El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) rechazó con dureza el aumento del 100% en el peaje del puente Rosario-Victoria y en otros corredores de la región, que comenzará a regir en julio, y condenó el mecanismo implementado por el gobierno del presidente Javier Milei para imponer el incremento, cuya consecuencia –denunció– generará una suba de los costos del transporte y más inflación, en perjuicio de quienes transitan la vía y también de quienes no.
“Conaduv oportunamente ha rechazado el llamamiento a la «Consulta Ciudadana» convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que cobrará la empresa inoperante e incumplidora Caminos del Río Uruguay SA, que comprende las rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario- Victoria y ruta nacional 174. Como suele ocurrir habitualmente, hay que destacar que el aumento ya estaba autorizado antes de la realización de la Consulta Ciudadana citada”, sostuvo la organización no gubernamental.
“Es sumamente grave que se premie a una empresa incumplidora con un 100% de aumento en el peaje y cuya prórroga contractual se encuentra investigando la Justicia, y que la Consulta Ciudadana se haya llevado a cabo sin que exista un Ente Regulador ni marco regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público”, acusó Jorge Zatloukal, integrante del Conaduv.
Por otra parte, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) y coordinador del Conaduv calificó de “lamentable” la actitud “injusta y poco democrática” de las autoridades nacionales. “Imposibilitan el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encontraba definido y aprobado de antemano en las respectivas resoluciones redactadas por la Dirección Nacional de Vialidad”, sostuvo.
Y recordó: “Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de quienes gobiernan”. Además mencionó que la empresa “y no es un dato menor” Caminos del Río Uruguay SA ingresó se presentó en concurso preventivo, según publicaron diferentes medios de prensa, “y esta situación se encuadra como causal de extinción de contrato”, por lo que menos aún se podría disponer una prórroga.
“El tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente con la única finalidad de restablecer la ecuación económica financiera de la concesionaria, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario. Debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo irregularmente desde los años 90: en este caso concreto se está ante un contrato de concesión leonino, ilegal y lesivo, con tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés nacional, y de beneficios abusivos para el concesionario”, denunció el Comité.
Conaduv resaltó que desde el gobierno nacional se intenta “paradojalmente, y vaya a saberse por qué razón, premiar a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay SA”, describiendo en ese cuadro “otro injustificado incremento de las tarifas de peaje, totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”.
“Todo hace suponer una maniobra tendiente a beneficiar sólo al concesionario., con lo cual se sigue provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad”, remarcó la organización.
En esa línea hizo hincapié en la “indebida e irregular situación” de la empresa Caminos del Río Uruguay, que opera “bajo un régimen de peaje inconstitucional, ilegal, inviable e injusto, con renegociaciones y prórrogas indebidas y un traspaso a la misma, en forma directa, sin licitación ni convocatoria a audiencia pública del Puente Rosario-Victoria y ruta nacional 174”.
Ante la situación, el Conaduv, expresó un enérgico rechazo al “nuevo tarifazo de peaje” y también a la “actualización mensual”, definida por la DNV con aplicación de un ignoto “Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT)”. En su lugar reclamó a las autoridades provinciales y a funcionarios nacionales “coraje, voluntad y decisión política para que se ponga punto final a esta estafa vial rescindiendo el correspondiente contrato de concesión”.
Conaduv elaboró una propuesta que consiste en eliminar el actual sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cabinas de cobro en ruta que existe en las rutas nacionales 12 y 14, y puente Rosario-Victoria y ruta nacional 174, reemplazándolo por el peaje indirecto sin cabinas de cobro en ruta, reasignando parte de los fondos que se recauda de Impuesto a los Combustibles y haciendo que la Dirección Nacional de Vialidad se haga cargo de atender las tareas de conservación y mantenimiento que garanticen el buen estado de transiitabilidad de los corredores viales en cuestión.
“Así se logrará inversión y puestos de trabajo, baja en el costo de transporte, mejorar la situación de las economías regionales, disminución en los accidentes y siniestros viales, entre tantos otros beneficios”, concluyó la organización.
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