La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante el gobierno provincial una propuesta de formación para la aplicación de la Ley Micaela, sancionada el pasado 12 de septiembre, por la cual se brindará capacitación obligatoria en género a todas las personas que ingresen a tres los poderes del Estado.
Para ello, ATE propone que sus equipos interdisciplinarios de capacitadores formen a través de talleres al personal de los distintos ministerios. Lo hicieron a través de una nota dirigida a los ministros de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, y de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías.
El programa de formación de ATE lleva los nombres de Mariela Noguera y Cecilia Burgadt. Mariela trabajaba en el Ministerio de Justicia de la provincia y fue asesinada en diciembre de 2017, junto a cuatro familiares, por su ex pareja, el agente del Servicio Penitenciario Facundo Solís. Cecilia era enfermera del hospital Cullen y fue asesinada en septiembre de este año por su ex pareja, un hombre cuyas iniciales son SAM y que fue imputado por el femicidio.
En la comunicación presentada por ATE este lunes se solicita la realización de un convenio específico con el Consejo Directivo del sindicato, como entidad formadora en los ámbitos del Poder Ejecutivo en el territorio provincial.
Se requiere además la implementación inmediata de las actividades con un cronograma en el que se incluya a todos los ministerios y unidades de trabajo y que se denomine a esta actividad “Programa de Formación Mariela Noguera-Cecilia Burgadt”, en homenaje a las trabajadoras públicas víctimas de femicidios.
Desde ATE señalaron que la entidad “cuenta con más de 25 años de experiencia en formación laboral integral, participación y compromiso demostrado en sostener políticas de ampliación de derechos y de lucha contra la discriminación, la exclusión, el maltrato y la violencia contra las mujeres y los colectivos vulnerables”.
“ATE aportará equipos de capacitadores para abordar la temática y desarrollarla en modalidades de talleres de tres encuentros por grupos de trabajo, con un enfoque integral basado en los derechos humanos y en la protección de situaciones de especial vulnerabilidad, a partir de su contextualización y análisis de acciones en el ámbito institucional”, sostuvieron desde el sindicato.
En septiembre, por votación unánime de la Legislatura, la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018 por el Congreso Nacional y promulgada en enero de este año.
La normativa toma el nombre de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en Gualeguay en 2017. La ley apunta a combatir la violencia de género desde los tres poderes del Estado y, además de la capacitación obligatoria, tiene por objetivo sensibilizar a los funcionarios públicos para dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La ley establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes en la provincia de Santa Fe.
La formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones de las que Argentina es parte. Incluye también la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación.
