El represor Alfredo Astiz anticipó que desconocerá la «falsa condena» que le imponga el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, y acusó al sistema judicial argentino de «abandonar hasta morir a los combatientes contra el terrorismo», como llamó a los condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
«No reconozco a este tribunal ninguna capacidad punitiva sobre mi persona», dijo Astiz al usar el derecho a las «últimas palabras» en el marco de la audiencia que se desarrolló este miércoles en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el tramo final del juicio de la causa Esma Unificada o Esma III, que se lleva adelante desde 2012.
El TOF 5 juzga a 54 represores que están acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 798 víctimas por grupos de tareas que actuaron en el sórdido y emblemático centro clandestino de detención, torturas y exterminio de la última dictadura.
En la exposición, que leyó durante cerca de una hora, Astiz sostuvo que él y los demás imputados son juzgados en «falsos juicios», en los que se dictan «falsas condenas», que él recibe como «una nueva condecoración».
Además, rechazó dar explicaciones e información sobre el destino de sus víctimas, que homologó con una «autoincriminación o pedido de perdón» reclamado «en muchos casos por terroristas», como supuesta «exigencia» de una «ideología izquierdista» que contrapuso a «la religión católica».
Según afirmó Astiz, dar explicaciones sobre la represión de la dictadura es sólo «tarea de las cúpulas de la época», cuyos integrantes en su mayoría ya fallecieron.
«Este ilegítimo tribunal me podrá condenar a prisión perpetua» pero será en una «justicia simulada», expresó el represor en alusión al pedido de la fiscalía de imponer penas de prisión perpetua a Astiz y a otros 51 de los 56 acusados que llegaron al final del juicio, y penas de entre 10 y 25 años para los cuatro restantes.
desfile de esbirros
Algunos de los más conocidos represores juzgados en esta causa, además de Astiz –conocido como el Ángel rubio– son Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías, Jorge Radice, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Vañek.
Entre los primeros en utilizar las «últimas palabras», Astiz estructuró su exposición en tres tramos: uno referido a la que llamó «guerra sin tiempos de la subversión», otro sobre la «ilegitimidad» de los juicios de lesa humanidad y el tercero, respecto de las «consecuencias» de la «prosecución de la guerra sin tiempos».
Sobre los años previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Astiz citó discursos y decretos que, en su interpretación, legitimaron la represión del terrorismo de Estado, para luego preguntarse con sorna si «van a tratar de juzgar al general (Juan Domingo) Perón por delitos de lesa humanidad, pos mortem».
Dijo también que era la «cuarta vez» que declaraba ante el tribunal «a causa del terrorismo judicial» y se quejó porque inicialmente había pedido 15 horas para decir sus «últimas palabras», luego cinco y finalmente le fueron otorgados 40 minutos, que excedió.
«Me impiden por la fuerza hablar por cinco horas», se lamentó el ex marino condenado a perpetua en 2011, en un fallo confirmado por la Corte Suprema en 2015, entre otros crímenes, por su probada infiltración en el grupo de la iglesia de la Santa Cruz, donde fueron secuestradas dos monjas francesas y las principales referentes de las primeras Madres de Plaza de Mayo.
Aunque para objetar los juicios de lesa humanidad Astiz invocó jurisprudencia de Francia, evitó mencionar que la Justicia de ese país europeo lo condenó en ausencia en 2011 a prisión perpetua por los asesinatos de las monjas Léonie Duquet y Alice Domon, en el caso de la Iglesia de la Santa Cruz.
También el Tribunal Penal de Roma confirmó en 2007 una sentencia a prisión perpetua para Astiz y otros cuatro represores por el secuestro y asesinato de tres ítaloargentinos: Angela María Aieta de Gullo -madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo-, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio una hija que recuperó su identidad en abril de 2008.
En este juicio, que se encuentra ya en su tramo final, Astiz está acusado –entre otros crímenes– por el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin, secuestrada en 1977 y por cuyo caso hasta ahora sólo fue condenado Emilio Eduardo Massera durante el Juicio a las Juntas.
«Este es el único país donde los árboles mean a los perros», citó en esta audiencia Astiz a otro represor, con el fin de sostener la pretendida «legitimidad» de secuestros, torturas y homicidios por las que son juzgados los imputados en este y otros juicios por crímenes del terrorismo de Estado.
«terrorismo judicial»
Para sostener ese clásico argumento de las defensas de represores, dijo que ellos se limitaron a «responder a la subversión», a «combatirla» y atribuyó la doctrina de la Justicia argentina a «los terroristas y sus simpatizantes que buscan vengar su derrota».
«El terrorismo judicial es la guerra terrorista librada por otros medios», consideró Astiz. Y afirmó que los «falsos juicios» fueron alentados por gobiernos como los de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular por su presidente Ricardo Lorenzetti y su ex miembro Eugenio Zaffaroni.
El represor culpó a estos ex presidentes y jueces de haber debilitado a las fuerzas militares y policiales, «al perseguir a quienes combatieron a la subversión» y cometer «el error de pensar que el terrorismo estaba acabado, cuando la subversión nunca desiste de su intención estratégica de tomar el poder».
«movimientos secesionistas» en el sur
En la misma línea argumental, afirmó que, en la actualidad, «el peligro más grande es que esta guerra ideológica se haya transformado en una guerra religiosa», de la que –según aseveró el represor– forman parte «movimientos secesionistas» que atribuyó a pueblos originarios en las provincias patagónicas.
«En el sur hay movimientos secesionistas como el de Chubut», porque «las guerras contra el terrorismo no se ganan, permanecen en el tiempo» y actualmente las conduce «el Foro de San Pablo», según dijo, en alusión a esa articulación continental de partidos políticos de centroizquierda e izquierda.
En ese marco, y sin mencionar explícitamente a Santiago Maldonado –el joven desaparecido el pasado 1º de agosto durante un operativo de Gendarmería de represión a mapuches en Chubut–, Astiz criticó a los políticos y periodistas para los cuales «el principal problema no es ese riesgo de movimientos separatistas, sino si un gendarme tiró o o no una piedra».
Agencia Télam.
