La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner e instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.
Los jueces de la Sala I del tribunal dispusieron «confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo», procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque, y resaltaron que aún se encuentra «configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación», según surge del fallo al que accedió Télam.
En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza Capuchetti -que delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo- a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron mediante un voto conjunto «instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal», lo que implicaría llevar el caso a juicio oral y público.
Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que «más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva».
La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.
Al momento de referirse a la posibilidad de concederle el beneficio de la prisión domiciliaria a Carrizo, los camaristas sostuvieron que no estaban dadas las condiciones para morigerar el estado de su detención y también remarcaron que el informe socioambiental vinculado al imputado y su entorno no los lleva a cambiar de parecer.
«No resultan un tema menor las circunstancias que rodean la aparición de la garante, quien según alega la defensa tendría un vínculo afectivo con Carrizo de larga data, pero respecto de quien no se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes», sostuvieron Bruglia y Bertuzzi en relación con el planteo de la defensa que pretendió que una supuesta pareja de Carrizo oficiara de garante ante una eventual prisión domiciliaria.
«Esta situación, hasta tanto pueda ser dilucidada, nos disuade de hacer lugar a la morigeración solicitada, especialmente frente a la existencia de un riesgo procesal como el peligro de fuga, en el marco de un caso de gravedad institucional como el que se investiga en autos», sostuvieron los jueces.
Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio: ante la Justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve a Sabag Montiel -el hombre que intentó cometer el atentado-, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.
Su rostro se hizo público el día siguiente del atentado cuando se presentó con Uliarte -supuesta pareja de Sabag Montiel- y un grupo de vendedores de copos de nieve a brindar un reportaje televisivo en el que la acompañaron a ella con la versión de que no tenía nada que ver con el atentado fallido.
Dos días más tarde, Uliarte sería detenida cuando intentaba escapar en tren: la investigación judicial logró acreditar que estuvo junto a Sabag Montiel el 1 de septiembre cuando trató de asesinar a la Vicepresidenta en la puerta del edificio que entonces habitaba en el barrio porteño de Recoleta.
Los teléfonos celulares de los tres imputados fueron claves en la investigación: de los dispositivos que usaban Carrizo y Uliarte surgieron referencias que ambos hacían al atentado, mientras que del celular de Sabag Motniel se lograron recuperar algunas fotos en las que se lo ve con la pistola que empuñó el día del ataque.
«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés qué hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo en las horas posteriores a que Sabag Monitel intentara asesinar a la Vicepresidenta.
A pesar de que la Cámara de Apelaciones instó a que la causa avance hacia el juicio oral, Télam pudo saber de fuentes ligadas al expediente que aún quedan medidas que se están evaluando en el tramo principal del expediente: una tiene que ver con el celular de Sabag Montiel que se reseteó a cero en los primeros días de la investigación, cuando se intentaron las primeras extracciones de información.
Fuentes judiciales informaron que por estas horas se sigue analizando la posibilidad de un nuevo peritaje que permita reconstruir el contenido de ese teléfono: las dudas respecto de la realización de la medida tienen que ver con que el éxito de esta no está garantizado y el daño que podría producirle al teléfono sería definitivo e irreparable.
