mismo nombre, el cual cuenta con poco más de 3.500 habitantes, un municipio y un cuerpo de seis autoridades legislativas.
Además, se mantienen en ese lugar tres instituciones educativas y profesionales, el mercado de abastecimiento, centros de salud, seguridad y múltiples organizaciones civiles.
Las personas que permanecen en este poblado en su mayoría son oriundas de las localidades de Abra Pampa, La Quiaca y Humahuaca, donde se albergarán en caso de que tengan que abandonar el territorio.
Santos Jorge Cayo –obrero que se desempeña en la mina hace 24 años, pasó en sus inicios por los socavones y luego se estableció en el laboratorio químico– le contó a Télam que «la decisión de la empresa dejó a la gente grande sin la posibilidad de trabajo».
«Queremos aportar para jubilarnos y ahora nos abandonan con los aportes a medias. Quedamos inválidos. Se ve que la empresa quiere cerrar sí o sí y se va a cortar todo el movimiento de esta región. Los trabajadores consumen las producciones de pueblos aledaños y si se muere El Aguilar, se mueren muchos pueblos», manifestó el obrero de 54 años.
El minero recordó que sus pares «dejaron los pulmones y la vida en la mina El Aguilar», al tiempo que reseñó: «Yo también tengo problemas de salud que se producen en la jornada laboral. Nos esforzamos al máximo y todos tenemos afectaciones respiratorias».
En la misma línea el intendente de El Aguilar, Sergio Alejo, sostuvo que «el impacto económico será muy fuerte y directo, ya que el 90 por ciento de la mano de obra del pueblo depende de la empresa».
El jefe comunal recordó a Télam que El Aguilar «fue el epicentro del trabajo en los años de la década ’80 y llegó a tener más de 10.000 habitantes».
«Siempre dependimos de la minera. Nunca estuvimos de acuerdo con la decisión unilateral que tomó la empresa de dejar a la gente sin trabajo. Como autoridades vamos a acompañar a los trabajadores, siempre respetando la negociación, pero con la idea que la gente obtenga los mejores resultados», aseguró Alejo.
Las partes del conflicto y las autoridades del Ejecutivo provincial llevan adelante desde el mes de diciembre pasado una audiencia plenaria para discutir la posibilidad de extender la producción o analizar mejores alternativas de desvinculación para los trabajadores.
Los mineros exigen que se respeten las legislaciones y decretos vigentes, además de los convenios colectivos de trabajo, y reclaman que se tenga en cuenta la situación habitacional y social de cada operario.
«Si deja de producir la minera Aguilar pierde vida la región», sentenció Carlos Trejo, referente de la Asociación Obrera Minera (Aoma), quien refirió que solo se mantienen guardias mínimas en el lugar y los trabajadores «perciben su salarios de manera normal hasta el momento», situación por la cual todavía «no se desató un caos social».
No obstante, avizoró que la región «tendrá un grave problema social», por la merma inmediata del movimiento productivo y económico que sucederá si el cierre se concreta.
«Cuando se dejen de pagar los sueldos, esa rueda se va a frenar. Es lo que tiene que tener en cuenta el gobierno jujeño a la hora de intervenir en el conflicto. La preocupación, incertidumbre y aflicción de la gente es muy grande porque todo es incierto. Esa desesperación de saber que en algún momento vas a perder tu trabajo se puede transformar en bronca», describió Trejo.
Desde Aoma se apela a «conservar las fuentes de trabajo», y por eso consideran que «el Estado tiene que responder y que una empresa no puede irse de la noche a la mañana».
Las ultimas alternativas que manejan desde el sindicato es que se «cumplan» con todas las leyes en relación a los convenios colectivos de trabajo y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional sobre la «doble indemnización» en un contexto de emergencia sanitaria.
A su vez voceros de la Compañía Minera Aguilar, del grupo Glencore, ratificaron el cese de operaciones en el campamento «por la declinación de recursos», aseguraron que la firma mantiene su ofrecimiento de «retiro voluntario» para los trabajadores.
Consultados sobre la posibilidad de otorgar una doble indemnización o implementación de posibles despidos, las fuentes patronales indicaron a Télam que no realizarán declaraciones públicas hasta que finalicen las negociaciones que son patrocinadas por el gobierno provincial, y que se retomarán el próximo martes.
