La Cámara Federal porteña volvió a rechazar este lunes la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por los abogados de la exmandataria luego de que se conociera que la magistrada tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Así lo resolvió el juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien desestimó los planteos hechos por los apoderados de la Vicepresidenta en esa investigación, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los letrados pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de magnicidio por «actividades incompatibles» con su función, vinculadas con una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
En una audiencia ante el juez -realizada el jueves pasado de manera presencial-, los abogados argumentaron que Capuchetti «estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso».
Además, la querella remarcó que además «no sólo se trata de tareas incompatibles con su función» sino que marcarían «un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.
El camarista Bruglia rechazó los argumentos al sostener que son «ajenos» al proceso y responden a la «creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado».
El juez evaluó que no se probó que «la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento».
«El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas», concluyó.
Bruglia sostuvo además que «resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite».
«Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este», concluyó.
En su resolución, Bruglia realizó «una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado».
El juez entendió que resultaron «opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio».
«Corresponde, a todo evento, poner en conocimiento de los hechos al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. A tal fin ordenaré los oficios respectivos con copia de las piezas pertinentes», concluyó.
El jueves último, los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a reclamar que se aparte a la jueza porque «recibe un estipendio» de un organismo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«No tendremos justicia con esta mujer», aseguró Ubeira -uno de los dos que representan a la querella- tras sostener que la magistrada no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.
De igual manera, el abogado Aldazabal había advertido que el ISSP «no es una universidad» sino un «lugar de elaboración de políticas públicas» por lo que -sostuvo- no es una actividad habilitada para magistrados.
«Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando», agregó y lo calificó como «una violación inédita a la independencia de poderes».
La querella de la Vicepresidenta ya recusó en otra oportunidad a la magistrada y el rechazo de este planteo en la Cámara Federal porteña está en la actualidad bajo revisión en la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal federal del país.
En esa ocasión, el 14 de noviembre pasado, se aludió a las «irregularidades y arbitrariedades» de la investigación en la que están detenidos y procesados con prisión preventiva el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.
Por otro lado, la Cámara Federal tiene que resolver también un planteo de la querella vinculado al análisis de los teléfonos celulares de dos asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman, quien habría hecho comentarios relacionados con el ataque a la Vicepresidenta dos días antes del hecho, en un bar cercano al Congreso Nacional.
