La Defensoría del Pueblo de Santa Fe participó este viernes de la Audiencia Pública por el precio de la energía eléctrica mayorista, que se realizó en el Palacio de las Aguas Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires.
La Defensoría santafesina manifestó su preocupación por el nuevo aumento del costo de la energía eléctrica anunciado por la mayorista Cammesa –integrada por generadoras, transportistas y distribuidoras, con presencia estatal– durante la Audiencia Pública convocada para el tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. La instancia de generación eléctrica, que hoy está en 640 pesos el megavatio-hora (unidad de energía), pasará según la estimación oficial a 876 pesos en diciembre y 1.077 pesos en febrero de 2018.
El director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, Mariano Vodanovich, sumó la preocupación de la institución ante el anuncio de la quita de subsidios en el rubro del transporte de la energía eléctrica. Es que, sumado al incremento en la etapa de generación, impactará fuerte sobre los costos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la distribuidora estatal local que no produce sino que compra en el mercado mayorista. Y que, como en anteriores saltos, traslada la diferencia a las facturas y las economías familiares y corporativas.
La Defensoría insistió con su reclamo de que se respeten en las tarifas los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad ordenados por la Corte Suprema de la Nación.
Estímulo al Ahorro de Energía Eléctrica
El material publicado por el Ministerio de Energía y Minería para la audiencia de este viernes plantea que a partir de diciembre de 2017 sólo se “premiará” con un 10% de descuento a aquellos usuarios que ahorren en un 30% su consumo respecto a igual periodo de 2015.
Comparado con el sistema anterior, el propuesto no sólo exige un mayor ahorro sino que otorga un menor descuento. El anterior bonificaba el total del aumento o el 75% según se ahorrara más del 20% o entre el 10 y el 20%.
Tarifa Social
En este punto no se proponen cambios al sistema vigente. La Defensoría del Pueblo interpreta que el régimen implementado por la Resolución Nº 219/2016 es un avance pero debe perfeccionarse. Reclama la ampliación de la cantidad de kilowatts fijada como techo, poner en marcha la georeferenciación anunciada en audiencia anterior de manera que permita incorporar beneficiarios de tarifa social según las condiciones de vivienda y barrios en los que habitan. También, pide crear una tarifa diferencial para pymes, que se contemple la situación de los trabajadores informales y de las cooperativas de trabajo y que los requisitos de exclusión no operen como obstáculos insalvables.
