“Es un día importante porque es el reconocimiento de nuestro aporte a la historia argentina. Pone de manifiesto que existimos, que fuimos muy importantes para la construcción del Estado Nación, el cual nos negó durante mucho tiempo. Además, sirve para desbaratar mitos, por ejemplo, la idea de que en Argentina no hay negros, como se vio en el Mundial de fútbol, junto con el mito de que todos los negros son iguales, porque la afrodescendencia en Argentina se expresa de otra forma fenotípica ya que tenemos una mezcla muy grande en el país”, dijo a El Ciudadano Mérida Doussou, activista y docente de Historia, quien participará este domingo, junto con compañeras del instituto de danza Isabel Taboga, con una intervención poética artística en homenaje a María Remedios del Valle. Además, leerán poemas Cecilia Benítez, que es cubana; Robinson Glésile, que es haitiano, y Talita, de Brasil. La jornada se desarrollará de 16 a 20 horas en San Lorenzo 2157.  

“La idea de conmemorar este día es reconocer que la raíz afro también existe en Argentina, que somos parte de esa historia común de América, vinculada con una herencia esclavista que viene del colonialismo. La fecha cuestiona el mito de una Argentina blanca y europea, y de que los negros argentinos murieron en la Guerra de la Independencia”, agregó.

Identidad

Mérida nació en Rosario y es hija de una madre blanca argentina y de un padre negro cubano. “Mi identidad está compuesta por dos historias muy fuertes que se unieron y que son muy importantes para mi construcción cotidiana. Tanto la cultura cubana como la argentina tuvieron un rol fundante en quién soy, pero siempre se me ha visto como extranjera en mi propio país. Por tener un poco más de melanina o pelo con rulos, las personas piensan que no soy de acá”, contó.

La joven es docente de historia y estudiar el período colonial despertó la curiosidad por las raíces afro y las personas esclavizadas en el país. “Encontré un material importante de investigación y se abrió un campo de interés que fue clave, incluso para sostenerme en mis estudios”, señaló. 

A eso se sumó la participación en 2016 en el taller de Mujer y Afrodescendencia, el cual formó parte del Encuentro Nacional de Mujeres, que en ese momento todavía no era Plurinacional. “Fue un antes y un después en mi vida. Me permitió entender quién soy y encontrarme con otras mujeres a las que les sucedía lo mismo. A partir de ahí empecé a reunirme con otras afrodescendientes, afroargentinas e inmigrantes de Rosario y creamos el primer grupo que se llamaba Mujeres y Disidencias”, recordó. 

Desde entonces se abrió un camino en la ciudad que continuó con la creación del Bloque Antirracista y la Asamblea de Mujeres Afro en Rosario, que en julio pasado tuvo su cuarta edición. “Empezamos a hablar de antirracismo en la ciudad. Mi militancia tiene que ver con poder llevar este contenido y esta historia a las escuelas y a la formación docente. Organizamos, junto con otro compañero afroargentino, la primera capacitación sobre afrodescendencia y antirracismo en educación en 2023 y 2024 para profesores y maestros. Fuimos parte del cambio de nombre de la escuela 90, que pasó a llamarse María Remedios del Valle, y de muchas actividades para plantear ideas de antirracismo en la educación. Muchas veces se confunde con bullying, pero en la mayoría de los casos hay un racismo muy fuerte en esas situaciones de violencia dentro de la escuela. Es importante encontrarse a uno mismo dentro de esta historia de negritud que tiene nuestro país para que las personas negras puedan verse y sentir orgullo de ese reflejo que les devuelve el espejo negro”, señaló.

Racismo estructural

La discusión sobre el racismo fue una de las polémicas que apareció durante el Mundial de fútbol de este año, cuando se viralizaron videos donde acusaban a Argentina de ser racista porque la selección nacional no tenía jugadores negros. Para la referente, “que haya países de mayoría de población negra no significa que no haya racismo” y señaló que en la actualidad el racismo forma parte de las estructuras de todas las sociedades. “Es fundante de la sociedad capitalista en la que vivimos y existe en todos los países. Argentina tiene un racismo muy específico vinculado a cómo se funda nuestra historia en el mito de que somos todos hijos de europeos, de la migración del siglo XIX, como si antes no hubiese habido historia ni esclavitud. En Argentina la esclavitud dura hasta luego de la independencia. Con la primera Constitución se define que Argentina deja de lado la esclavitud. Por ejemplo, la ley de Vientres, aprobada en 1813, no puso fin a la esclavitud, sino que planteaba que los hijos de las mujeres esclavizadas iban a ser libres después de determinada edad. Fue un avance, pero no dejó de haber trata o esclavitud”, explicó.

Mérida cuestionó la invisibilización de la identidad marrón y la falta de personas afro en los canales de televisión, en lugares de poder y decisión política. “No hay. Pero si vas a los barrios o al shopping encontrás personas negras en tareas de servicio. Argentina es un país racista. Pero como el negro argentino no es igual que el negro de Angola o de Brasil, se supone que no hay negros. Y no es así. La raíz afro está en todos nosotros, pero muchas veces no lo sabemos”, expresó. 

Desde esa reivindicación de la historia afro, impulsa la educación en las escuelas para alumnos y docentes. “Es importante que se hable dentro de las instituciones educativas, porque reconocerse en esa historia permite que el censo tenga una real representación de nuestras comunidades para pelear por políticas públicas”, señaló. 

Retrocesos

En relación con el reconocimiento del Estado y las políticas hacia el sector, Mérida cuestionó el retroceso de derechos desde el cierre del Inadi en 2024. “Con sus falencias, era uno de los pocos lugares donde uno podía acudir por situaciones de racismo y de xenofobia. A nivel mundial, estos casos están creciendo exponencialmente y Argentina es parte de eso”, aseguró y mencionó la inclusión de la comunidad afro en el plan Progresar, un derecho que sigue vigente, pero que tiene cada vez menos inversión. “Con la situación económica actual, las comunidades que son más excluidas, como las mujeres, la población travesti y trans, la negritud, no pueden pagar el alquiler o acceder a un trabajo digno”, agregó. 

A la falta de políticas públicas y representación en espacios de poder, se suman los discursos de odio que se traducen en incitaciones a la violencia. “Hay una violencia extrema hacia lo que es considerado como un otro que repercute en el cotidiano. Cada vez hay más insultos en la calle y controles policiales. Además hay una cuestión de extranjerización: todo lo que no sea blanco es extranjero. En la cotidianidad esto se vive cada vez más fuerte. Hay un correlato: lo que pasó con la comunidad travesti trans y las trabajadoras sexuales de Palermo. Eso es cotidiano. También para la comunidad afro, solo que quizás no se difunde. Ahora se exacerba porque hay una habilitación por parte del poder político para hacerlo y eso genera un aumento de la violencia muy grande”, opinó la referente y recordó: “Fuimos uno de los únicos tres países, junto con Estados Unidos e Israel, que votaron en contra de declarar la esclavitud como un problema de genocidio humanitario. Además, el presidente Milei, en un escrache en Lomas de Zamora, se defendió con términos como «negros de mierda». Es una situación de mucho retroceso y no existe la posibilidad de pensar un diálogo en relación con la creación de políticas públicas”. 

Mujeres afro organizadas

Mérida rescató la lucha de las mujeres negras en el país, quienes fueron las encargadas de sostener las organizaciones políticas y culturales, mientras los varones ocupaban otros roles en el ejército.

“Históricamente en Argentina, las mujeres afro hemos llevado adelante las organizaciones. Paradójicamente, no tenemos representación política en nuestro país. Ser mujer y ser negra lleva una doble carga: además de vivir en un mundo patriarcal, se suma el racismo y una hipersexualización, que son cuestiones vinculadas a la opresión hacia las mujeres negras. Por ejemplo, considerar que el cuerpo de una mujer negra es un objeto sexual, a quien se puede parar en la calle y preguntar cuánto cobra si está en una esquina esperando un taxi. Deben crearse políticas públicas que piensen la condición de las mujeres negras. Tener representación política nos permite manifestar lo que necesitamos en lugar de que hablen por nosotras”, señaló.

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“Hay un borramiento de la precarización laboral, de la pobreza estructural, de que el Estado no es responsable. Muchos medios de comunicación comenzaron a hablar de un asesino serial porque era el mismo femicida en dos casos, pero en los otros dos no hablan de la precariedad laboral y de la desprotección que tenemos las trabajadoras sexuales. Estamos ejerciendo un trabajo que no está reconocido, que está criminalizado y que tiene un estigma social muy fuerte”, dijo a El Ciudadano Georgina Orellano, dirigente de Ammar. 

Georgina remarca que los femicidios de las cuatro compañeras fueron cometidos mientras estaban trabajando y compara el tratamiento mediático y social con el crimen de la docente Nancy. “En el caso de la docente Nancy se habla de precariedad laboral. En el caso de las trabajadoras sexuales se pone el foco en el femicida o en la decisión de quienes ejercen el trabajo sexual, pero no se habla del contexto en el cual se tiene que hacer. Es un trabajo precario. No tiene derechos laborales ni marco jurídico y está criminalizado”, señaló.

«No hay un asesino en serie, hay precariedad»: la advertencia de Ammar tras los crímenes de trabajadoras sexuales

Para la referente de Ammar, el incremento de la precarización se debe, en parte, al aumento de la violencia institucional que obliga a las trabajadoras sexuales a buscar otros mecanismos para ejercer que resultan más inseguros. “En la calle hoy, ya sea en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, inclusive en alguna zona de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Salta y en muchas provincias que todavía tienen vigentes los códigos contravencionales, aumentó en este último tiempo la violencia policial. Frente a esa escalada de represión policial, de detenciones, de acoso, de arbitrariedad, de persecución por parte de la fuerza de seguridad, muchas compañeras deciden ejercer el trabajo sexual en su departamento, en su habitación del hotel o publicando en páginas web, pero tampoco son espacios seguros. Trabajar en la virtualidad aparece como una oferta de posible ascenso social, una idea de emprendedurismo, de ser tu propia jefa, pero no se habla de los riesgos que implica”, explicó Orellano, quien atribuyó el aumento de la clandestinidad del trabajo sexual a la prohibición estatal. 

“El Estado prohibió los anuncios en los diarios, cerró los cabarets y las whiskerías. También condena cualquier espacio cerrado donde se lleven adelante actos de prostitución y la grupalidad en un departamento porque es considerada proxenetismo por la reforma de la ley de trata en el año 2012. Cada intervención que hizo el Estado rompió con las formas de organización de las trabajadoras y lo colectivo fue reemplazado por lo individual. Cuanto menos me vea el Estado, cuanto menos pública sea, cuanto más lo haga en ámbitos cerrados, menos voy a ser alcanzada por el derecho penal. Ese aislamiento y esa clandestinidad ponen a las compañeras a ejercer el trabajo sexual en contextos de mayor vulnerabilidad”, reflexionó.

En cuanto a los crímenes de sus compañeras, señaló que si bien en todos los casos hay detenidos, el problema es que los femicidios se siguen cometiendo. “En el primer caso de Débora, la compañera en Rosario, hay una persona detenida. Pero eso no impidió que al mes siguiente hubiera una Bárbara casi en el mismo contexto de trabajo sexual. Pedir justicia no es solamente pedir cárcel, sino exigir que no vuelva a pasar. Tenemos que discutir garantías para las compañeras, porque el trabajo sexual existe y va a seguir existiendo, aunque con formas más inseguras y sin acompañamiento o asistencia del Estado”, agregó. 

Trabajo sexual y femicidios en Rosario: “Sin derechos ni reconocimiento, la vulnerabilidad es total”

Paro de las trabajadoras

Lo primero que se preguntan desde Ammar es cómo sería un paro de las trabajadoras sexuales, sabiendo que es un trabajo no reconocido, sin derechos laborales y sin patronal. Un paro por el que restan horas a su jornada laboral en un contexto de vulnerabilidad. Pero tienen algo en claro: buscan generar una acción colectiva para sensibilizar y mostrar que sus vidas también valen. 

“Vemos una política de descarte. Se han construido jerarquías sociales donde hay vidas que valen más que otras. Hay femicidios que tienen mayor clamor social: los de la buena víctima, la buena trabajadora; y para las otras el estigma: pensar que casi se la buscó, que se hubiese buscado otro trabajo. Por eso, es importante generar una acción que visibilice y sensibilice, pero que también concientice socialmente de que la vida de las trabajadoras sexuales vale. Hay un lugar de disputa en el lenguaje, en lo social y en lo cultural. Cada vez hay más discursos que sostienen la deshumanización permanente hacia nuestras vidas. Nosotras somos sujetas políticas, hace 31 años que estamos organizadas y tenemos que seguir pensando de manera colectiva. Por eso decidimos hacer un paro con las características que tiene nuestro sindicato. Esa es la verdadera encrucijada que tenemos en el movimiento de la clase trabajadora: ¿quiénes pueden parar efectivamente y quiénes tenemos que ser creativas e inventarnos una forma de paro porque nos están matando?”, señaló.

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En Rosario, concentrarán en la Plazoleta Sandra Cabrera, junto a la Casa de la Diversidad. Piden que se lleven las fotos de las compañeras asesinadas en el último mes junto con velas para recordarlas. Va a estar acompañando la familia de Paola Vallejos, una trabajadora sexual rosarina que fue encontrada muerta en la Costa Atlántica, donde había ido a trabajar.

En la Ruta 4 harán un cese de actividades entre las 8 y las 10, durante el cual interrumpirán el tránsito y llevarán a cabo una asamblea.

En Buenos Aires, se hará una intervención a las 11 frente al Congreso de la Nación con actrices, mujeres del sindicalismo y referentes de la cultura, quienes leerán un documento para exigir garantías y el reconocimiento del trabajo.

En Córdoba capital harán una radio abierta. En San Luis, pararán una hora quienes trabajan en la ruta y a las 16 concentrarán en la plaza principal. En San Juan, también se reunirán en la plaza principal donde trabajan, a las 20. En Jujuy, a las 16, se movilizarán hacia la plaza principal, cerca de la terminal.

Quienes ofrecen servicios en plataformas web o redes sociales pedirán a los sitios modificar las fotos de los anuncios el día martes y reemplazarlas por la imagen de un zapato de taco con el mensaje: “Ni una menos, basta de femicidios y violencias contra las trabajadoras sexuales”. La idea es replicar esa ilustración por 24 horas en los perfiles de WhatsApp, Telegram y redes sociales. 

“El objetivo es realizar acciones que visibilicen y concienticen que nuestras vidas valen, que las trabajadoras sexuales existimos, que necesitamos salir de la clandestinidad y tener un marco jurídico y derechos laborales”, concluyó Georgina.

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“Quizás tu bebé no nació muerto”: un rosarino apropiado denuncia a la partera Dolly

La causa se inició el 12 de noviembre de 2023 a partir de la denuncia de Roberto Fargioni, quien relató la sustitución de su identidad y su adopción ilegal. Un examen de ADN del año 2014 excluyó el vínculo de maternidad y paternidad con Nélida Leporatti y Roberto Nazareno Fargioni, quienes figuran en la partida de nacimiento como sus progenitores.

El acta de nacimiento 898 señala a Roberto como hijo de Leporatti y Fargioni con fecha 9 de septiembre de 1978 y la firma de Dolly Edith Viale, quien se desempeñó como obstetra en el Hospital Roque Sáenz Peña desde el 26 de agosto de 1964 hasta el 28 de febrero de 1992. La imputación establece que Viale insertó declaraciones sin correspondencia con la realidad en los documentos oficiales para suprimir la identidad del niño.

El expediente incorpora el testimonio de tres testigos, vecinas de la familia, quienes mencionaron la presencia del bebé sin haber visto a la mujer embarazada. Además, una de ellas señaló la amistad entre el apropiador y un médico ginecólogo, quien le comentó que el bebé había nacido en el Hospital Baigorria, que su madre biológica era una joven del norte, y que había sido entregado a la familia Fargioni. 

Se sumaron a la causa los elementos encontrados en un allanamiento realizado en el domicilio de Viale, en la calle Lamadrid 403, en el cual se secuestró un certificado de nacido vivo sin completar y un talonario de recetas con el sello de la Maternidad Roque Sáenz Peña. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reportó otras siete actas en duda con la firma de Viale.

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“De estos elementos de prueba analizados en su totalidad es posible inferir que Dolly Edith Viale, en su calidad de obstetra de una institución pública, tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y, en este caso, los utilizó para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos ya que tenía el conocimiento y la posibilidad material de falsificar un nacimiento, entregar dicho certificado a otras personas no gestantes y con su accionar, habría tornado incierta, alterada y suprimida la identidad del bebé recién nacido”, señala el fallo.

El magistrado ordenó el procesamiento de Viale como autora de los delitos previstos en los artículos 139, inciso 2, y 293, en función del artículo 292, del Código Penal y embargó los bienes de la partera.

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La principal hipótesis que manejan la querella y la Fiscalía apunta a una red de venta de bebés que operaba en Rosario, pero también en localidades vecinas, como Casilda y Cañada de Gómez. Además, estiman que habría más personas involucradas, como parteros y médicos. 

“El tema de la prueba documental es dificultoso dado que los registros del Sáenz Peña han sido destruidos por la Municipalidad en su momento. Estamos hablando de registros de hace 50 años. Vamos a reconstruir a partir de testimonios de las víctimas y de las personas cercanas a los hechos”, señaló Juan Singer, abogado querellante de dos de las víctimas.

Según la investigación, las parteras operaban en domicilios particulares y en algunas instituciones públicas. La modalidad se repetía: les decían a las madres que sus bebés habían nacido muertos para luego entregarlos a familias apropiadoras a cambio de una suma de dinero. 

El abogado señaló además que investigan la participación de mayor cantidad de personas. “Tenemos conocimiento de que participaron socias de Dolly y que siempre tenía parteros asociados. Tenía una clínica clandestina donde no solamente atendía ella o la hermana, sino también otras personas que fueron variando a lo largo del tiempo. Forma parte de la investigación y de los expedientes. En el caso de Roberto, por ejemplo, la persona que lo entregó era un médico ginecólogo”, aseguró Singer, quien advirtió que no existen registros en las instituciones públicas del personal a cargo para esas fechas. “Estamos investigando en localidades vecinas donde hay enfermeras vivas que han participado y las han visto trabajar tanto a Dolly como a Silvia. El mismo accionar que han tenido en Rosario lo han llevado a todos lados. Por los tipos de respuestas que han tenido las víctimas, era algo ensayado y reproducido hasta el cansancio. Es como una factoría; se han manejado como una empresa”. 

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En la mayoría de los casos, los padres de crianza de las víctimas fallecieron: “Antes de morir, les informaban a los hijos que eran adoptados, lo cual desencadenó las dudas junto con las firmas de Dolly o su hermana en la partida de nacimiento”. 

Con respecto a los padres biológicos, Singer señaló que hay varias hipótesis. En raras excepciones había familias que entregaban los bebés para la venta por una pequeña suma de dinero. “Lo que siempre se les decía era que habían nacido fallecidos o con muchas deformaciones, entonces los aislaban y no se los permitían ver a la madre. No les entregaban certificado de defunción ni el cuerpo del bebé. En un caso sí le entregaron un cuerpo, pero no coincidía con la edad biológica de un bebé recién nacido”, explicó el abogado, y aseguró que en las últimas semanas se sumaron consultas de madres en busca de sus hijos: “Se han quedado con la pregunta de qué pasó verdaderamente. Generó incertidumbre en el apropiado y en la madre biológica. Son los indicios que nos habilitan a la investigación penal”.

En la Justicia

Según explicó el abogado querellante, tanto a Dolly como a Silvia Viale les corresponden los delitos de alteración de los datos filiatorios y biológicos de una persona, y de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. 

En ambas causas, se pidieron prórrogas dada la complejidad y la cantidad de recursos que demanda la pesquisa. Como parte de la investigación, solicitaron exhumar los cuerpos de los apropiadores fallecidos para obtener muestras de ADN y cotejar con los denunciantes. Según señalaron, los resultados tienen una demora de entre 15 y 20 días, dependiendo de la técnica utilizada. 

“La defensa no quiere la prórroga de los tiempos para limitar la cantidad de casos que pueden ingresar y así disminuir las imputaciones. Eso repercute en la escala de condena aplicable a este caso”, señaló Singer y lamentó la falta de colaboración de las acusadas. “Deberían, en un acto de humildad, colaborar y participar. Seríamos mucho más benévolos en la pena solicitada. Además, sería una forma de pacificar y de enterrar este conflicto para que las víctimas puedan dedicarse a avanzar en su vida y poner un punto final pacífico”, agregó.

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En cuanto a la investigación, señaló que junto con la Fiscalía trabajan en dos sentidos: darle una respuesta penal a las personas que ocasionaron este daño, y tratar de obtener la mayor cantidad de información con respecto al origen biológico de las víctimas. “Ese es el delito más gravoso. Hay personas que no saben su verdadera fecha de nacimiento, si sus padres los esperan o si tienen hermanos. Es la violación máxima de la Constitución nacional. Hay un claro avasallamiento a los derechos individuales y personalísimos de las víctimas, que es conocer su origen biológico”, aseguró. 

En ese sentido, recordó que la postura de la Justicia es que los delitos endilgados son imprescriptibles: “Así lo argumentamos tanto la querella como la Fiscalía al inicio de la investigación, y la Justicia lo ratificó en primera instancia y luego en Cámara”.

El próximo miércoles 14, a las 10, tendrá lugar en los Tribunales de Oroño 940 una audiencia indagatoria a Dolly Viale, por la causa de Roberto, que tramita en el sistema procesal anterior. Singer estimó que se pedirán las mismas medidas de restricción solicitadas en el nuevo sistema. En tanto, por las denuncias que tramitan en el sistema nuevo, tanto la querella como la Fiscalía continúan con la recolección de pruebas y se espera que la causa se eleve a juicio. 

“Las víctimas no quieren una venganza; buscan el verdadero origen biológico. Vamos a movilizar todos los resortes de la Justicia hasta obtener ese resultado”, concluyó Singer, y recordó que cualquier persona que dude de su origen biológico o en cuya partida de nacimiento figuren estas personas puede dirigirse a la Fiscalía. 

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“Fue un año muy complejo tanto en lo personal como en relación con la asociación. No solo tuvo el impacto de estar en todos los medios, sino que hubo una repercusión muy grande en redes sociales con ataques y discursos de odio. El más extremo, que está denunciado, fue el de Presto, un comunicador que a través de un streaming, con la denuncia en la mano, terminó diciendo «¿Qué hay que hacer con estas tres hijas de puta? Hay que colgarlas en la plaza pública». Entonces, no es la denuncia y la desestimación, sino el relato de ataque que se instaló en términos personales y hacia la disciplina lo que tiene mayor gravedad”, dijo una de las profesionales denunciadas y agregó que recopilaron más de 60 mensajes con agresiones.

“Sabemos que los discursos de odio pueden generar actos de odio, lo cual hizo que tuviéramos que estar alertas y modificar hasta nuestra cotidianidad en relación con los cuidados. Atender cualquier situación que involucre una sospecha de abuso sexual de niños o niñas pasó a ser algo peligroso. Y eso tiene como consecuencia que esos niños y niñas no accedan a un espacio de salud mental; es gravísimo”, agregó.

La denuncia, que se conoció en marzo pasado, pero se remonta a septiembre de 2025, fue patrocinada por diez abogados de la ciudad de Rosario, en representación de siete hombres acusados de abuso sexual. El escrito apuntaba contra tres profesionales por la presunta conformación de asociación ilícita y emisión de informes falsos para evitar el contacto entre uno de los progenitores y sus hijos. 

“Fuimos convocadas por la Justicia para acompañar a los pacientes y realizar los informes que, además de ser una obligación, están construidos con un criterio profesional y una formación muy específica en relación con la temática. Los indicadores específicos e inespecíficos están estudiados y observados por la disciplina de la psicología con mucha profundidad y los autores que utilizamos son los de mayor referencia. Puede estar el mismo nombre del síndrome, lo que no significa que estemos copiando el informe”, aclaró la profesional sobre las acusaciones de supuestas coincidencias “llamativas” en los informes. 

Para la integrante de Aevas, la denuncia y el relato mediático forman parte del denominado backlash, un término en inglés que refiere a las contramarchas de las conquistas de derechos en el campo de violencias de género y de abuso sexual. “Todas las conquistas que hemos tenido a lo largo de los años han tenido esas contramarchas. Primero dijeron que los niños mienten, después que las madres mienten y ahora que las profesionales mienten. Pretenden que, de alguna manera, se desestime el informe y obtengan un beneficio sobre la causa particular de cada una de estas personas. No es nuevo. Hay colegas de muchos años que han tenido los mismos ataques, aunque nunca con este nivel de exposición. Lo que es nuevo es orquestar la maniobra del ataque a profesionales con lo mediático”, explicó y señaló que la Fiscalía investiga los dichos del comunicador Presto y que desde la Asociación denunciarán los ataques sufridos. 

“Lo que logran con este tipo de maniobras es generar miedo en las profesionales, condicionar la atención, el acceso a la salud mental de las niñas y los niños, y silenciar. Una forma de ir contra ese silencio que abona a la violencia es hacer las denuncias que correspondan”, agregó.

La profesional consideró que lo más grave son las consecuencias en la disciplina y señaló que hubo una merma de atención en casos vinculados con violencias o abusos. “Hoy la mayoría de las colegas no están tomando casos judicializados. Mantuvimos una reunión con el Colegio de Psicólogos para plantear la situación. No se puede trabajar pensando que si hacés un informe vas a tener que afrontar después este tipo de riesgo”, señaló y destacó el acompañamiento de los colectivos de profesionales de todo el país. 

Desestimación

Las fiscales Guillermina Aiello, Bárbara Glikman y Guillermina Torno resolvieron desestimar la denuncia por insuficiencia de elementos serios, precisos y verosímiles para continuar fundadamente una investigación penal. 

Entre los argumentos, señalaron que las profesionales “abordan un campo específico y es frecuente que un grupo reducido de profesionales esté especializado en una materia muy concreta” y que “la confección de dichos informes constituye una tarea propia de la labor de las psicólogas, la cual, por lógica, debe ser remunerada”. 

Mencionan que “si bien los informes no parten de una tarea pericial, sino clínica, lo denunciado constituye un desconocimiento de las condiciones de los informes desde la idoneidad del testigo experto psicólogo”, y que “debe considerarse que hay expresiones que se correspondan con indicadores específicos e inespecíficos de abuso sexual en la infancia: los niños y niñas pueden no verbalizar los hechos de forma directa e inmediata”. 

La Fiscalía descartó que hubiera «copias» o «identidad» entre los informes presentados: “Los indicadores reconocidos por todas/os las/os autores especializados en la materia remiten a las recurrencias en el marco de determinadas afectaciones. No dista de la tarea de los signos y/o síntomas en otras disciplinas científicas la coincidencia en uno u otro caso (…) Más que una copia textual de frases, se trata de indicadores que pueden ser observados por las personas expertas en la materia”.

“Equiparar el disenso profesional o el diagnóstico erróneo al dolo penal vulnera el principio de legalidad, y en el supuesto caso de posible existencia de «mala praxis», ello debe sustanciarse ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos”, agregaron las fiscales y, en ese sentido, descartaron que exista “evidencia alguna para sostener que las profesionales cuestionadas deliberadamente hayan distorsionado lo informado oportunamente”.  

Intimidación e impunidad

Desde Aevas emitieron un comunicado en el que celebran la resolución y aseguraron que el proceso penal fue utilizado como una “estrategia de intimidación y de impunidad”.

“Luego de un año de investigación, quedó al descubierto una vil maniobra de ataques hacia quienes a diario trabajan en la asistencia a niñas y niños víctimas de abusos sexuales”, señalaron y destacaron que el fallo afirmó que “(…) la intervención clínica de las profesionales se ajustó estrictamente a los estándares de contención y escucha activa, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las infancias, en un todo de acuerdo con el principio del interés superior del niño”. 

Desde la organización subrayaron que “de manera inédita se unieron en septiembre de 2025 los abogados Juan Lewis, Viviana Cosentino, Ramiro Cóso, Carina Lurati, Froilán Ravena, Renzo Biga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Adriana Torchio, para pergeñar la maniobra” con el objetivo de lograr una mejora procesal de los denunciados, disuadir a profesionales en la asistencia de víctimas y perjudicar a las madres “que son diariamente agredidas por proteger a sus hijas/os”.

Además, indicaron que el fallo “permite comprobar que se desmanteló una estrategia de intimidación y de utilización del sistema penal para lograr impunidad” y, por último, reafirmaron el “compromiso en la lucha contra las violencias de género y abusos sexuales”. 

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Cuando estaba en la primaria, a Roberto le llamaba la atención que sus padres fueran mayores que los de sus compañeros. Pidió fotos de su mamá embarazada pero no encontró: primero le dijeron que no era común sacarse fotos en esa época y luego que las habían tirado por error. 

Cursando Historia Argentina en la Facultad, relacionó los años de la última dictadura cívico militar con las dudas sobre su nacimiento. Volvió a preguntarles a sus padres, quienes le hablaron de un supuesto tratamiento de fertilidad que explicaba la edad avanzada de ellos. 

“El abuelo de mi novia tenía la edad de mis viejos, me faltaba una generación en el medio. Entonces ahí también hubo una sospecha”, contó. 

En 2014, Roberto y su pareja planearon mudarse a Uruguay. En una sesión de terapia, él hizo un ejercicio de constelación familiar donde apareció un indicio. “La terapeuta hizo un movimiento de mi ficha que atravesó las dos fichas de mis padres, dejándolas enfrente. Después lo entendí: yo iba atrás de su historia”, recordó.

Cuando regresó de Uruguay continuó la búsqueda. A los 36 años decidió hacerse un ADN y, con una excusa, tomó una muestra de saliva de sus padres. El resultado llegó para Navidad: negativo. Roberto esperó y los confrontó al año siguiente. Su padre negó todo. Pero su madre decidió hablar: “Vos querés saber, yo te voy a contar”, le dijo. 

Según el relato, los padres de crianza eran de Pujato. Ella había quedado embarazada apenas se casaron y decidieron practicar un aborto porque eran muy jóvenes. Desde entonces no pudo volver a gestar. La pareja se mudó a Rosario y después del Mundial 78, la mujer sintió el deseo de ser madre. Visitaron a una partera de Arroyito, quien la derivó con Dolly. Le pidieron un bebé rubio. Dolly les dijo que se lo iba a conseguir. En septiembre de 1978, recibieron un llamado en la casa de una vecina: “Ya tengo el paquete”. Salieron desde Arroyito hacia zona sur. En un cajón de manzanas pusieron unos almohadones y subieron el bebé al baúl del auto. Mientras dormía, cruzaron la ciudad evitando controles militares. 

«Para ella los bebés eran un número y un signo pesos», dijo la hija apropiada de la obstetra acusada

“Mis padres de crianza tenían una heladería en Arroyito. De golpe llegó un niño rubio al barrio. Ninguno de mis vecinos ni amigos jamás me había dicho nada. Después de que yo publiqué mi historia, me llegaron mensajes de que mucha gente conocía de mi apropiación, porque mi mamá nunca estuvo embarazada. Según me dijo una vecina, yo habría nacido en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria”, contó. 

La madre de crianza falleció en 2016 y el padre, tres años después. “Desde que supe la verdad la relación cambió, pero seguí cuidándolos hasta sus últimos días. Ahora estoy armando un camino de genealogía para conocer algo de mi familia biológica pero aún estoy lejos del resultado”, contó.

Por la época, Roberto se hizo análisis en Abuelas, pero los resultados fueron negativos. En 2022 decidió hacerse el ADN ancestral, pero los parentescos fueron lejanos. Entonces decidió publicar su historia en Facebook. Googleó el nombre de la partera y dio con un grupo de WhatsApp integrado por personas que tenían una experiencia similar. 

En la Secretaría de Derechos Humanos le sugirieron ir a la Justicia para continuar con la búsqueda. En noviembre de 2023 hizo la denuncia de forma online y en abril de 2024 viajó desde Pinamar, donde vive en la actualidad, a Rosario. Le avisaron que la causa sería derivada a la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo del juez Marcelo Bailaque, quien renunció a mediados de 2025. 

“La causa cayó en un limbo judicial porque hubo un cambio en el sistema y mi denuncia quedó como en un área de transición, entonces no avanzaba. Otros integrantes del grupo se presentaron como testigos y en febrero allanaron el domicilio de Dolly. La Fiscalía pidió la indagatoria, pero el juez reemplazante, Carlos Vera Barros, envió la causa a la Cámara de Apelaciones donde continúa a la espera de una resolución”, señaló.

Las otras víctimas sumaron su denuncia en una nueva causa, a cargo de la fiscal federal Soledad García. 

“Separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero”: imputan en Rosario a una partera de 88 años por la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

“Fue difícil tomar la decisión de denunciar porque no había respuestas, pero la partera sigue viva. Cuando se sumó la hija apropiada por ella, convenció al resto para que también denunciara. Queríamos llegar a esta instancia judicial para que escucharan a un grupo de personas que están buscando su identidad y que, muchas veces, se encontraron con las puertas cerradas, con malos tratos o con experiencias que no fueron buenas. Me siento acompañado por un montón de personas que me dan aliento. Contar mi historia es fuerte, pero logramos la imputación de la partera”, aseguró.

Este martes habrá una nueva audiencia tras el pedido de prescripción de la causa por parte de la defensa, que ya fue negado en la audiencia imputativa.

“Pido que las madres y padres que hayan tenido alguna situación irregular en el parto o a quienes les hayan dicho que el bebé nació muerto, salgan a buscarlo. Quizás ese bebé no estaba muerto y es alguno de nosotros que los estamos buscando”, concluyó.

La entrada “Quizás tu bebé no nació muerto”: un rosarino apropiado denuncia a la partera Dolly se publicó primero en El Ciudadano.

En su segundo libro, que presentó en Rosario este jueves 17 en el marco del Festival Nación Trava, la referente de Ammar habla sobre la violencia policial a la que están expuestas las trabajadoras en los llamados operativos de seguridad, el narcomenudeo como alternativa de subsistencia frente a la crisis, el aumento de los precios de alquileres, los brotes de tuberculosis y una pobreza estructural que muchas veces ignora los riesgos y que incluso puede terminar en femicidios y travesticidios. 

“Se rompió el tejido social”, repite una y otra vez para referirse a un escenario cada vez más complejo. Frente a este contexto, responsabiliza al Estado y a los sindicatos, y ubica a la organización política colectiva como la principal trinchera de resistencia.

—¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

—Es el segundo libro que escribo. Es una nueva propuesta que me hizo la editorial Penguin para darle continuidad y visibilizar las problemáticas, los conflictos y las situaciones que atravesamos las personas que ejercemos el trabajo sexual. Hay una decisión política y colectiva de poder poner en valor lo que construimos en el barrio de Constitución, lo que sucede alrededor de la Casa Roja. El segundo libro, «Vidas de putas, calle, sexo y mentiritas», está situado en el barrio de Constitución. Todas las crónicas tienen que ver con lo que nosotras vivimos a diario y con situaciones que hemos atravesado en Constitución, en la Casa Roja, en conflicto con la Policía y con los vecinos, pero también en solidaridad entre compañeras. 

—¿Cómo te encontraste con la escritura en un primer momento? 

—No me considero escritora, me incomoda mucho esa palabra y la categoría. Soy una trabajadora sexual o una prostituta a la que le gusta escribir. Y me encuentro en situaciones muy limitadas en cuanto a la escritura. No tengo tiempo. Mi tiempo está dedicado a la militancia política. Esa es la prioridad. No tengo computadora, entonces la pido prestada a la organización. Tampoco está dentro de mis deseos comprarla. El tiempo de alguien que eligió la militancia política es limitado en cuanto a la escritura, yo no me puedo ajustar al tiempo que la editorial impone y ellos lo contemplan. Todo lo que nosotras ponemos en la Casita y en el libro es parte de una construcción colectiva que lleva tiempo, para lo que tenemos que tener mucha paciencia. Todo lo que está en el libro sucedió porque hay una decisión que es poder gestar la Casa Roja.

—¿Por qué situarlo ahí? ¿Cuál es la importancia de reflejar estas historias?

—El primer libro, «Puta feminista», fue pensado como un libro que dialogue con los feminismos. Necesitábamos una herramienta que ponga en diálogo otra perspectiva, que no sea la abolicionista, victimizante y punitiva de la prostitución. Este nuevo libro va a intentar deconstruir un montón de narrativas victimizantes, el imaginario social y estereotipado que hay con respecto a nuestra vida, generando una perspectiva desde el derecho laboral, sindical y desde la organización colectiva. La propuesta se gestó cuando le conté a mi editora cosas que estaban sucediendo en el barrio de Constitución, que tienen que ver con el contexto de país que estamos transitando. Hoy ya no queremos escribir para dialogar con los feminismos. Ammar, que tiene 31 años, ha hecho su propio camino y el libro es corrernos de esa discusión histórica y teórica sobre trabajo sexual sí o no, para decir: Ahora, en este contexto las trabajadoras sexuales no van presas por la ley de trata o por un código contravencional de prostitución callejera, van presas por la ley de drogas; ahora, la mayoría de las trabajadoras sexuales para pagar el alquiler de las habitaciones están haciendo narcomenudeo en la calle. ¿Qué tiene para decir el feminismo con respecto a eso? Nosotras tenemos para contar las discusiones dentro de nuestro sindicato en cuanto a qué hacemos con las compañeras que están procesadas por el delito de drogas, que están detenidas en condiciones de hacinamiento y violencia. ¿Qué hacemos con los conflictos de los vecinos que ahora nos dicen: “Yo no quiero que se vayan las putas, quiero que se vayan las que venden droga”? Eso también genera conflictividad entre las mismas compañeras, porque están las que dicen: “Esto era una zona de trabajo sexual y ahora ustedes trajeron una zona de los trans”. En los operativos policiales te dicen que no van a aplicar el código contravencional de prostitución ostensible en el espacio público, sino que es un operativo de saturación en la lucha contra el narcotráfico. Pero eso se lleva puesto todo: a los vendedores ambulantes, a los manteros, a las trabajadoras sexuales, a las compañeras del colectivo travesti trans, a los colectivos migrantes. Como organización reconfiguramos internamente los modos de asistencia y de intervención. Este conflicto aparece no solamente en Constitución, también en Rosario, en San Juan, en Salta, en Mar del Plata, en La Plata, en la ruta 4. Cada vez va implosionando más hacia dentro y nosotras como organización tenemos que tener un posicionamiento político, un pensamiento crítico y una asistencia para las compañeras.

—¿Cómo viven los operativos policiales? 

—Los conflictos con los que nos encontramos tienen que ver con violencia institucional y narcomenudeo. En la mayoría de situaciones de violencia, la Policía se respalda en la lucha contra el narcotráfico. Somos muy cuidadosas al hablar de narcotráfico porque lo que vemos en la zona de trabajo sexual no es narcotráfico, es narcomenudeo. Hay una diferencia. No son mafias criminales que se organizan. Vemos el narcomenudeo como un modo de subsistencia de compañeras que están muy rotas, totalmente por fuera del sistema, que hacen lo que pueden con lo que tienen a su alcance y, muchas veces, eso no es la asistencia a una ventanilla por parte del Estado. Lo que tienen a su alcance son estrategias de supervivencia que rozan con lo delictivo, con actividades ilícitas, pero que les dan una suma de dinero para sobrevivir pagando el alquiler y comiendo. No vemos compañeras que se enriquecen, que tienen un iPhone, que andan en 4×4. Vemos a compañeras pobres que siguen viviendo en los mismos lugares desde hace 4 años, con la diferencia de que antes el alquiler de una habitación de un hotel salía 16.000 pesos y hoy millón de pesos. No hay asistencia ni programa social que pueda sostener y contener la realidad de esas compañeras.

—¿Esta problemática se incrementó en el último tiempo? 

—Solamente en el barrio de Constitución, hace 3 años teníamos entre una y tres detenciones por semana. Ahora hay detenciones todos los días. Hay semanas en las que nos encontramos con 10 compañeras detenidas, por ejemplo, en alcaidías y comisarías. Antes los operativos eran muy esporádicos. Hoy hay operativos de saturación todos los días en hora pico. Un lunes a las 5 de la tarde arman un operativo de saturación, con todo el barrio cerrado y todas las compañeras, aunque hayan salido a comprar, aunque estuvieran paseando el perro o habitando el barrio en donde también viven, se encuentran contra la pared siendo desnudadas en el espacio público y haciendo flexiones, porque la Policía busca envoltorios en el cuerpo de las personas. Te requisan en el espacio público, te piden que abras la boca, que te sueltes el pelo, que te bajes el jean o te subas la pollera, te hacen el tacto con guantes para ver si hay envoltorios guardados en tus genitales. Si no encuentran nada, te piden que te retires del lugar. Toda esa violencia, ese trato vejatorio, es naturalizado y legitimado por el proyecto de seguridad social y de la ciudadanía que plantea el gobierno nacional y que también lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

—¿Cómo vienen trabajando desde el sindicato en ese sentido?

—Con una formación interna en alfabetización judicial. Para nosotras es muy importante entender el lenguaje jurídico, el Poder Judicial tiene un lenguaje que no es el que manejamos los pobres. Nos formarnos sobre qué significa una probation y cuáles son las organizaciones a las que podés ir a cumplirla, diferenciar qué es la Fiscalía, qué es el Juzgado y cuál es el rol de la Defensoría. Buscamos una estrategia colectiva para generar confianza con el defensor y contarle verdaderamente lo que sucedió. También hacemos hincapié en una conciencia social y colectiva entre todas: si paso por la calle y veo una compañera contra la pared, no es necesario arriesgarse, pero sí avisar en el grupo de WhatsApp para que desde la organización podamos identificar a la compañera, avisar a la defensoría, ver su situación procesal y brindarle acompañamiento.

—¿Cómo ves a la Justicia en relación con las perspectivas de género en este último tiempo?

—La Justicia tiene una perspectiva de clase que está muy alejada de poder entender e interpretar los modos de supervivencia que tienen los sectores populares y la ruptura del tejido social.

—¿Cómo impactaron los recortes en políticas públicas a nivel nacional? 

—No ha existido nunca una política pública dirigida a las trabajadoras sexuales. Cuando una compañera denunciaba violencia de género nos apoyábamos en el Programa Acompañar. El problema era que tardaba muchísimo en salir, duraba 6 meses y no se podía volver a pedir. Además, era incompatible, por ejemplo, con el Programa Potenciar Trabajo. Después de los 6 meses volvíamos a tener a la misma compañera con el mismo problema, golpeándonos otra vez la puerta de la Casa Roja. Nosotras no estábamos en el diseño de esa política pública y sí éramos las que teníamos que poner la cara frente a las compañeras. Somos muy críticas con respecto al Estado. Yo no voy a defender a un Estado ineficiente, blanco, colonialista, racista, que ha llegado siempre tarde, que no resuelve, que hizo siempre políticas de maquillaje o de parche. Vamos a defender a quienes estén dispuestos a discutir la construcción de un nuevo Estado, porque el que tenemos no sirve, y el que teníamos tampoco. Estamos dispuestas a discutir qué Estado necesitamos los sectores populares.

El problema del narcomenudeo lo tiene que resolver la política. El Poder Judicial va a meter a todas las compañeras presas. Queremos anteponer a la solución del derecho penal la justicia social. Esto se tiene que resolver con otro tipo de intervención estatal que no sea la cárcel, el calabozo y el castigo. Se tiene que resolver con reparación, con vivienda, con acceso a la salud, con obra social, con jubilación, con crédito, con justicia social. La política lo tiene que resolver desde la incomodidad, transitando la conflictividad, reconociendo la ruptura del tejido social. Para eso hacemos política, para que la militancia tenga un diagnóstico propio, que no sea diagnóstico técnico de los economistas y de los intelectuales, y que haya una escucha a lo que esté sucediendo abajo. 

—¿Cuáles son las mayores demandas que llegan a la organización?

—Las mayores demandas tienen que ver con la cuestión habitacional. Muchas compañeras se encuentran en situación de calle. Otras viven el día a día: si hoy no tienen los 50.000 pesos que cuesta alquilar una habitación en una pensión, duermen en la calle o deambulan en el espacio público, con todo lo que genera la presencia de las trabajadoras sexuales en este contexto, atravesando operativos de saturación, violencia de la policía, denuncia permanente de los vecinos. 

El consumo problemático es algo que en los últimos años se agravó muchísimo, no solo en nuestros sectores, lo vemos con compañeros en situación de calle, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con pibes y pibas muy jóvenes. También genera conflicto en las zonas de trabajo sexual y en la zona donde vivimos las trabajadoras sexuales. 

También hay un crecimiento muy importante de tuberculosis. Lo veníamos diciendo inclusive en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Hemos intentado generar alguna estrategia de asistencia con el Ministerio de Salud, pero ellos nos ponían un camión en la Plaza Garay, con el estigma que genera. Las compañeras no van a hacer público su diagnóstico de tuberculosis porque es quedarse sin lugar para vivir ya que comparten el baño y la cocina con otras personas. Las compañeras llegan al sistema de salud cuando el diagnóstico está muy avanzado porque la salud no es una prioridad. La prioridad es trabajar, tener plata, pagar el alquiler y tener para comer. Esas son las ineficiencias que encontramos en el Estado. Si la compañera necesita estar internada y tener un tratamiento de 3 a 6 meses hay que pensar cómo el Estado va a asistir para que tenga dinero suficiente, pueda seguir pagando su habitación y no pierda ni su lugar ni sus pertenencias. 

—¿Notaron un aumento en las personas en situación de calle? 

—Las compañeras que están en situación de calle, por lo menos las que pertenecen a nuestro sector, aumentaron. Nos encontramos con distintas situaciones. Hay compañeras a quienes, por su situación económica y de precariedad, les conviene pagar día a día un hotel. El tema es que, por ejemplo, un día tienen 50.000 pesos, pero si al día siguiente no los tienen, no las dejan entrar. Entonces, están en la calle o en la plaza. Hay otras compañeras que viven actualmente en ranchada, bajo la autopista, denunciando situaciones de violencia por parte de agentes del espacio público que a las 3 de la mañana las echan, les levantan todo, les tiran agua con cloro, y andan con un cartón intentando dormir bajo la fachada de algún edificio, con el conflicto que eso genera con los vecinos que llaman a la Policía. También nos encontramos con un montón de edificios que están poniendo rejas, porque no quieren que la gente en situación de calle use parte de su techito para dormir.

—¿Cómo analizás el aumento de femicidios y de transfemicidios? 

—Hace poco tuvimos una situación de un travesticidio. En un hotel en el barrio de Constitución la compañera Rachel fue encontrada muerta en un contexto dudoso. Estaba con dos jóvenes, de 19 y 25 años, en una situación de consumo, violencia y robo. Rachel nunca consumía. Había conocido a un chico de la calle, lo llevó a su hotel, él llevó a un amigo y empezó una secuencia de alcohol con mezcla de drogas para robarle a la compañera. Ella empezó a ponerse violenta para defenderse y los vecinos llamaron a la Policía que, en vez de aplicar un protocolo de salud mental, porque la compañera estaba bajo el efecto del alcohol y de la droga, ejerció más violencia. La redujeron boca abajo, le pusieron precintos en los pies y en las manos. Rachel tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Para las activistas fue travesticidio porque los pibes la mataron. Pero eso también habla de la ruptura del tejido social: dos pibes que le dan alcohol y droga a la compañera para robarle. Todo está atravesado por la precariedad y la conflictividad. La Policía intervino de manera violenta y punitiva y agravó el conflicto dejando a una compañera muerta. La pregunta nuestra es qué hubiera pasado si la Policía hubiese actuado de otra manera. 

En Rosario, por ejemplo, otra compañera también fue víctima de femicidio cuando fue a dar un servicio. No suelen dar servicios a domicilios particulares por seguridad, pero esta compañera había decidido ir porque el departamento quedaba a una cuadra y porque no habían tenido trabajo ese fin de semana. Ahora es una víctima más de femicidio que se arriesgó por su situación de pobreza estructural. 

Otra problemática que también llega a nuestra organización son las llamadas viudas negras: pibas muy jóvenes que hacen uso de su capital erótico y de su belleza. Hay todo un emprendedurismo en cuanto a cómo encantan a los señores, a los que después terminan robándoles bajo los efectos de la sustancia y el alcohol, por una necesidad. No evalúan que van a hoteles o a domicilios particulares donde hay cámaras. En la desesperación de tener dinero está el riesgo de estar presa 4 o 5 años. Nos responden que no quieren ir a un shopping a trabajar por 20.000 pesos. 

El tema sigue siendo la pobreza estructural. Hay un deseo de materialidad y de necesidad de cierta cantidad de dinero que posibilite ese sueño y ese proyecto de ascenso social. Por eso está tan rota la sociedad. Los valores cambiaron, los modos de subsistencia también y el Estado está lejísimo de poder entender e interpretarlos. Ni hablar de la política partidaria tradicional que está viendo las elecciones de 2027, cuando hay una compañera picando ibuprofeno, otra bajando la aplicación de Tinder, otro pibe manejando un Uber 18 horas por día, otra que da clases en una escuela primaria y a la noche sube contenido en plataformas digitales como OnlyFans porque el ingreso de su trabajo registrado no le alcanza. Esa es la sociedad que tenemos ahora.

—¿Cómo evaluás el incremento de trabajo en plataformas y cómo lo analizás en función de la falta de regulación y derechos?

—Hay una construcción de un relato sobre los deseos de los sujetos actuales de esta sociedad de imponernos una lógica liberal de que vos podés ser tu propia jefa: no necesitás salir de tu casa, subirte a un colectivo, ir a trabajar 12 horas y ser explotada por un salario que no te alcanza, sino que lo único que necesitás es tu cuerpo, un teléfono celular, un aro de luz y vas a empezar a recibir dólares. Hay un borramiento a la idea de trabajo. Las compañeras que ejercen trabajos sexuales en plataformas digitales tienen una carga horaria igual que una jornada laboral. No es que me saco una foto y listo. Se han tenido que formar para entender la lógica de vender contenido erótico o ser creadoras de contenido. Tenés que responder al algoritmo, entonces no estás siendo tu propia jefa, sino que el sistema está imponiendo cuál es el modo en el que tenés que subir o crear tu contenido. 

También existe el acoso virtual. Muchas creen que como no hay contacto con el cliente, no hay riesgo. Y sí lo hay. Te pueden robar tu contenido y subirlo a una página de pornografía gratuita. ¿Dónde denuncia la compañera? Además, hay un montón de compañeras que han sufrido acosos virtuales por parte de clientes. Como organización tuvimos que entender el nuevo lenguaje para ejercer trabajo sexual. Muchas de ellas no se consideran trabajadoras sexuales, sino que se consideran influencers, creadoras de contenido, modelos webcam. El lenguaje que utilizan tiene que ver con un lenguaje impuesto por las propias plataformas digitales. Nosotras a las personas que demandan nuestro servicio las llamamos clientes. Ellas los llaman fans. Genera un borramiento de una relación laboral. No son tus fans, no es gente que te adora. Son personas que pagan por un servicio que vos le estás ofreciendo. Si vos los llamás fans, hay un borramiento a la idea de trabajo y de relación laboral. Cuando un fan te acosa en las redes sociales personales, ¿dónde vas a denunciar? ¿Qué dispositivo te van a dar? ¿Un botón antipánico? ¿Una perimetral? ¿De qué manera el Estado va a proteger la integridad de una compañera que es creadora de contenido y a quien un fan la está acosando en su domicilio? Es necesario un Estado que entienda estos nuevos modos de trabajo y estos lenguajes. 

—¿Qué rol ocupan los sindicatos?

—Sí, el Estado y también el sindicalismo. Cuando presentamos el informe sobre trabajo sexual en plataformas digitales contamos en una mesa nacional de la central de trabajadoras y trabajadores que había muchas afiliadas del sindicato de comercio, de gastronómicos y de la docencia haciendo trabajo sexual en OnlyFans. Este nuevo sujeto que aparece como trabajadora sexual virtual está dentro de sus ámbitos. No es una piba que está en su casa y que votó a Milei, es afiliada a su sindicato, tiene un trabajo registrado, es universitaria. No es la mujer pobre a la que no le quedó otra. ¿Cómo van a acompañar desde su lugar? Nosotras podemos acompañar desde el sindicato Ammar, pero ellos tienen compañeras que están sufriendo acoso virtual o que no están pudiendo cobrar en dólares por la política de comercio exterior, y tienen muchísima más espalda como sindicato para poder resolver. Tienen que habilitar la escucha, reconocer que hay compañeras docentes que para llegar a fin de mes están haciendo OnlyFans.

—En tus dos libros aparece la palabra «puta» como parte de tu identidad y de una reivindicación, ¿cuál es la importancia que le das al lenguaje?

—Para nosotras todo lenguaje es político: el modo en que nos queremos presentar, en que planteamos nuestras reivindicaciones, el lenguaje propio que utilizamos, inclusive como estrategia de cuidado frente a la Policía. Nos hemos reconciliado con algunas categorías como la palabra puta o prostituta. Entendimos por qué mucha gente sigue utilizando esas palabras como insulto, con carga peyorativa y negativa, porque para algunos sectores sigue siendo una palabra tabú que tiene un componente de humillación. Cuando le preguntamos a otras personas de nuestro ámbito: ¿qué sentís cuando te dicen puta? ¿En qué momento te dijeron puta? Nos dicen que puta es humillarte. Ahí está la clave de por qué es importante la militancia. La militancia del lenguaje, de lo territorial, de lo político, de tener pensamiento crítico. Si a una compañera de otro ámbito le dijeron puta y lo primero que sintió fue que la estaban humillando es porque a las putas se las sigue humillando en esta sociedad. Inclusive en la política. ¿Cuántas veces fuimos a la ventanilla del Estado y tuvimos que humillarnos para que nos dieran un programa social? Por ser putas y por ser pobres. ¿O cuántas veces fuimos a una asamblea feminista y nos intentaron hacer sentir vergüenza de que el trabajo sexual no era trabajo, sino que lo más reivindicativo y revolucionario era pedir una máquina de coser para dejar de ser humilladas por un hombre en el sistema prostituario? Todo el tiempo ronda la idea de que por ser puta el único lugar posible es la humillación. En el libro era importante que la palabra puta vuelva a estar porque es nuestra identidad. Las vidas de las putas son estas: son vidas rotas, precarias, pero también alegres. Son vidas que se encuentran en un velorio rezando, comiendo y contando anécdotas de la compañera que murió por tuberculosis. Pero estamos ahí. Todas juntas. Organizadas, velándola, inclusive en la Casa Roja. Te vamos a contar cuántas compañeras que han tenido tuberculosis murieron por la ineficiencia del Estado. Lo mismo con las compañeras víctimas de travesticidio y femicidios. No te vamos a contar en números. Para nosotras esas compañeras tienen nombres, historias, tenían sueños y deseos. Eran nuestras amigas y compañeras. Y «Vidas de putas» es un poco eso.

—El libro se va a presentar en Rosario en el marco del Festival Trava… 

—Sí, va a ser el jueves 17 en el marco de la cuarta edición de Nación Trava. Ya estuve participando el año pasado. Me invitaron las compañeras de Capra a un conversatorio con la compañera Milla Vargas en un recorrido desde las primeras marchas del orgullo hasta la actualidad. A principios de año volví a Rosario, invitada para dar una charla en la Facultad de Psicología, en el marco de los 50 años del golpe cívico militar. Hablamos sobre la situación de precariedad y de conflictividad permanente con el derecho penal y la falta de respuesta estatal. A partir de esa charla, las compañeras de Nación Trava nos invitaron a hablar de lo que nos está pasando como colectivo, quiénes son nuestros aliados en este contexto y qué estrategias vamos a tener. Por eso decidimos presentar el libro en la cuarta edición Trava.

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“Siento que hay una luz en el camino de la Justicia. Volví a creer que se puede, porque para mí es una carga extra, por haber sido criada por esta mujer. Es una mochila muy grande y significa revolver mi historia todo el tiempo”, contó Silvina, hija adoptiva de Dolly, la partera de 88 años acusada de entregar bebés a cambio de dinero. 

Silvina tenía sospechas sobre su identidad, pero recién a los 15 años se enteró de que era adoptada. Ese día, había vuelto enojada de la escuela porque sus padres no la dejaban ir a un festejo de cumpleaños. Llegó y subió a su habitación sin almorzar. Dolly, su madre, la siguió y le confesó parte de la verdad: que no había estado en su vientre. Le pidió que guardara el secreto, incluso con sus hermanos más chicos que sí eran hijos biológicos de la mujer. Silvina sintió que la tierra se abría en dos y no sabía de qué lado estar. “Esa es la falta de identidad. Sentí que no sabía quién era en ese momento”, recordó.  

La confesión llegó de la mano del regreso de la democracia. La familia vivía frente al ex Batallón 121 y Silvina recuerda que su madre, médica obstetra, asistía partos de detenidas a pedido de militares, algunos dentro del predio y otros en su propia casa. Pero nada de esto tenía que ver con su historia personal. 

De adolescente, recorrió varios organismos de Derechos Humanos para conocer su identidad. Viajó a Buenos Aires a visitar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero todas las pruebas dieron negativo. “Me queda pendiente hacerme el ADN ancestral, pero decidí que es la familia que me tocó y que nadie me buscó”, contó. 

Silvina recuerda que la relación con su madre adoptiva siempre fue conflictiva. “Nunca me sentí acompañada en la búsqueda de mi identidad. Era una época en la que nadie hablaba. Mi adolescencia fue solitaria, solía pasar mucho tiempo en la casa de amigas. Ella siempre se dedicó a hacerme la vida en cuadritos, poniéndome trabas, acusándome de todo, a mí y a mis hermanos. Nos faltó amor de su parte, que sí nos dio mi padre”, recordó. 

El padre adoptivo murió en 2006. Según contó Silvina, la mujer puso un testaferro para no dividir la herencia y un año después la denunció. “Dijo que yo la quería matar. Yo tenía a mi hijo de 2 años y vivíamos en su casa. Un día volvíamos del teatro y no nos dejó entrar. A partir de ese momento, nos fuimos”, contó. 

“Separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero”: imputan en Rosario a una partera de 88 años por la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Silvina tenía 38 años cuando se enteró de que no había sido adoptada, sino apropiada por la mujer que la crió. Tras la denuncia, visitó a un abogado, quien descubrió que en la partida de nacimiento ella figuraba como hija biológica de la pareja, cuando no lo era. “El juez la quiso detener por privación ilegítima de la identidad, pero me opuse. Mi intención era que me dejara tranquila y me diera lo que me correspondía de mi papá”, señaló.

Silvina asegura que la mujer nunca quiso hablar con ella del tema: “Una sola vez, hace unos años, me contó que le había dicho al marido que había una nena que no tenía familia, que estaba sola en la vida y enferma, a lo que él le respondió: «Traela que la vamos a curar». Es todo lo que me dijo”. 

En 2022, dos mujeres la contactaron. Habían sido apropiadas bajo una partida de nacimiento falsa firmada por Dolly. Armaron un grupo al que luego se sumaron nuevas víctimas de privación de la identidad. “Me encontraron a mí. Siempre les atendí y les presté mi testimonio. Les conté que para Dolly eran un número y un signo pesos. Ella no tenía una libretita donde anotaba quiénes eran los padres biológicos de cada uno porque era un trabajo ilegal, un delito que no iba a estar registrado en ningún lado”, contó. 

Recién en 2024 una de las víctimas se animó a denunciar. La causa permaneció frenada durante un año y en 2025 se reactivó la investigación. 

“Ella firmaba las partidas de nacimiento y se las entregaba a la familia que compraba esa criatura como si fuese hijo o hija biológica. Eso es lo que ella tiene que explicar. También está involucrada una familiar suya”, señaló Silvina.

Según dijo, casi todas las víctimas tienen cerca de 50 años. Viven en diferentes ciudades y países: Rosario, Bigand, Arroyo Seco, Bariloche, Pinamar y hasta en Estados Unidos. Muchas nacieron en el Hospital Roque Sáenz Peña, pero otras en clínicas privadas. Todos los partos fueron asistidos por Dolly. En la actualidad hay 8 denuncias formales, pero estiman que hay cerca de 30 casos en situaciones similares. “Queremos difundir para que se siga sumando gente. Creemos que van a aparecer muchas más personas que la denuncien”, aseguró.

La causa

En febrero, la Justicia allanó la casa de Dolly, quien en la actualidad tiene 88 años, y encontró un certificado de nacido vivo en blanco rotulado con el logo del hospital Roque Sáenz Peña. Este miércoles 16 tuvo lugar una audiencia imputativa en los Tribunales Federales, en la que se la acusó del delito de supresión de identidad más falsificación ideológica, que tiene una pena mínima de 3 años por un solo hecho, aunque desde Fiscalía señalan que podría haber más. 

Investigan la apropiación de bebés hace 50 años en el Hospital Roque Sáenz Peña

La hipótesis de la Fiscalía es que la mujer, desde el año 68 al año 80, “ante diferentes circunstancias de algunas mujeres embarazadas, ofrecía esos bebés, pero por un monto de dinero, y los entregó a otras personas”. Además, a pedido de la Fiscalía se autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada.

La fiscal federal Soledad García, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”.

“Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal que afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal.

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Según contó a El Ciudadano Julieta Navone, abogada de la mujer junto con Vanesa Vargas, el progenitor incumple dos órdenes judiciales: una prohibición de acercamiento con el niño y su restitución a la madre. Las resoluciones fueron tomadas por el juzgado de San Nicolás, luego de una serie de pericias al progenitor que determinaron que él no está apto para ejercer el rol paterno. Por el impedimento de contacto y el incumplimiento a la orden de restitución se tramita además, en San Nicolás, un juicio penal. 

Pese a las resoluciones, y con el juicio iniciado, el hombre se mudó con el niño a Rosario, quien desde hace un año y medio no tiene contacto con la madre. 

En una audiencia solicitada por el Juzgado este martes 15, la mamá se acercó a la puerta de ingreso del Tribunal. Cuando vio llegar a su hijo, lo llamó para saludarlo, pero el progenitor impidió el encuentro y avisó a la Policía con la excusa de una falsa prohibición de acercamiento, la cual echó a la mujer del lugar. 

“Ella sólo quería ver a su hijo, a quien no ve desde hace más de un año. Nos dirigimos al pasillo donde están las defensorías y donde iba a ser la escucha del niño, pero la defensora Civil N° 6 de Tribunales también nos prohibió estar ahí cuando no hay ninguna prohibición de acercamiento vigente. Toda esta situación transfiere y plasma la violencia que está sufriendo María Eugenia, que es una violencia vicaria reconocida en el expediente que se está tramitando en San Nicolás, para que ella nuevamente esté a merced de este hombre”, señaló Navone, quien recordó que la mujer fue víctima de violencia durante la relación que mantuvo con el progenitor de su hijo.  

“La madre viene de una relación violenta con él, por lo que no está sorprendida con la situación, pero sí está muy dolida porque sabe que esto ha escalado y que ahora la víctima es su hijo”, agregó la abogada, quien espera la resolución del juzgado de Familia, que si bien no es el juzgado de origen, intervino por la urgencia de la situación. “Estamos hablando de que hay un niño que está conviviendo con un progenitor que tiene una prohibición de acercamiento vigente y confirmada por la Cámara en mayo de este año y una sentencia que dice que no puede ejercer el rol paterno donde se reconoce que hay violencia vicaria contra María Eugenia”, concluyó.

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El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) busca consolidarse como una voz disidente y de alternativa en la Legislatura santafesina y asegura que sumará candidaturas a la contienda electoral de 2027. Mientras tanto, marca su postura y rechaza la la reforma electoral ya que considera que atenta contra las minorías y la participación en democracia. En diálogo con el stream El Ciudadano Política, la diputada provincial del FAS Claudia Balagué detalla los aspectos que considera negativos de la nueva norma, destaca la necesidad de un diálogo transversal para construir una contrapropuesta a las políticas de Javier Milei, y detalla alguna de sus propuestas para ampliar la participación ciudadana a través de las cooperadoras escolares, la regulación de plataformas digitales, y la atención en salud mental. 

—¿Qué opinión tienen desde el FAS de la reforma electoral que se aprobó en la Legislatura?

—Es una reforma que en realidad es una trampa avalada por muchos tramposos en la provincia de Santa Fe, porque tuvo un apoyo mayoritario: unánime en el Senado y mayoritario en Diputados. El Frente Amplio por la Soberanía y el diputado (Juan) Argañaraz fuimos los únicos que votamos en contra, porque entendemos que podemos tener más representantes dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero ese no es el tema. Si uno pensara exclusivamente en su conveniencia, no haría una política sana. Entendemos que esto achica la democracia, que coartar la participación de las minorías parlamentarias achica el debate, las propuestas y las voces que, a veces, no llegan de otra manera a la Cámara. Es un problema achicar la democracia en estas circunstancias políticas, donde vemos que la gente cada vez va menos a votar, está menos interesada en los temas políticos y en los ideológicos. Trasciende el número de votos o de representantes que como Frente podamos tener, sino que es un problema para la democracia santafesina. Atrasamos en muchas cosas, en modificar la boleta única papel -que fue una innovación santafesina y que fue muy buena durante 15 años-, en confundir a la gente -porque va a haber dos sistemas diferentes en las Paso y en las generales, en relación con la cantidad de boletas-, esas boletas tipo sábana, donde una de las listas arrastra al resto. Por otro lado, nos preocupan estos inventos de último momento de tres posibles vicegobernadoras o vicegobernadores, la decisión que si un candidato pasa las primarias arrastra su lista aunque no alcance el piso. Una serie de cuestiones bastante raras, por lo que decimos que fueron tramposas.

—¿Qué opinás del paso que ahora permite repartir todas las bancas por sistema D’Hondt? ¿Creés que puede compensar la representatividad en relación con los pisos?

—Fue muy interesante porque fue parte de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, donde se sacaron las mayorías automáticas y una representación de 28 bancas para quien sacara aunque sea un voto más. Fue un avance, pero la Constitución también dijo que priorizaba el ejercicio de la representatividad política. Podría considerarse inconstitucional achicar la representación con el famoso eslogan de la gobernabilidad. La gobernabilidad es lógica cuando se están atravesando determinados procesos. Cuando se aprobó la vieja Constitución, había procesos dictatoriales que hacían muy difícil gobernar una provincia; también se plantea en sistemas parlamentarios de otros países donde es el mismo Congreso el que elige al gobernador o al presidente. Pero en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro, que se traslada inclusive a las provincias, donde lo que se valora es la representatividad de que todo votante tenga derecho a tener un representante, no está bien restringir con este piso electoral ni se está respetando la Constitución. Hay muchos actores, desde las academias y las cátedras universitarias, que están planteando rasgos de inconstitucionalidad. Es un proceso que va a continuar.

—Con las reglas de juego ya establecidas, ya se está hablando de lo que va a pasar tanto en la ciudad como en la provincia para las próximas elecciones. ¿Cómo se preparan desde el FAS? 

—Como Frente estamos muy consolidados. Nuestra idea es poder llevar candidaturas en todas las categorías donde podamos llegar, porque entendemos que tiene que haber una voz diferente en Santa Fe. Prácticamente por mayoría amplia salieron los votos en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado. No hay una voz opositora, disidente, que pueda plantear algo distinto para la provincia. Entendemos que nuestro Frente realmente lleva voces diferentes. La realidad irá definiendo los panoramas electorales, que siempre son cambiantes. 

—En la presentación del libro de Diego Giuliano estuvo el concejal Caruana, de tu espacio político. 

—Sí, estuvo Leo Caruana. Fue invitado especialmente por el autor del libro. También vinieron muchos representantes del Partido Justicialista a nuestra presentación de proyecto como Frente Amplio por la Soberanía. Siempre estamos en diálogo, intercambiando propuestas y pensamientos para una construcción de país. Estamos viviendo horas extremadamente complejas en Argentina. Entendemos que estamos cada vez peor, que la soberanía argentina se está entregando todos los días con las propuestas de Javier Milei. Así que el diálogo abierto entre distintas fuerzas políticas para nosotros es clave en estos momentos.

Se necesita un trabajo de mucha amplitud, de mucho entendimiento político, porque tenemos que sacar este gobierno fascista que está gobernando en Argentina y lo tenemos que hacer con coherencia, con trabajo, con un programa político, con acuerdos muy amplios, porque tiene que haber una contrapropuesta que permita que nuestro pueblo viva mejor, que es lo que hoy no pasa. 

—Entre los proyectos de tu autoría en la Legislatura hay uno para fortalecer cooperadoras escolares ¿de qué se trata?

—De fortalecer la democracia en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos. Entendemos que las cooperadoras escolares son el espacio de participación de las familias y de acercamiento a la escuela. Actualmente hay sólo un decreto y es importante tener una ley de cooperadoras escolares en la provincia de Santa Fe. El proyecto las congrega en federaciones regionalizadas para darles una estructura provincial que permita debatir la educación pública. Buscamos ampliar las competencias de los padres y darle una estructura de participación con consejos que tengan el asesoramiento de las directoras y directores de escuela, pero donde se convoquen asambleas con una estructura directiva de la propia cooperadora que esté formalizada en una ley. Tenemos que salir de la lógica de enfrentar padres y madres con docentes, con la escuela, y aportar todos para una educación mejor que fortalezca la escuela pública. Obtuvimos media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esperemos que el Senado sancione la ley. 

—Otro proyecto se vincula con el plan de salud mental. ¿Cuál es la importancia en épocas donde las muertes por suicidio se elevaron en relación con los últimos años?

—Quedamos muy sorprendidos con un informe del Ministerio Público de la Acusación que señala que hoy en Santa Fe el número de suicidios, fundamentalmente en jóvenes, es muy superior al número de homicidios o de otro tipo de muertes violentas. Nos alarmó muchísimo y empezamos a hacer un gran trabajo sobre los temas de salud mental. Hay que fortalecer una serie de estructuras que ya están planteadas, sobre todo la atención primaria en salud mental, pero también con espacios intermedios para tratar la demanda y fortalecer la prevención. Es importante tener legislación al respecto. Trabajamos mucho en la Legislatura el tema de lo digital, que hoy está bastante relacionado con salud mental y hasta se puede asimilar a las adicciones en algunos aspectos. Es fundamental que haya legislación, que se regule y que no tengamos a nuestros chicos expuestos a tantas pantallas. En muchos países del mundo ya se avanzó con la regulación de las plataformas, que son los grandes dueños del mundo y los que influyen en las cabecitas de nuestros niños y nuestros jóvenes. Argentina está bastante atrasada en eso y desde la provincia se pueden hacer muchas cosas.

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El escenario político de cara a las elecciones del año próximo se prepara para una transformación estructural tras la sanción de un nuevo código electoral que redefine las reglas de juego. El cambio más rotundo impactará en la conformación de la Legislatura, al eliminarse la histórica cláusula de mayoría automática en la Cámara de Diputados para pasar a un sistema de distribución proporcional D’Hondt sobre la totalidad de las 50 bancas. A la par, el texto de la ley introduce modificaciones inéditas para Santa Fe, como la reelección del gobernador, la posibilidad de presentar múltiples candidatos a vicegobernador en la instancia de las Paso, la obligatoriedad de los debates televisados junto a las universidades nacionales, la creación de figura del juez electoral permanente y los pisos de representación. En diálogo con el stream El Ciudadano Política, la diputada provincial del peronismo Lucila De Ponti analizó los principales cambios de la reforma, valoró el consenso obtenido para la aprobación y se mostró optimista con el futuro del peronismo de cara a las próximas elecciones.

—¿Cómo fue el debate de la reforma en Diputados?

—Había muchos proyectos de ley presentados. Esta reforma era obligatoria, porque había que operativizar modificaciones que se habían hecho en la reforma constitucional de 2025. Una de las más importantes era la eliminación de la cláusula de mayoría de la Cámara de Diputados, que establecía que quien ganaba las elecciones tenía automáticamente 28 bancas. Era la situación desde 1962. A partir de esta reforma, las 50 bancas se van a distribuir por sistema D’Hondt. Otra cosa muy importante es que a partir de ahora el gobernador tiene reelección, entonces también modifica el escenario político electoral. Todas estas cuestiones tenían que expresarse en la normativa electoral y fue una oportunidad para ordenar leyes y decretos que existían en la provincia, algunos de la dictadura incluso, que ahora van a formar parte de un solo código electoral. Ordena toda la normativa y da previsibilidad y certidumbre a los partidos políticos, que son los principales interesados de esta discusión. 

—¿Cómo se logró el consenso? 

—Las dos cámaras tienen mayoría del oficialismo. En el Senado, Unidos tiene dos tercios de los votos y en Cámara de Diputados tiene 27 y algunos votos más que funcionan como satélites. Siempre llegamos perdiendo en los debates, en el sentido que el proyecto no puede ser exactamente como queremos. Hay dos caminos: quedarse con la opinión propia y hacer una posición más testimonial y denunciar lo que no nos gusta, o ir a la construcción de consensos y tener la posibilidad de condicionar al oficialismo en cosas que nos parecen fundamentales. En estos años hemos tenido, la mayoría de las veces, una posición opositora cien por ciento, de denunciar, de señalar, de oponernos. En este caso concreto, donde se establecían las reglas de juego para los procesos electorales, nos parecía indispensable que el peronismo, que es el principal partido de la oposición, tuviese el ejercicio de condicionar lo que iba a salir en el texto de la ley. El punto principal para nosotros era blindar las Paso, porque se discutía su continuidad. 

Otro tema que se debatió fueron los pisos, los cuales propusimos bajar, mientras que el oficialismo quería subir. Buscamos garantizar que no fuesen excesivamente altos. Se subió un punto el piso para la integración de los cuerpos, pero en el contexto de que se amplían las bancas a distribuirse. Con lo cual, si lo hiciéramos en base a los votos que se sacaron en la última elección, ningún bloque perdería representación, al contrario, todos sumarían. El piso de 1,5 % del padrón para pasar las Paso bajó a uno por ciento, y el de la repartición interna de la conformación de las listas también bajó. Era fundamental que el código electoral siguiera garantizando condiciones igualitarias de participación para todos los partidos. Tuvimos que aceptar, porque no podíamos modificar, el artículo 44, que es el que crea lo más novedoso de la elección: la interna de vices. Somos muy críticos porque entendemos que está hecho para resolver cuestiones del frente de gobierno y que, además, le agrega una complejidad al momento del voto. 

—¿Cuáles son las modificaciones con las que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro?

 —El año que viene el elector se va a encontrar con las cinco boletas, una por cada categoría: gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes y concejales. La novedad ahí es que en la categoría gobernador y vicegobernador, si algún partido o frente decide hacer uso de esta herramienta, se puede encontrar a un mismo candidato con hasta tres posibilidades de vice. Los votos de esas fórmulas son independientes, no se suman entre sí por la naturaleza de las Paso, que son una instancia electoral para ordenar candidatos de cada frente. En las Paso, en términos formales, uno no compite contra los otros frentes, sino contra los propios adversarios internos. 

En la general, va a haber tres boletas únicas: una con la categoría de gobernador y diputados provinciales; otra con senadores; y otra con candidatos locales a intendentes y concejales, con la opción de votar la lista completa. Una crítica que siempre hicimos a la boleta única es que el voto está fragmentado por candidatos, porque las boletas están elaboradas por categoría y, de alguna forma, promueve que las personas elijan individuos y no un proyecto de partido. Creo que puede ser una modificación que aporte a recuperar la lógica de los partidos políticos y de los proyectos de cada uno de los frentes. Con la boleta única de una lista donde entraban 28 diputados, la gente conocía al primero; y sucede en todas las categorías donde hay cuerpos colegiados, porque uno no le puede exigir a la ciudadanía que tenga un nivel de conocimiento e información tan grande como el que tenemos las personas que vivimos involucradas con la política. Hay que pensar que la gente tiene que poder votar el proyecto político, el proyecto de provincia o de ciudad con el que se siente identificada, o incluso si quiere votar en contra del que no se siente identificada. Muchas veces la boleta única trajo la posibilidad de que personas simplemente por ser conocidas, por ser famosas, por estar en la tele en Buenos Aires, después tuviesen un montón de representación parlamentaria o incluso uno casi llega a ser gobernador. Y eso también tiene sus dificultades.

—Otra cuestión que establece la reforma, por ejemplo, es que los debates pasan a ser obligatorios en la categoría de gobernador…

—Es un gran aporte. Se van a organizar en conjunto con las universidades de la provincia de Santa Fe y, probablemente, van a transmitirse por el canal provincial. Pedimos que se convoque a la televisión abierta para que lleguen a un público más grande. Los debates han ido ganando espacio y se han consolidado. 

Nos parece importante que los organice la Universidad porque garantiza una calidad en la discusión. Obviamente los medios de comunicación van a ser parte en la difusión, pero la participación de las universidades siempre le da un sello de prestigio y de calidad a cualquier proceso.

—Lo va a organizar la Justicia electoral, que ahora también tendrá otra organización.

—La Justicia electoral ahora va a estar compuesta por un juez electoral que por un determinado tiempo va a ejercer esa función. Será sorteado en el colegio de jueces contenciosos administrativos, que es uno de los fueros que rigen la provincia. Ese juez va a ejercer la competencia de la Justicia electoral por un determinado plazo, sobre todo para cada elección. Va a estar acompañado de un secretario electoral, que hoy es un cargo que existe, pero se modifica la forma de nombrarlo. Antes era un funcionario o alguien nombrado por el Ejecutivo. A partir de ahora va a ser nombrado a propuesta del Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura provincial. La Justicia electoral es la que tiene la decisión sobre las controversias que se dan en los procesos electorales y es importante que se la fortalezca. 

—También está el tema del financiamiento de los partidos políticos incluido en la ley… 

—Hay un capítulo específico sobre financiamiento, tanto electoral como de los partidos políticos. Hay un avance hacia un sistema más transparente, con posibilidades de rendición de cuentas más accesibles para los partidos, e incluso se elevaron los montos que se permiten, tanto por personas como por personas jurídicas, para aportar a una campaña. En la medida en que la mayor parte del gasto pueda estar declarado aporta transparencia, y cualquier ciudadano puede, si quiere, ir a buscar cuáles son las fuentes de financiamiento tanto de las campañas como de los partidos políticos en los momentos en que no hay campaña.

—Hay quienes argumentan que la necesidad de alcanzar un piso más alto, concretamente cerca de 115.000 votos en relación al padrón electoral, puede llegar a desalentar el voto de los partidos minoritarios ¿Cuál es tu opinión?

—Creo que la gente no va a votar, pero no por ese motivo. Hay una baja de la participación en el voto, pero tiene que ver con la frustración de la sociedad respecto de la capacidad de la política de resolver sus problemas de la vida cotidiana. No creo que haya mucha gente que haga ese análisis de que es necesario juntar tanta cantidad de votos y por eso no vaya. Me parece que, de alguna manera, son justificaciones que se buscan construir para oponerse a una determinada cuestión. Nosotros entrábamos en una discusión donde el oficialismo quería levantar todos los pisos. Pusimos como condicionamiento que no se elevaran excesivamente y que incluso algunos se bajaran. El piso para las Paso disminuyó e incluso se incorporaron otros mecanismos que permiten que, como pasó con el Frente de Izquierda en la elección pasada -donde su candidata a gobernadora pasó el piso pero su lista de diputados no-, que si el candidato a gobernador pasa, automáticamente lo hace la lista de diputados. Eso le da más posibilidades a la minoría de competir en las elecciones generales. El piso de distribución interna en la conformación de las listas también quedó mucho más bajo de lo que lo quería dejar el oficialismo, y el piso de conformación de los cuerpos se subió un punto. Esto tiene que ver también con la eliminación de la cláusula de las mayorías. Si se hace un ejercicio de cómo fue la distribución según los números de la última elección, poniendo en juego las reglas nuevas del código electoral, ningún sector perdería representatividad, incluso ganaría cantidad de diputados. Esto concretamente fue lo que hizo que también muchos bloques pequeños votaran la ley. 

—¿Sentís que a partir de esta reforma cambia el escenario electoral de 2027?

—No, me parece que ninguna de las modificaciones tenga la fuerza como para generar una transformación del escenario político. Las reglas electorales se pueden modificar para beneficiar contundentemente a un sector. En este caso no va a existir una incidencia tan grande respecto de las modificaciones de las normas electorales. Creo que la discusión política en la provincia de Santa Fe va a estar dada entre el frente Unidos y el peronismo, que es la principal oposición. En el peronismo estamos trabajando y ordenando con mucho compromiso y mucha conciencia respecto de la situación social que hoy existe en la provincia de Santa Fe. Creo que el año que viene vamos a estar en una elección muy pareja, porque hoy la gente en la provincia está viviendo muy mal, con mucho malestar, y si bien la principal responsabilidad del momento socioeconómico que estamos viviendo la tiene el gobierno nacional, tenemos un gobernador, Maximiliano Pullaro, que es de alguna manera cómplice o muy débil a la hora de defender a los santafesinos frente a estas cuestiones. Eso sumado a muchas decisiones específicas que él ha tomado, vinculadas con los trabajadores y los jubilados provinciales, va a generar una enorme merma de votos respecto de lo que el Frente Unidos obtuvo en 2023. El peronismo está para representar y expresar un proyecto político que propone una Santa Fe distinta, centrada en la calidad de vida de los santafesinos. Esa es la discusión. Las reglas electorales no van a modificar en ese aspecto el debate.

—¿Cómo viene el trabajo en el peronismo? ¿Se está articulando? ¿Sos optimista? 

—Soy muy optimista. El peronismo en un año preelectoral está en un proceso de debate y organización, con todas las dificultades que eso trae, pero también con todas las oportunidades. Al peronismo en la provincia de Santa Fe le sobran personas que puedan ocupar candidaturas y lugares para la disputa electoral. Hemos ido consolidando una propuesta y un proyecto político para la provincia. Santa Fe tiene que ser el motor del desarrollo de Argentina, como lo plantea el gobernador Pullaro, pero le falta ver cómo vive la gente en la provincia. Este gobierno no se ha ocupado en absoluto de garantizar condiciones igualitarias y dignas de vida para los santafesinos. Entendemos que hay que tener un proyecto político provincial absolutamente distinto y en eso estamos trabajando. Vamos a transitar un camino de debates, de definiciones, de mucha exposición pública de quienes quieran dar la contienda, y quienes estén en mejores condiciones van a ocupar esos lugares. El peronismo como siempre va a salir a dar la pelea y con muy buenas posibilidades. Estamos en excelentes condiciones para competir y no nos importa que haya tres Pullaro en la boleta. Nosotros estamos en condiciones de ganarle de cualquier manera.

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De la consulta vocacional a la violencia psicológica 

Gastón Onetto vive en Santa Fe, es psicólogo y artista. Tenía 18 años cuando una consulta de orientación vocacional, derivó en una terapia de conversión. “El psicólogo era cristiano y, cuando le comenté que estaba viéndome con un chico, empezó a construirme un problema. Me traía libros, textos e informaciones que patologizaban la homosexualidad. Lo nombró como «quebrantamiento de género» y me logró convencer de que yo estaba atravesado por ese problema, cuando nunca antes lo había percibido como una patología”, recordó.

Gastón confió al tratarse de un profesional de salud mental. «Quebrantamiento de género» fue el diagnóstico que le dio junto con una serie de mecanismos para “eliminar o limitar” el “estilo de vida gay”: no escuchar determinada música, no tener amigos homosexuales, evitar “cosas femeninas” como peinarse, mirarse al espejo o prestarle atención a la estética, deshacerse de ropa de colores, de los shorts muy cortos, hasta de la ropa interior, o de accesorios. “Es casi un atentado a la inteligencia, pero en ese momento lo creí y pensé que me iba a ayudar. El psicólogo decía que había tres causas: un abuso sexual que yo no recordaba, una figura debilitada del padre, o una figura entrometida de la madre”, señaló. 

El profesional lo contactó con la organización Ministerio de Restauración —que tenía vínculo con otras dos internacionales: Desert Stream y Exodus— para participar de un «campamento de reconversión» en las afueras de la ciudad de La Falda junto con otras 200 personas, entre las que había hijos de pastores, sacerdotes, mujeres y varones de diferentes lugares de Latinoamérica. “Fue muy fuerte para mí. Empecé a notar que la gente no cambiaba, que podía reprimir su conducta, pero la sensación interna y el sentimiento no se modificaba. Entonces comencé a cuestionarme todo”, recordó. El psicólogo le había prohibido hablar del tema con su familia y solo podía mencionarlo frente a tres amistades del círculo eclesiástico. Una de ellas le dijo que lo veía triste y que había dejado de reír. Gastón coincidió: se sentía angustiado. El psicólogo, mientras tanto, optó por ofrecerle medicación. “Yo no accedí y entendí que no era el camino. Entonces decidí abandonar la terapia”, señaló. 

El fin del silencio 

Una década después Gastón entendió las consecuencias de aquello que vivió. Estaba de viaje con un grupo de amigas y amigos en la ciudad de La Falda cuando sin querer se topó con el hotel que visitó en la adolescencia. La imagen lo impactó y rompió en llanto. “Cuando lo vi, me quedé atónito. Le conté a mis amigas y empecé a llorar de una manera muy rara. No sé si se lo había contado a alguna persona antes. Era como si nunca hubiese podido ligar el afecto con el recuerdo. El hecho de ir, ver el lugar en 2014 y hablarlo con amigas me angustió mucho”, recordó.

En 2019, en un encuentro de circo en Córdoba, Gastón conoció a un chico quien le mostró un flyer sobre un campamento del Ministerio de Restauración, el mismo que él había visitado años atrás. “Cuando lo vi, con los mismos logos, me transformé. El chico se mataba de risa, no sabía lo que yo había vivido. Ahí tomé conciencia de todo lo que había atravesado y de que no quería que esto siguiera pasando porque había sido muy traumático”, aseguró Gastón, quien comenzó a buscar información sobre este grupo y descubrió que seguía funcionando en el país. “Se había sancionado la ley de matrimonio igualitario, de salud mental —que dice que no se pueden establecer diagnósticos según la orientación sexual—, y la ley de identidad de género. Todas estas leyes nos colocan a las personas de la comunidad LGBTI en una ciudadanía más plena, pero aún esta gente siguió actuando por debajo, como si nada”, agregó.

En la búsqueda de información, Gastón advirtió que la organización Exodus había cerrado y los dirigentes habían pedido perdón a la comunidad, mientras que Desert Stream seguía operando, aunque había tenido muchas demandas, por lo que se habían mudado de Estados Unidos a Inglaterra para tener mayor amparo judicial. 

“Retomé contacto con materiales que había guardado y empecé a crear algo artístico para poner en palabras lo que me había pasado y denunciar esta situación”, dijo sobre «La Cura, Memorias Invertidas», una obra de danza-teatro unipersonal autobiográfica que habla de las terapias de conversión. 

“La cura, memorias invertidas”: una denuncia a las terapias de conversión para la comunidad LGTBIQ+

La denuncia no quedó sólo en lo artístico. Gastón inició una demanda en el Colegio de Profesionales de la Psicología y en el INADI, con el patrocinio de la abogada María Laura Spina, pero no lograron una condena ya que la causa había prescripto. Sin embargo, el Colegio de Psicólogos se pronunció sobre este tipo de terapias y las consideró “nocivas, iatrogénicas, y prácticas de tortura, como las denomina la ONU”.

“Tenemos conocimiento de que esto sigue pasando ahora. Por eso es importante seguir visibilizándolo”, destacó. A partir de la mediatización del caso, muchas otras personas de diferentes ciudades del país se contactaron por redes sociales y comenzaron a reunirse para intercambiar experiencias. 

“Nuestros encuentros no son terapéuticos, sino de sostén mutuo. También para incidir en políticas públicas, disputar sentido, instalar el tema y visibilizar que esto sigue existiendo porque entendemos que es una práctica de crueldad y una lesión a los derechos humanos”, contó sobre el grupo Nada Que Curar, que integra junto con otras víctimas de terapias de conversión.

Nada Que Curar: contención como refugio 

Empezó como una cuenta de Instagram para hablar de deconstrucción y se transformó en una web con asesoría, acompañamiento e información. “El sitio tiene como objetivo acompañar a personas que están en contextos religiosos donde su orientación sexual es vista como un problema para que puedan encontrar paz en su identidad, saber que no están rotas, y empezar a construir una vida sin conflictos. Hacerlo solo es muy difícil, así que queremos acompañar. Vivimos la misma situación y tuvimos que reaprender un montón de cosas. Queremos ofrecer ese conocimiento para que sea más fácil el proceso”, contó Emi, uno de los desarrolladores del sitio.

Emi vive en Buenos Aires, tiene 43 años y es padre de dos niños. Creció en una familia cristiana evangélica y hace 4 años pudo “salir del clóset”. Desde que era chico escuchó que la homosexualidad era un pecado y Dios no la aceptaba. Le hablaron de sanidad, liberación y hasta de oraciones para que “la homosexualidad se vaya”. De adulto, integró un grupo de terapias de conversión que hablaban de sanidad del alma y de quebranto de género. “El objetivo era mostrar que tu orientación sexual está mal y la tenés que cambiar. Cuando hablamos de «terapias de conversión» hablamos de cualquier religión o contexto, inclusive no religioso, que vea a tu orientación sexual como un problema y que tome acciones para querer cambiarlo”, explicó. 

El sitio web incluye pasajes de la Biblia, historias personales, normativas vigentes y algunas estadísticas, junto con una guía de profesionales de salud que pueden asesorar a quienes lo necesiten. Además, cuenta con un botón de salida rápida para mantener la privacidad.

“No estamos ofreciendo un acompañamiento terapéutico profesional. El objetivo de Nada Que Curar es un acompañamiento entre pares. Entendemos que necesitás un amigo, un compañero, alguien con quien putear, hacer catarsis, hacer preguntas, reaprender. El psicólogo definitivamente te va a ayudar, pero hay otras cosas que se dan en un ambiente de amistad y compañerismo, de cotidianidad, de compartir, de no solo hablar del dolor que tenés, sino también de celebrar lo que te va pasando: «Conocí a un chico, a una chica, me puse de novio». Esas cosas que no tuvimos en nuestra adolescencia, que tuvimos que tapar y que ahora podemos disfrutar sin culpa”, agregó Emi. 

“Lo nocivo de estas terapias es que te hacen elegir entre tu orientación sexual, tu identidad de género o tu fe, sin entender que hay muchísimas posibilidades de conciliación. Las terapias de conversión se ofrecen muy vilmente como la única manera de conciliar, pero en realidad buscan subsumir la sexualidad a la vida de fe. En la página hay muchos materiales que permiten pensar otros tipos de fe, entender qué son las terapias de conversión, leer testimonios y diversos materiales que pueden ayudar en esta búsqueda”, explicó Gastón.

Si bien en el sitio las historias narradas tienen protagonistas varones, reconocen que también se contactaron mujeres que atravesaron este tipo de experiencias. El objetivo con el tiempo es relevar información de situaciones y casos similares para visualizar la magnitud de este tipo de terapias. 

“Da mucho miedo contar esta experiencia. Logré entender que la homosexualidad no era pecado, pero no salí del clóset durante años. Es una deconstrucción de valores que va en contra de una estructura de creencias. Tenía miedo de que asumir mi sexualidad me quitara la espiritualidad. No es así. Acá hay gente con la que podés hablar de tus dudas, ser inconsistente, incoherente, porque la confusión es parte del proceso. Reaprender toma esfuerzo cognitivo y emocional, y hacerlo solo, a veces, es incluso imposible. Va a ser doloroso y confuso, pero ¡hay tanta paz del otro lado! Y tanta autenticidad, que vale la pena”, destacó Emi y aclaró que el objetivo no es que las personas cambien sus valores: “Para quienes tienen una orientación sexual que está siendo atacada ofrecemos un lugar donde refugiarse, sentirse seguros, y ser plenos. No hay nada que curar. No hay nada roto. Pero sí hay mucho que reaprender, y para eso estamos”. 

En la actualidad, el grupo impulsa leyes en relación con las terapias de conversión. Gastón mencionó una iniciativa en Capital Federal y otra a nivel nacional, del diputado Esteban Paulón, para limitar, erradicar y sancionar las terapias de conversión, pero esta última aún no fue tratada. 

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Según las primeras impresiones, las que dejaron el escenario de las elecciones del año pasado, el PJ aparece dividido en dos espacios, entre el oficial —que encabezaría el extrapartidario Juan Monteverde para la intendencia— y otro que bien puede ir por dentro o por fuera, según quien cuente el devenir de las negociaciones, que van a continuar hasta el cierre de listas provincial, previsto para febrero próximo.

Del lado del oficialismo, el armado de Unidos llevaría al actual gobernador Pullaro como candidato para una reelección al frente de la Casa Gris, aunque son varios los nombres que circulan para la intendencia local, entre ellos el del actual mandatario Pablo Javkin.

Dejando de lado algunos rumores sobre la posible incorporación de La Libertad Avanza al frente no peronista, los libertarios correrían suerte propia con la figura del ex periodista y actual concejal Juan Pedro Aleart para la intendencia y otros nombres propios para la gobernación. Aunque falten más de seis meses para el cierre de listas, nadie quiere quedar afuera de la discusión y ya empiezan a cargar cartuchos para la contienda preelectoral, con Paso previstas para abril y generales en junio. 

Los que no sean de la partida o terminen fuera de todos los cargos en disputa en junio -por supuesto también se eligen legisladores provinciales, además de intendentes y concejales- tendrán otra oportunidad para las nacionales: si hay Paso serán en agosto y las generales en octubre, en sintonía con las presidenciales. En el caso de Santa Fe, estarán en juego diez bancas para la Cámara de Diputados y las tres del Senado: dos por la mayoría y una por la minoría.

Peronismo en busca de unidad

Las filas del peronismo aún se dividen en dos espacios, pese a los constantes intentos —al menos, discursivos— por lograr el ansiado consenso y la unidad. El PJ oficial reúne a Ciudad Futura —que el año pasado ya jugó con la conducción del partido— con el armado de los senadores provinciales, La Corriente de Agustín Rossi, los intendentes de Vamos —cuya figura visible es el mandatario de Pérez Pablo Corsalini— y el Frente Renovador, en manos de Diego Giuliano.

La novedad, sin confirmación en on, es el regreso del Movimiento Evita a las conversaciones con Ciudad Futura, tras haberse separado en 2025 de Ciudad Futura en la coalición Rosario Sin Miedo, luego de la definición a última hora de Caren Tepp como cabeza de lista de diputados nacionales. 

Dirigentes como Eduardo Toniolli, Lucila De Ponti y Mariano Romero aspiran a tener lugares de relevancia en las listas, tanto en la ciudad como en la provincia. 

Del lado de la oposición, que agrupa a los sectores vinculados con el perottismo, Activemos de Marcelo Lewandowski, La Cámpora y el espacio de Norma López y Leandro Busatto, Comunidad, aparecen más nombres para una eventual Paso a la intendencia en Rosario, que pueda hacer más competitiva a la figura que finalmente enfrente al no peronismo.

En el caso de dirigentes cercanos al ex gobernador Omar Perotti, aparecen en Rosario la ex ministra y actual diputada provincial Sonia Martorano, la concejala Fernanda Rey, el ex concejal Lisandro Cavatorta y el ex funcionario Camilo Scaglia. El diputado provincial Miguel Rabbia, del sector de Lewandowski, la camporista Paula Sagué, las concejalas Norma López y Fernanda Gigliani son otras figuras en danza, según fuentes de distintos sectores del justicialismo.

Para la gobernación, en el PJ oficial asoman los nombres del diputado nacional del sector de La Corriente, Germán Martínez, mientras que del lado de los senadores el empresario rosarino Federico Pucciarello se disputa un lugar con el presidente y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien en los últimos días dejó entrever que podría ocupar un lugar expectante en la lista de diputados provinciales.

Del lado del Frente Renovador, la figura de Diego Giuliano es uno de los nombres que se barajan, mientras que el actual mandatario de Pérez, Pablo Corsalini, sería una figura clave en representación de los intendentes.

Por Ciudad Futura no se descarta que la actual diputada nacional Caren Tepp pueda volver a sintetizar a este espacio para la gobernación, al igual que la legisladora del Evita De Ponti.

En tanto, el PJ opositor anota a Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, al intendente de Funes Roly Santacroce, a la diputada nacional Florencia Carignano y al ex diputado provincial Leandro Busatto como posibles competidores.

La posibilidad de que pueda haber un solo candidato a la gobernación con distintos vice abre aún más el abanico de especulaciones. Si el peronismo pudiera acordar un nombre para encabezar, los distintos sectores dirimirían en las Paso sus diferencias con el o la vice. Siempre y cuando nadie pegue un portazo y arme rancho aparte.

Unidos para intentar repetir

De parte del oficialismo todo indica que tras la reforma constitucional Pullaro jugará por la reelección y entre los nombres que baraja para acompañarlo, ya sea en una interna o una vicegobernación, se anotan desde el socialismo la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García o la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein.

De parte del Pro, el nombre de Gisela Scaglia —quien renunció a la vicegobernación para integrar la Legislatura— aparece nuevamente en escena, como el de la titular de Aguas Santafesinas Renata Ghilotti o el de la ex diputada nacional Germana Figueroa Casas, junto con la actual concejala javkinista Carolina Labayru. De parte de UNO, el espacio conducido por el pastor Walter Ghione, aparece el nombre de «sanadora» Leda Bergonzi. 

Para la intendencia de Rosario, el gobernador Pullaro ya tiene su nombre propio: el mismísimo ministro de la Producción, Gustavo Puccini. Desde el sector mayoritario del socialismo podrían bajar algunos legisladores para intentar recobrar un territorio que le fue históricamente favorable pero donde hace rato no talla fuerte, como es el caso de los diputados provinciales Lionella Cattalini o Joaquín Blanco.

La ministra de Cultura Susana Rueda podría jugar por el bonfattismo, sin descartar al concejal Federico Lifschitz, quien tiene juego propio en el partido de la rosa.

Dentro de las aguas del PRO, suenan los nombres del secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, la concejala Anita Martínez, quien siempre parte de un buen piso, y el también funcionario provincial Federico Angelini. Mientras que de parte de UNO, el actual concejal y periodista Pablo Gavira se anota para la partida.

La candidatura del actual intendente Pablo Javkin parece un hecho, aunque también suenan otros nombres de dirigentes cercanos, como la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck (del sector Radicales Libres, donde también talla el rector de la UNR Franco Bartolacci); el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, o el senador provincial Ciro Seisas. Y no se puede descartar al secretario General Miguel Tessandori, quien ya compitió en la Paso de 2023 con Javkin.

La Libertad Avanza

Los libertarios buscarán competir por la intendencia de la mano del ex periodista y actual concejal Juan Pedro Aleart, del sector bullrichista, aunque no se descartan otros nombres como el también concejal Franco Volpe (cercano al diputado nacional Nicolás Mayoraz) o Anabel Lencina, edila referenciada en la conductora de La Libertad Avanza en la ciudad y la provincia Romina Diez..

En tanto, para la Casa Gris, suena Marcos Peyrano —apoderado del partido en la provincia y de confianza de Diez— como un posible competidor, junto con el propio Mayoraz, de alto perfil durante la última Convención Constituyente, cuya candidatura es impulsada por Lule Menem. Todo dependerá de las políticas de alianza, o no, que decidan Javier y Karina Milei. En algún momento hubo globos de ensayo para que el oficialismo nacional pudiera converger con Unidos en listas comunes. 

En el andarivel derecho, la diputada provincial Amalia Granata aún no definió si puede ser candidata a la gobernación por su sector, Somos Vida, que presenta nombres como los de sus pares Alicia Azanza y Emiliano Peralta. También Silvia Malfesi, muy cercana al mileísmo.

Otras fuerzas en juego

El Frente Amplio por la Soberanía, la coalición integrada por Libres del Sur, Encuentro por Rosario, Rosario en Común, Liga de los Pueblos Libres, BASES, Partido SI, Partido Comunista, PARES y Concejalía Popular puede llevar al diputado provincial Carlos Del Frade en la contienda por la gobernación. Y su nombre podría repetirse a la cabeza de la lista de diputados nacionales.

Al interior del frente aún hay indefinición sobre un tema puntual que atañe a la ciudad: si la coalición puede acompañar la candidatura a la intendencia de Monteverde, que lleva el sello del PJ, o elige armado propio para Rosario, incluyendo un candidato a la intendencia.

Sea cual fuere el caso, en la ciudad aparecen los nombres del concejal Leonardo Caruana, la ex diputada provincial Mercedes Meier, la actual legisladora Claudia Balagué, ex concejales como Lorena Carbajal o Nire Roldán, o dirigentes como Gustavo Gamboa, Facundo Peralta, Gabriela Sosa y Sofía Botto. 

El espacio Igualdad y Participación de Rubén Giustiniani, que en 2023 peleó por la banca número 50 de la Cámara baja y terminó perdiéndola en la Justicia Electoral, es otra referencia del centroizquierda.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, por su parte, presenta a Octavio Crivaro, Irene Gamboa o Franco Casasola como posibles candidatos por el PTS, pero también prometen jugar Jimena Sosa del MST, Carla Deiana del Partido Obrero y Daniela Vergara de Izquierda Socialista.

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“La propuesta surgió junto con las chicas de Aguará en 2019. Yo hice un primer guión, que después trabajamos colectivamente con Lía, Jimena y Sabrina. Fue adaptar la historia de Lía y contar cómo escala la violencia machista y toda su lucha para una correcta comunicación de los casos de femicidio”, contó Sonia Tessa a El Ciudadano.

La historieta recupera el camino que inició Basso para lograr un correcto tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación luego de ser revictimizada en un artículo periodístico. Tras un largo recorrido judicial, Lía se transformó en una protagonista fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres y el tratamiento responsable de la información. El reclamo sentó un límite en el periodismo local, ya que el medio tuvo que publicar la sentencia, un artículo sobre violencia mediática y realizar una capacitación en género para todo el personal.

“La importancia de la historia de Lía es seguir batallando para que los medios sean respetuosos con las víctimas, estén vivas o muertas. Creo que los femicidios en especial, y los temas de género en general, siguen siendo un tema del que todo periodista cree que puede hablar sin saber, lo que me parece que no pasa en otros temas, por ejemplo, ¿quién hablaría de rugby si no sabe de rugby? Me parece que las redes y el algoritmo con su propia lógica polarizadora u odiante también influyen en el incorrecto tratamiento de estos temas. De todos modos vamos a seguir batallando”, opinó Tessa.

 

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Cuándo y dónde

El lanzamiento principal tendrá lugar este viernes 14 de agosto, a las 19, en la Biblioteca Argentina (Pje. Dr. Álvarez 1550, Rosario). La presentación contará con la participación de la periodista y militante feminista Marta Dillon como invitada especial, quien conversará con las autoras y el equipo de trabajo: Lía Basso, Jimena Esborraz, Sabrina Gullino Valenzuela Negro y Sonia Tessa.

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Lactancia posible: acompañar sin imponer recetas 

Evelyn Godoy acompaña a familias como asesora en lactancia y puericultora. Para ella, cada lactancia es única y requiere de un abordaje respetuoso y consciente. “Acompaño la construcción de lactancias posibles. Busco que cada familia tenga la información, las herramientas y las técnicas necesarias para tomar decisiones conscientes. Que conozcan sus opciones y se sientan realmente acompañadas para sostener esto de la mejor manera posible. Nuestro trabajo no es juzgar ni convencer. Es informar, acompañar y construir junto a esa familia la mejor calidad de lactancia para su realidad”, detalló Godoy, a cargo de los talleres de práctica en la escuela Alma Mater y fundadora del espacio Estudio Lactancia. 

En este sentido, recalcó que ninguna persona gestante debe sentir culpa en una consulta. “Un bebé que nace es un bebé que todavía esa mamá no conoce y es a partir del nacimiento cuando ambos empiezan a conocerse, a reconocer necesidades y descubrirse en un rol distinto. La lactancia no va a ser nunca posible si no es elegida y deseada. Las decisiones deben ser respetadas y basadas en evidencia científica”, agregó.

Prevención: el momento exacto para pedir ayuda 

En cuanto al momento ideal para hacer una consulta, señaló que si bien durante el embarazo resulta preventiva para establecer expectativas reales y evitar urgencias ligadas al miedo, el acompañamiento es válido en cualquier etapa, hasta el destete. “El momento ideal no existe, es el momento oportuno. Es ese momento en que la mujer se dio cuenta de que necesitaba ayuda y dejó de sentir culpa por pedirla”, aseguró y destacó: “Si en algún momento algo les hizo ruido de su lactancia, o algo de lo que planean hacer no les cuadra del todo, hagan una consulta. Nunca es tarde. Las cosas y las dudas se pueden resolver; las lactancias se readaptan”.

Para la puericultora, no hay recetas universales. “Los abordajes más efectivos son los que se adaptan a la realidad de cada familia. Cada plan de acompañamiento va a contemplar la historia, los recursos, los sentimientos, los deseos y las ambivalencias. Las posibilidades concretas de esa díada son fundamentales para construir esa lactancia posible. Implica observar, preguntar, escuchar, empatizar y conectar verdaderamente desde una distancia óptima y saludable, comprendiendo que el contexto es tan importante como la fisiología”, señaló.

El impacto en las estadísticas locales 

Según remarcó la especialista, la lactancia humana “es mucho más que una forma de alimentar a un bebé”. “Es un fluido vivo capaz de adaptarse a las necesidades del bebé que la recibe. La leche cambia según su estado de salud, la etapa de desarrollo y hasta el momento del día, brindando una respuesta biológica única que hasta la actualidad ningún otro alimento ha podido replicar. Los beneficios, además, dejan una huella positiva que se extiende incluso hasta la vida adulta, favoreciendo tanto el desarrollo físico como el psíquico y emocional”, destacó.

El impacto del trabajo de promoción mostró resultados concretos a nivel provincial. De acuerdo a datos analizados por el sector, entre 2017 y 2023 el porcentaje de bebés que lograron una lactancia humana exclusiva durante los primeros meses de vida en Santa Fe registró un crecimiento de 10 puntos. Para la profesional, este avance refleja el trabajo diario de escuelas de puericultura, grupos de apoyo y equipos sanitarios, aunque insiste en la necesidad de promover estos espacios para las familias.

“Cuando el conocimiento circula y el acompañamiento está disponible, las familias pueden decidir con libertad, confianza y la tranquilidad de saber que no se encuentran solas transitando su maternidad y su lactancia”, afirmó.

El vacío legal y la urgencia de una ley profesional 

A pesar del impacto de su tarea, las trabajadoras del sector enfrentan obstáculos estructurales. “Todavía tenemos un desafío enorme que es visibilizar el rol de la puericultora dentro de un sistema de salud que aún no nos reconoce”, señaló Godoy y remarcó la necesidad de una ley que regule el ejercicio profesional para integrar la especialidad en equipos interdisciplinarios, articulando saberes con las áreas de pediatría, neonatología y enfermería.

“La lactancia no se puede sostener solamente desde el deseo y el esfuerzo de una madre o de una profesional. Necesita una red de apoyo que incluya un sistema de salud, lugares de trabajo y un Estado comprometido. Se debe contar con lactarios, licencias adecuadas, tiempos y espacios para la extracción de leche, el traslado seguro y políticas que faciliten esa continuidad”, advirtió, y destacó la importancia de contar con información accesible, profesionales capacitados y un reconocimiento de la lactancia como intervención de salud. 

“No alcanza con una semana mundial. Hay que promoverla y protegerla todo el año, porque es una responsabilidad colectiva generar las condiciones para quien desee amamantar y pueda hacerlo”, concluyó.

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Esteban Lenci es concejal socialista de Villa Gobernador Gálvez. Fue uno de los que le propuso la candidatura al actual intendente Alberto Ricci y formó parte de su primera gestión como secretario de Gobierno. También fue diputado provincial y participó en las gobernaciones de Miguel Lischitz y Antonio Bonfatti. En diálogo con el stream El Ciudadano Política, Lenci recordó los orígenes de la candidatura de Ricci y enumeró los cambios sobre obras y prevención del delito en la ciudad. Ante la proximidad de las urnas, no descartó una posible candidatura.

—Fuiste uno de los que le propuso la candidatura al actual intendente Alberto Ricci, allá por 2015. ¿Cómo surgió su nombre?

—Eran tiempos difíciles. Veníamos de una ciudad muy golpeada por el narcotráfico, por mucha violencia, decayendo año tras año. Con Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti y gente de la ciudad empezamos a pensar en una persona que venga de afuera de la política tradicional, compartiendo los valores de la solidaridad y del emprendimiento. Alberto (Ricci) nació en una familia trabajadora, con mucho arraigo en la ciudad. Estuvimos varios meses tratando de que tome la definición. Fue un gran desafío para él, en lo personal y para su familia. En noviembre de 2014, la familia transmite la noticia de que va a ser candidato. Así inició un proceso de tres gestiones de Alberto transformando la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

—¿Cómo te acercaste a la militancia socialista?

—Mi viejo participó muchos años desde la vuelta de la democracia en el Partido Intransigente, con un gran referente, Óscar Alende. Íbamos a los actos en Sportivo América, yo tenía seis o siete años. Y eso o lo amás o lo terminás odiando. Mi hermana de la política no quiere saber nada y a mí me terminó atrapando en el proceso de participación, de entender que si te encontrás con otros podés ir transformando la realidad. A los 15 años empecé a participar en el centro de estudiantes de la escuela secundaria, en el Nacional de Comercio N°5, de Uriburu y Primero de Mayo. Mi viejo empezó a participar más en el Partido Socialista Popular (PSP) porque el Partido Intransigente se fue desmoronando. Me empecé a sumar con otros jóvenes de nuestra ciudad. Formamos la juventud del Partido Socialista y empezamos a generar actividades juveniles en la ciudad, involucrándonos con otros centros de estudiantes y con otras organizaciones donde participaban los jóvenes. 

—En 2015 fuiste secretario de Gobierno en la municipalidad… 

—Cuando convencimos a Alberto armamos un equipo. En las elecciones de julio de 2015 asumí como secretario de Gobierno en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Yo venía de un recorrido a nivel provincial acompañando a Hermes Binner. De 2007 al 2011 fui secretario privado del ministro de Gobierno de Antonio Bonfatti. Después fui subsecretario de Gobierno de la provincia y ahí decidí tener una participación más fuerte en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

—Como concejal, ¿cuáles son los ejes que más priorizás? 

— En primer lugar, acompañar la gestión de Alberto (Ricci). Tenemos minoría en nuestro Concejo Deliberante, de 10 concejales que tiene la ciudad 4 son del Frente Unidos, lo cual nos hace generar mucho diálogo y consenso con los demás ediles. Desde el inicio de mi participación en la política me considero una persona de diálogo. Y eso es una tarea de mucho trabajo, porque la gestión del intendente tiene que avanzar y el Concejo tiene que acompañar. Lo hemos logrado muy bien con los demás ediles en estos dos años y medio en los que tengo la oportunidad, la obligación y la responsabilidad de estar en el Concejo. También me interesa mucho la participación y que los jóvenes se involucren, primero conociendo cuál es el órgano representativo que tiene la ciudad. Convocamos a las escuelas secundarias y, muchas veces, los jóvenes ni siquiera conocen dónde funciona el Concejo Deliberante. No es solamente para que conozcan el funcionamiento, sino para entender que involucrarse con otros puede transformar la realidad de su escuela, de su barrio, del club donde participa. Las instancias de recuperación de los espacios públicos, el proceso ecológico y el efecto del Niño no son casualidad. La defensa de la ecología es un tema que también abordamos profundamente.

—Si tuvieras que resumir estos casi 12 años de gestión en VGG y hacer una suerte de balance, ¿qué es lo que más destacarías?

—El proceso de participación y representación de las instituciones. Creo que es un antes y un después de los gobiernos anteriores en el sentido de que las instituciones, tanto los clubes, las vecinales y demás, tengan vida institucional. Antes si eras amigo del intendente, recibías tal cosa o si eras enemigo, nada. Alberto venía participando del Club Saladillo de Rosario y cuando asumimos nos propuso coordinar las instituciones para que los clubes puedan regularizar sus papeles. Hoy tenemos 99 instituciones regularizadas en la ciudad, que incluye una vecinal, un club infantil, una ONG o un comedor. Es un derecho ganado para esa institución.

Por otro lado, también está el tema de infraestructura en la ciudad. Todavía queda mucho por hacer, pero somos una ciudad que ha pavimentado más de 100 calles, que ha urbanizado, que ha conectado al oeste con el este, con arterias donde te comunicás sin pasar por el centro de la ciudad. Teníamos un déficit de 60 millones de pesos, que hoy serían 6 mil millones de pesos. Era una situación de un caos total. En ese proceso de infraestructura hemos podido regularizar y darle otro derecho a cada vecino y vecina con el Plan Abre. Se ha transformado esa realidad y hoy hay otras condiciones de vida distinta. ¿Qué falta? Un montón. Es una ciudad que cuando nosotros asumimos tenía el 5 por ciento de cloacas. Rafaela, con la misma cantidad de habitantes, tenía el 95 por ciento. Hoy tenemos un 45 por ciento de los vecinos con red cloacal. Falta, pero en ese camino estamos.

—¿Cuáles son los avances más destacados en materia de seguridad? 

—De seguridad estamos mucho mejor. Con el gobierno de Omar Perotti teníamos tres patrulleros para una ciudad de 100 mil habitantes. Hoy contamos con 18 patrulleros que tratan de prevenir el delito. Hoy tenemos un centro de monitoreo municipal con más de 400 cámaras. El Sistema Lince, implementado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, instaló 960 cámaras en la ciudad, así que hoy tenemos más de 1.300 cámaras controlando el delito en nuestra ciudad. Además de la prevención, sirven para detectar el delito y esclarecerlo. Estamos con una nueva construcción del Centro de Monitoreo para que el personal se sienta más cómodo. Es una atención que tiene personal municipal las 24 horas, con un agente policial coordinando con el 911. Tenemos una comisión de apoyo a la seguridad, integrada por concejales, por la Asociación de Comercio e Industria, donde evaluamos en qué zona está ocurriendo el delito para hacer un monitoreo constante. Tenemos reuniones con el Ministerio de Seguridad cada 15 días. Esto anteriormente no lo teníamos. Cuando una persona sufre un hecho de inseguridad llama al 911, pero quiere que le resuelva el problema el más cercano: el intendente o el concejal. Más allá que la seguridad no es específicamente una obligación del Ejecutivo municipal, tenemos que estar presentes.

—El año que viene hay elecciones, ¿te gustaría tomar la posta en una virtual intendencia en Villa Gobernador Gálvez?

—Estamos abocados al día a día, primero a la responsabilidad que me toca en el Concejo, pero también a la gestión municipal, porque somos un equipo que viene trabajando fuertemente. En mi recorrido político, nunca he rechazado propuestas en las cuales me he sentido preparado. Cuando tengamos que afinar los nombres, por la trayectoria y por lo comprometido que estoy con la ciudad como un vecino más, no tengo ningún inconveniente de asumir este desafío. Pero no son instancias personales, sino que son decisiones colectivas. Si en las reuniones que tengamos con Alberto, con el equipo y demás, surge mi nombre, estaremos ahí acompañando este nuevo desafío que me tocará en adelante.

—¿Cómo estás viendo el socialismo dentro de esta coalición de Unidos? ¿Cómo pensás que puede ser el rol de cara a las próximas elecciones?

—El eje que le da el Partido Socialista a la gestión de Unidos es más que importante. Tenemos una representación muy fuerte en la Legislatura, donde todos los proyectos que se presentan desde el Ejecutivo tienen un fuerte apoyo por los compañeros legisladores del Partido Socialista. Tenemos una gran representación de intendentes y presidentes comunales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Creo que somos una parte importante en la construcción de Unidos, como hemos hecho en su momento en el Frente Progresista, y creo que vamos a acompañar todo este proceso, siempre con la independencia que tiene nuestro partido en algunas cuestiones. Vamos a acompañar algunas decisiones que viene tomando el gobernador, pero cuando haya que plantear otras cuestiones, también estaremos generando opiniones en contra. Entendemos que es un proyecto político que viene transformando las ciudades y la provincia de Santa Fe.

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El relevamiento, que procesó respuestas recolectadas de manera digital entre finales de junio y principios de julio de 2026, refleja una realidad crítica con un componente marcadamente local, ya que el 72,4 por ciento de las personas encuestadas viven en Rosario y un 36.8 por ciento tiene entre 30 y 39 años. La muestra revela además que el impacto más severo recae sobre el colectivo travesti-trans, el cual representa al 81 por ciento de los testimonios.

“Venimos trabajando hace varios años con el colectivo LGTB con un proyecto de ley de un cupo de viviendas para la comunidad, pero como nunca se trata porque cada vez los sectores gobernantes se ponen más a la derecha, decidimos empezar al revés: generar conciencia sobre la situación de vivienda de la comunidad. Entonces con Ana Laura Pinto, quien hizo la encuesta, buscamos números concretos para establecer el grado de necesidad que tiene esta comunidad”, señaló el diputado provincial por el FAS, Carlos Del Frade, en relación al proyecto que busca facilitar el acceso a la vivienda a la población travesti trans, que fue presentado tres veces en la Legislatura provincial. 

Encuesta habitacional ACÁ

Según el relevamiento, un 44,8 por ciento de las personas consultadas atraviesa situaciones de inestabilidad o precariedad habitacional alta. De la totalidad del estudio, apenas dos personas afirmaron tener una vivienda propia, mientras que 14 viven en casas prestadas, 7 se encuentran en situación de calle y 5 residen en pensiones u hogares. Un dato que interpela el diseño histórico de las políticas de Estado es que 30 de los encuestados viven solos, lo que demuestra que los programas oficiales basados en el tradicional requisito de “grupo familiar” terminan excluyendo estas realidades de manera indirecta.

El mercado inmobiliario privado se presenta como uno de los principales escenarios de exclusión. El 70,7 por ciento de la muestra indicó haber sufrido discriminación al intentar alquilar un inmueble o realizar un trámite vinculado a la vivienda. Los relatos recogidos denuncian un patrón de abusos que incluye desde el trato hostil y el cobro de sobreprecios, hasta la cancelación abrupta de los acuerdos de alquiler una vez que las inmobiliarias o los propietarios conocen a la persona de manera presencial. A estas violencias se suma la exigencia de garantías económicas desproporcionadas que no tienen en cuenta el nivel de trabajo informal que predomina en los jóvenes y en la comunidad.

“En la encuesta dicen que fueron rechazados sin tener en cuenta esa trayectoria de vida, porque la existencia de una persona trans es muy dolorosa, muy difícil y necesariamente tiene que ser contemplada. Se suma la falta de ingresos que son muy precarios en el 90% de los casos. Al no tener un nivel de ingreso estable es muy difícil acceder hoy a los créditos en las condiciones que se establecen. Por eso necesitamos que haya también un sistema crediticio que contemple la trayectoria existencial de cada persona de la comunidad trans. Muchos chicos y chicas trans terminan viviendo en la calle, en una situación realmente muy dolorosa. Es un sector muy vulnerable que imperiosamente necesita una respuesta del Estado”, señaló Del Frade.

El panorama no resulta más alentador frente a las ventanillas del Estado. Cuarenta personas expresaron la intención de inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, pero afirmaron que nunca lo intentaron ante la previsión de complicaciones administrativas. Por su parte, quienes sí buscaron anotarse se encontraron con un sistema burocrático que los expulsa al exigir ingresos formales comprobables, un domicilio estable previo o la conformación de un grupo familiar tradicional, condiciones que muchas veces resultan de imposible cumplimiento dadas las trayectorias de vida del colectivo.

“Hoy el 50% de la población económicamente activa está en condiciones de trabajo informal. Es fundamental habilitar otros tipos de mecanismos y mayor flexibilización. Por eso es tan importante generar una especie de inmobiliaria pública. Hay que flexibilizar requisitos y garantías, pero también capacitar organismos públicos y a las inmobiliarias, porque si no el panorama termina siendo muy sesgado. Nuestra idea es que haya una especie de capacitación a los sistemas inmobiliarios privados para que contemplen la necesidad de esta comunidad”, agregó el legislador.

El precio de los alquileres no para de subir y según el último informe del Ceso un tres ambientes ya cuesta 650 mil pesos por mes en Rosario

Cupo de viviendas

Como salida a la crisis, las personas encuestadas exigen la creación de viviendas públicas con cupos prioritarios, la flexibilización de los requisitos financieros y el diseño de mecanismos eficientes que penalicen la discriminación.

El estudio, impulsado en conjunto con referentes de la diversidad y el equipo legislativo del diputado Carlos del Frade, pretende mostrar la realidad habitacional de la comunidad LBTBIQ+ para acompañar la presentación, por cuarta vez en la Legislatura provincial, Programa Provincial de Acceso Integral al Hábitat para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. “Fundamentamos el proyecto en una discriminación positiva: que el Banco Municipal, que es el único estatal en la provincia de Santa Fe, otorgue una línea de créditos vinculadas a la comunidad con mayor facilidad. También un cupo de viviendas con el sistema Nido, creado por el gobierno de la provincia. Hoy los sectores que conducen la provincia están muy lejos de estas ideas, pero no hace mucho tiempo atrás esta legislatura votó la Ley de Cupo Laboral Trans y en ese mismo sentido debería habilitarse una línea de acceso a la vivienda para esta comunidad, porque si no después el problema social se hace más costoso para el Estado con el aumento de personas en situación de calle”, señaló Del Frade. 

El proyecto

La iniciativa propone la creación del Programa Provincial de Acceso Integral al Hábitat para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El objetivo principal es garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna para esta población en situación de vulnerabilidad social. El proyecto contempla acciones habitacionales, sociocomunitarias, educativas, laborales, sanitarias y culturales basadas en los principios de derechos humanos, igualdad y respeto a la diversidad.

El programa está destinado a personas mayores de 18 años con una residencia mínima de dos años en la provincia. La norma no exige haber realizado la rectificación registral del sexo o nombre establecida en la Ley Nacional de Identidad de Género para acceder a los beneficios. La autoridad de aplicación priorizará en la asignación a mujeres mayores de 35 años, personas en situación de calle, grupos convivientes con discapacidad, personas con enfermedades crónicas graves, víctimas de violencia por identidad de género e individuos en extrema vulnerabilidad socioeconómica.

Las herramientas habitacionales planificadas abarcan la adjudicación de viviendas sociales, sistemas de alquiler social, acceso a lotes con servicios, otorgamiento de créditos blandos y el fomento de cooperativas de vivienda. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, designada como autoridad de aplicación central, deberá articular estas políticas con otras carteras del Estado para asegurar el acompañamiento en áreas como salud, educación y trabajo. Además, el texto promueve la capacitación en oficios y la participación activa de las personas beneficiarias en los procesos de autoconstrucción y mantenimiento edilicio.

Para sostener económicamente el programa se instituye un Fondo Provincial específico que se integrará con partidas del presupuesto oficial, fondos de cooperación internacional, donaciones y aportes privados vinculados a estrategias empresariales de sostenibilidad. A su vez, se conforma un registro provincial de carácter voluntario y confidencial de personas beneficiarias. El monitoreo y la transparencia estarán a cargo de un Consejo Provincial Asesor de carácter consultivo, integrado por representantes estatales, actores universitarios y organizaciones de la sociedad civil. 

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Con la apertura del primer Polo de la Niñez en Rosario proyectada para fines de agosto, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano que conduce Victoria Tejeda busca dejar una huella en un área de gestión que considera crítica ante un tejido social fuertemente golpeado. Tras la paralización de fondos nacionales, la funcionaria detalló en diálogo con el stream El Ciudadano Política el rediseño integral de las políticas de asistencia, que ahora absorben directamente el área de discapacidad, y el desafío de sostener la red de contención en los barrios. “Son áreas olvidadas por el gobierno nacional, pero desde la provincia decidimos invertir en las personas”, aseguró y adelantó la iniciativa de convertir en ley el programa de prevención de violencias Nueva Oportunidad. 

—¿Qué balance podés hacer de lo que va de tu gestión?

—Cuando el gobernador nos convocó, renuncié como diputada nacional tras dos años de mandato. Lo primero que le planteé fue poner como eje del ministerio a la niñez. Necesitábamos centrarnos para fortalecer esa área, y así lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Con Daniela León, secretaria de Niñez, todo el día estamos en contacto por temas que tenemos que resolver en conjunto, por propuestas y porque es un área muy delicada que necesita una especial atención. En ese marco fueron los cambios y propuestas que llevamos adelante en la gestión.

—¿Cómo va a funcionar el Polo de la Niñez en Rosario y en Santa Fe? 

—El Polo de la Niñez surgió después de ver la realidad durante un año y pico de gestión. Conversando con Daniela, y en nuestras reuniones de trabajo, veíamos que era necesario contar con un espacio acorde, pero además que cada niño y niña lo pueda transitar a través de la promoción de derechos y de la prevención de cualquier tipo de violencia o abuso. Este espacio fue pensado y diseñado teniendo en cuenta los derechos que figuran en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese marco, próximamente vamos a poder disfrutar de este espacio en Rosario donde van a estar los trabajadores que hoy se encuentran en calle Ricardone. El Polo se va a ubicar en Sarmiento y Santa Fe y la idea es que podamos inaugurarlo a fines de agosto. En Santa Fe pudimos adquirir lo que era Casa Cuna. Compramos la propiedad en marzo o abril de este año y ahora se están haciendo los trámites porque es patrimonio histórico cultural, así que tenemos que pasar por la comisión que aborda este tema. Hemos enviado nuestra propuesta porque hay que respetar el patrimonio, pero además, mantener la edificación con la misma mirada que va a tener en Rosario: que se lleve adelante a través de los derechos, que cada niño y niña pueda hablar del derecho a la identidad, a la familia, a la educación, a jugar y divertirse en contextos acordes. 

—¿Cómo va a funcionar en concreto?

—Nosotros somos el segundo nivel de atención. El primer nivel lo llevan adelante los gobiernos locales. De las 365 localidades de nuestra provincia, 362 tienen convenio de servicio local, que es el primer nivel que aborda las demandas de Niñez. Cuando ingresamos había alrededor de 100 localidades. No solo pudimos conveniar con 362 localidades, sino que además quintuplicamos el aporte porque creemos que la prevención y la promoción de derechos evita llegar al segundo nivel, que somos nosotros, quienes tomamos las medidas de protección excepcional que requiere retirar al niño o a la niña de su familia o de esos vínculos que están llevando adelante su cuidado. En el Polo de la Niñez vamos a trabajar sobre prevención, promoción de derechos y, además, tomar estas medidas. Obviamente, retirar un niño o una niña de su centro de vida es una definición compleja para la que hay que completar determinados formularios y hacer entrevistas. Cuando se corre riesgo cierto la medida se toma. Tenemos distintas alternativas: o ir a una familia de acogimiento o ir a un residencial, y estamos trabajando muchísimo para fortalecer esas herramientas. Todo eso va a transcurrir en el Polo de la Niñez. Intentamos que también sea agradable. Hoy muchos adolescentes van a visitarnos a Ricardone porque ya han generado un vínculo con Niñez o hay un acompañamiento. Por ejemplo, está el PAE, que es el Programa de Acompañamiento al Egreso, para jóvenes que no fueron adoptados y que cuando cumplen los 18 años no pueden seguir en un residencial. Esos niños y niñas que pasan a ser adultos necesitan construir su proyecto de vida y una autonomía. Nos pasa que mayores de 18 siguen yendo a Niñez porque se construye un vínculo con esos jóvenes y seguimos haciendo el acompañamiento. Todo eso lo vamos a poder hacer de una mejor manera, acorde a la que se merecen nuestros niños y niñas.

—En el inicio de tu gestión, contabas que era necesario poner a funcionar el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos. ¿Se pudieron hacer avances sobre ese tema?

—Sí, la verdad que sí. Pudimos articular mejor desde Niñez para que también se tenga en cuenta la mirada de las personas que hoy están con esos niños y niñas, me refiero a trabajadores que se encuentran en los residenciales o también que son parte de los equipos. Cada niño y niña sobre el cual se tomó una medida de protección excepcional, que está bajo la guarda del Estado, tiene un equipo conformado por psicólogo, trabajadora social, abogado o abogada que acompaña el trayecto de ese niño o niña. Logramos también que se pueda escuchar a ese equipo, a esas personas que están a diario con los niños, niñas o jóvenes, para también dar nuestro punto de vista y ver cómo están avanzando. También el Ruaga ha avanzado con alguna actualización a través de las redes sociales, que son herramientas que hoy tenemos, para que niños y niñas cuenten su historia y puedan ser adoptados, preservando su privacidad. 

—Cuando asumiste sumaste a tu cartera las áreas vinculadas a discapacidad y juventudes ¿Cómo fue esa integración en cuanto a la organización y a nivel presupuestario?

—Tiene que ver con cómo cambió la mirada con respecto a la discapacidad. Hay que hablar de una mirada social y por eso entendíamos que tenía que dejar de estar en salud e ir a nuestro ministerio, que habla de todo el desarrollo integral de la persona. Creemos que ha sido acertada esa decisión. Con la ministra de Salud estuvimos reunidas hace dos semanas porque ella era parte de una junta de discapacidad, entonces siempre le consulto temas y trabajamos en conjunto. Pudimos empezar a articular otro tipo de políticas que tienen que ver con la construcción de autonomía de las personas con discapacidad y el acompañamiento. El presupuesto se ha ido incrementando. Había un malestar y una situación insostenible de las organizaciones y de las instituciones por la falta de pago del gobierno nacional para el programa Incluir, para los prestadores y para las organizaciones. Muchas son sin fines de lucro y se han generado a partir de mamás, de papás, de grupos, de familias de personas con discapacidad que encontraban la necesidad de contar con alguna institución que los acompañe. Al frenarse los pagos, se generó un gran problema con estas organizaciones. Desde el gobierno provincial hemos acompañado en todo lo que pudimos, desde el Supreba, que es un programa para acompañar a las personas con discapacidad que no tienen obra social y no tienen Incluir. Hoy tenemos cerca de 430 personas que tienen su prestación y somos una de las mejores provincias que paga con respecto a residencias para las personas que se alojan, pero que también participan de un centro de día donde desarrollan distintas actividades.

—En la previa de tu asunción como ministra, dijiste: “Quiero dejar una marca en Santa Fe, venimos a gobernar y a gobernar bien”. Si tuvieras que proyectar el tiempo que queda de gestión y mirar un poco hacia atrás también, ¿cuál sería esa impronta que creés que vas a dejar en el final de tu periodo como ministra?

—Me gustaría dejar varios. Lo más importante va a ser la capacidad instalada de resolución de problemas. Si dejamos armado un protocolo, que se va a tener que ir actualizando, pero somos ágiles y eficientes en el uso de los recursos, es una capacidad instalada para el Estado para siempre. También me gustaría, por ejemplo, que el Nueva Oportunidad tenga su ley para que se pueda llevar adelante siempre en cualquier gestión. Es una política de prevención del abordaje de la violencia muy importante. Hoy en la provincia estamos llegando a 22.000 jóvenes de toda la provincia, donde se hace un abordaje a través de una capacitación, de un encuentro deportivo semanal, con actividades culturales o con algún oficio, pero lo más importante es el tercer tiempo, donde se lleva adelante el espacio de escucha, donde cada joven puede hablar del abordaje de los consumos, de la violencia, de violencia de género, de vulneración de derechos. También tenemos Nueva Oportunidad con personas con discapacidad y podemos acompañar a construir ese proyecto de vida. Si ese programa pasa a ser una ley sería realmente una gran señal. El gobernador estuvo hace dos meses y medio reunido con 40 jóvenes de Nueva Oportunidad de distintos barrios y ahí ellos le propusieron que pueda ser ley. Les dijo que sí, así que estamos trabajando para poder hacer la presentación con los jóvenes.

Y ni hablar de los dos Polos de la Niñez. Se abordan temas muy críticos y muy graves. Hemos avanzado con el cierre de varios residenciales porque no cumplían con los estándares de calidad que son necesarios para los niños y niñas, pero también eso ha demandado que podamos abrir nuevos espacios porque esos niños y niñas tienen que estar en un lugar cuidado. Tenemos que devolverle los derechos a esos niños que han sufrido una vulneración y después garantizarles el derecho a ir a una escuela, a la vestimenta, a alimentarse y nutrirse como corresponde, el derecho a la familia. Es un proceso que tenemos que trabajar mucho con Ruaga porque es devolverle a ese niño o niña la posibilidad de construir su proyecto de vida. Si logro esos objetivos, pero sobre todo la capacidad instalada, estamos en un buen marco.  Aprovecho para agradecer el trabajo que están haciendo los trabajadores de planta de Niñez acompañando la gestión. Me llena de alegría porque están acompañando la gestión para resolver los problemas de los niños, de las niñas y eso es trascendental. También el trabajo que se hace en los barrios. Tenemos muchas trabajadoras sociales, psicólogos, abogados que están en el barrio, que escuchan, que resuelven y que acompañan. Hoy hablar de acompañamiento es trascendental, sobre todo cuando escuchamos muchos discursos de odio o donde nos dicen que cada uno se salva solo. No lo compartimos y ese trabajo no lo hacemos entre funcionarios solamente, lo hacemos con la planta que nos acompaña. 

—Creo que fuiste elegida para el área porque te desvelan estos temas… 

—Tenemos a cargo a niñez, el área de género, de personas mayores, de discapacidad y juventud. Son áreas que lamentablemente han sido olvidadas por el gobierno nacional y que desde el gobierno provincial decidimos invertir. Nosotros invertimos, no gastamos en las personas porque creemos que hay que ser eficientes en el uso de los recursos, pero que eso se puede hacer acompañando instituciones y organizaciones. Me duele cuando veo una persona en situación de calle, como le debe doler a cualquier ciudadano de nuestra provincia y de nuestro país. Pero no me quedo con que me duele. Tengo la orden del gobernador de que a ningún santafesino le falte un plato de comida y por eso invertimos solamente en nuestro ministerio, porque el Ministerio de Educación invierte el doble que nosotros, 5.200 millones mensuales en seguridad alimentaria, que incluye comedores. Tenemos convenio con más de 100 dispositivos. Estamos acompañando a más de 160 gobiernos locales con programas de seguridad alimentaria y con la tarjeta de ciudadanía. También estamos acompañando a clubes porque hay niños, niñas y jóvenes que necesitan nutrirse. Hoy tenemos que hablar de nutrición y también de malnutrición. Por eso también tenemos programas específicos que estamos abordando con el Ministerio de Salud y en articulación con los gobiernos locales. 

—En el marco del ajuste del gobierno nacional, ¿cómo se hace para coordinar los esfuerzos desde tu ministerio? ¿Se necesitaron refuerzos presupuestarios? ¿Qué observación hacés de la evolución del mapa social en la provincia?

—El esfuerzo mayoritario lo hace la provincia con los gobiernos locales. Nosotros hemos recibido algunos rezagos de Aduana y eso es todo. El esfuerzo también lo hacen los santafesinos a través de los impuestos que pagan. Por eso el gobernador nos pide que seamos muy eficientes en el uso de los recursos. El año pasado a mitad de año no tenía más presupuesto y ahora estoy más o menos en la misma situación, hablando con el ministro de Economía para poder ampliar las partidas. 

No queremos que a ningún santafesino le falte un plato de comida, por eso también tenemos que realizar algunas auditorías y controles para que lo que se articula llegue a destino. Tenemos instituciones y organizaciones sociales que trabajan muy bien y que entienden que nadie se salva solo y ese trabajo lo hacemos mancomunadamente.

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El evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Según explicaron desde la organización a través de un comunicado, el encuentro funciona como un espacio político y de fortalecimiento que reunirá a referentes y activistas de todo el país. El objetivo principal es visibilizar las identidades, combatir el racismo y la violencia machista, e impulsar propuestas orientadas a diseñar políticas públicas mediante el diálogo con el Estado, la academia y la sociedad civil.

El primer encuentro fue en 2023, en el marco de los 10 años de la Ley 26.852. “Cuando todavía existía el Inadi convocaron a un encuentro en el Congreso de la Nación donde participaron más de 200 compañeras y compañeres de todas las provincias. Fue un encuentro histórico en términos de participación política para fortalecer redes y pensar políticas públicas. Con el avance de la derecha y el impulso del primer encuentro, quienes estuvieron en el Congreso retomaron las riendas para no romper las redes construidas y se volvieron a encontrar de manera autogestiva y virtual durante los dos años siguientes. Este año decidimos hacerlo presencial en Rosario porque se cumplen 10 años del primer taller de mujeres afrodescendientes”, explicó a El Ciudadano Juma da Cunha Kessler, quien forma parte de la Asamblea Federal MLBTTNBI+ Afrodescendientes de y en Argentina. 

Cronograma de actividades abiertas

Durante el sábado 25, la agenda ofrecerá múltiples instancias abiertas a toda la ciudadanía. La apertura de las actividades tendrá lugar por la mañana en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750), mientras que la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR (Entre Ríos 758) oficiará como sede para la feria de emprendimientos y los talleres culturales. El cierre de esta primera jornada se realizará con una noche cultural en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645), donde se proyectará el cortometraje “El remanso de las pieles” y se presentará la pieza teatral “Afroargentinas, La Obra”. 

 

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Debate interno y espacios de trabajo

En paralelo, la asamblea dispondrá de espacios exclusivos para la comunidad afrodescendiente MLBTTNBI+, los cuales incluirán un área dedicada a las infancias y mesas de trabajo orientadas a elaborar diagnósticos situados.

Los debates se dividirán en cinco ejes temáticos:

1. Geopolítica de reparación y buen vivir desde el Sur Global y alianzas transnacionales.
2. Cuerpos, territorios y espiritualidades frente a las violencias políticas, de género y raciales.
3. Economía, trabajo, tecnología y empoderamiento.
4. Arte, cultura y comunicación.
5. Migraciones.

Marcha y reclamo de Justicia

El domingo 26, las actividades culminarán con una marcha que partirá a las 14 desde la Facultad de Humanidades hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leerá un documento, y al cierre habrá una presentación en vivo de Mostras Cumbá (de Uganda) y una kiki session del Movimiento Kiki de Rosario. 

Durante esta movilización, estará presente la familia de Giovani Mvogo, el adolescente de 17 años que falleció en el Parque España en noviembre de 2024. A pesar de los meses transcurridos, la Justicia local todavía no logró determinar si su muerte fue un homicidio. Vanesa Palavecino, madre del joven, sostiene que se trató de un crimen y denuncia públicamente que existieron negligencias durante la investigación, las cuales enmarca en un caso de racismo institucional.

Racismo en Argentina

Consultado sobre los discursos que acusan al país de ser racista, Juma opinó: “El primer paso para reconocer el racismo es reconocernos como personas racistas, reconocer el territorio en el que vivimos y cómo hubo un borramiento de la historia de las personas afrodescendientes y de los pueblos preexistentes en nuestro territorio, algo que pasa hasta el día de hoy”. Además, tildó de hipócritas a quienes no reconocen que existe el racismo: “Encontramos figuras de personas negras diciendo que Argentina no es racista. Hablan desde un lugar individual y no desde lo colectivo, porque plantear que las personas afrodescendientes no sufren constantemente el racismo en nuestro territorio es hipócrita. Es necesario que escuchemos las voces de las personas afrodescendientes militantes que están todos los días abordando la temática en el territorio”.

Como persona travesti, Juma plantea la doble carga de discriminación que existe por raza y género. “Por algo hay una asamblea que es de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries. No es lo mismo ser una persona cis, heterosexual y heteronormada, que ser una persona travesti o lesbiana. Implica una doble opresión en esos cuerpos. Merecen otro debate, otra instancia de diálogo y otro enfoque. Hay una diferencia en por qué nos estamos reuniendo cuerpos que fueron históricamente oprimidos. No es un debate tan general, porque no todes vivimos de la misma manera ni el racismo, ni la existencia en el territorio, ni la existencia como personas en la sociedad”, concluyó.

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Andrea Paz es secretaria adjunta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram), secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista y secretaria general de la CGT Departamento General Obligado. Desde su representación de las y los trabajadores se mostró crítica con el proceso de reforma constitucional y ley de municipios, tras considerar que pone en riesgo el piso mínimo de derechos y deja normativas laborales clave a discreción de cada intendencia, al tiempo que destacó el aumento acordado por el gremio en una discusión paritaria que sigue en negociación. En diálogo con el stream El Ciudadano Política, repasó los conflictos de gestión del norte provincial y destacó la necesidad de una articulación conjunta del peronismo para ofrecer una alternativa de gobierno. Tras cuestionar los personalismos y a dirigentes que acompañan medidas de ajuste, planteó la importancia de reconstruir la representatividad desde las bases y consolidó su apoyo al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof como el principal motor de un proyecto político nacional alternativo.

—Fuiste muy crítica del proceso de reforma constitucional ¿Qué balance hacés del texto que se sancionó? 

—Creíamos que se daban las condiciones, que se manifestaba que iba a ser democrática, que iba a haber debate y que podía salir un producto beneficioso no solo para los trabajadores a los cuales yo represento, sino para todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Pero estamos ante un gobierno provincial que habla de democracia, que en la realidad es ficticia, porque arma reuniones de consenso en las que después no te tiene en cuenta. Hacen uso de la mayoría de los votos que tienen en la Legislatura y sacan todo sin ningún tipo de aporte de cualquier institución, organización o ciudadano. En el caso de los trabajadores municipales, ninguna de las cuestiones que planteamos fueron tomadas en cuenta. Fuimos de los primeros que dijimos que no había necesidad ni urgencia de hacer una modificación de la Constitución en este contexto de ajuste. Ninguna reforma constitucional en un modelo de ajuste puede salir a favor de los trabajadores y de los ciudadanos comunes. Sale a favor de los privilegiados y de la casta, como son algunos sectores de la política.

Pienso, por ejemplo, en la ley de Coparticipación que se está esperando, porque se avanzó en la consagración de la autonomía sin trasladar los recursos. En las audiencias públicas fuimos los únicos que reclamamos que la provincia debería garantizar el 25% de la totalidad de los recursos como ingresos participables para los municipios. Ninguno de los intendentes y de los legisladores acompañaron ese pedido. Después, cuando sale la nueva Constitución, se avanza sobre la nueva ley Orgánica, donde se declara que todas las localidades pasan a ser municipios, dejan de existir las comunas, todos van a gobernar cuatro años, pero nosotros estamos convencidos de que la reforma de la Constitución y de la ley Orgánica tienen que ver más con resolverle los problemas a la política que los problemas reales de los trabajadores y de los ciudadanos.

No quedó nada escrito de ninguna pérdida de derecho de trabajadores, pero quedaron todos en una zona muy gris, que depende del intendente de la localidad que quiera o no respetar las leyes que hoy llamamos plexo normativo de piso, que tiene el trabajador municipal en la provincia de Santa Fe. Todas esas leyes, que para nosotros son un piso normativo, en esta nueva ley Orgánica quedan a interpretación de cada una de las localidades. Lo vemos con mucho riesgo, porque va a depender de qué tipo de persona está gobernando. Ahí es donde vemos la gravedad de esta ley Orgánica. Vamos a seguir sosteniendo la bandera de lucha y de defensa de los derechos y del salario del piso que tenemos en la provincia de Santa Fe, que somos el único sector municipal en el país que tiene este plexo normativo. Ninguna otra provincia lo tiene, siquiera en Sudamérica. Lo vamos a seguir defendiendo porque aún con estas leyes en algunos lugares hay hasta un 40% de trabajo en negro.

—En abril lograron un acuerdo con un aumento del 19,3%. ¿Cómo están pensando la próxima paritaria?

—El martes tenemos una reunión de la mesa técnica a las 9 de la mañana y a las 11 ya tenemos paritaria en la casa de gobierno. Vamos a seguir discutiendo política salarial porque es necesario y porque los trabajadores municipales merecemos que se nos reconozca. Si bien hoy no podemos decir que estemos por debajo de la inflación, porque no está el último índice, hay una pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores. Desde 2023 a diciembre de 2025 hay un margen de entre el 18 y el 20% de pérdida que tuvo el trabajador municipal en su salario. Teniendo un piso garantizado todavía no tenemos un único salario en toda la provincia. La escala de Festram es una escala promedio. Tenemos un montón de municipios que están por sobre esa escala. Rosario, que no pertenece más a esta federación, está por debajo. 

—En Reconquista atravesaron un conflicto con el intendente Enri Vallejos por el tema del aguinaldo. ¿Cómo está la situación general en los municipios? 

—Es el mismo modelo económico que hace que empiecen a congelarse todos los ingresos porque la gente no tiene recursos. Es un círculo vicioso que siempre ponemos de manifiesto. Con respecto al conflicto en Reconquista por el aguinaldo, no faltaban los recursos. Era una decisión política no pagar el aguinaldo antes del Día del Padre. Siempre se pagaba el aguinaldo antes, y cuando no se llegaba con los recursos se hacía un anticipo para que el Día del Padre los trabajadores puedan tener una mesa medianamente feliz junto a su familia. Este año, teniendo los recursos para la totalidad del aguinaldo, el intendente decidió no abonarlo. Si bien el Ejecutivo no estaba incumpliendo con ninguna ley, estaba incumpliendo con la parte más empática, más moral, cuando tenemos un intendente que tiene un canal de oración. Salimos a preguntarnos quién nos gobernaba: ¿la persona que decía que había que ser solidario y tener empatía, pero que hacía pasar a 1.800 familias sin un peso en el bolsillo el Día del Padre? El trabajador siempre trata de entender cuando la economía o el presupuesto municipal está en problemas, porque las gestiones pasan y los trabajadores permanecemos. A la semana siguiente de esa discusión, el 26 de junio, se cobró el aguinaldo. El 3 de julio se cobró el sueldo. Ahí queda claro que nosotros teníamos razón, que no era económico, sino que era una decisión política no darle a los trabajadores ese alivio en ese momento tan significativo para toda la familia. Hoy seguimos discutiendo por otros temas. Con el Ejecutivo tenemos mucho diálogo, pero hay momentos donde se tocan intereses de los trabajadores. Yo voy a estar en la vereda que represento, porque representa mis convicciones: la defensa de los derechos, del salario mío y de mis compañeros.

—El intendente Vallejos fue uno de los peronista que decidió jugar por fuera del PJ. ¿Cuáles son las claves de ese juego político?

—Tampoco tenemos muchas explicaciones. Es un intendente que llegó por el peronismo, que gobierna por el peronismo, pero que en las últimas elecciones fue parte de Provincias Unidas y, además, una semana antes de las elecciones salió a dar su apoyo a (la ex vicegobernadora y actual diputada Gisella) Scaglia. No se entiende cuál es el juego o la decisión que toma. Cuando hablamos de política tratamos de hablar de modelos económicos de país. Sabemos que llegó por el peronismo y que lleva adelante acciones favorables para los trabajadores. Por ejemplo, uno de los logros a inicio de año fue firmar un acta acuerdo que después se transformó en un decreto, donde los trabajadores percibimos un 12% de la categoría 8 por refrigerio. Estamos hablando de casi 100.000 pesos por cada trabajador. Es una mejora sobre el salario, pero después demora en pagar el aguinaldo teniendo la plata. Son esas contradicciones continuas que tenemos en este diálogo con el Ejecutivo de Reconquista. 

—¿Ves alternativa al modelo económico nacional? 

Nosotros estamos convencidos de que otro modelo es posible porque lo hemos vivido en años anteriores. Para nosotros, hoy a nivel nacional lo representa Axel Kicillof, con el cual venimos trabajando hace más de dos años a través de Walter Correa, que es el ministro de Trabajo. En la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, está un secretario general de un sindicato. En Santa Fe tenemos un empresario. Queda claro cuáles son los modelos que se llevan adelante, cuál es la mirada que se tiene de un país federal. Vamos a seguir acompañando este modelo que incluye a toda la comunidad. 

—¿Qué problemáticas pudiste plantearle al gobernador Kicillof y qué tipo de respuestas obtuviste?

—Fueron casi 2dos horas de reunión. El gobernador Axel quería saber de nuestras paritarias y de nuestro plexo normativo. Eso lo habló Claudio Leoni, que nos acompañó como presidente de la Federación. También hablamos de un congreso que se hizo el 28 y 29 de mayo en La Plata, donde nosotros tuvimos parte de algunos paneles. El trabajo que veníamos realizando va en camino de este modelo de país que pretendemos. Después terminamos hablando un poquito de política y Axel nos confirmó su interés de ser candidato a presidente el año que viene. En cuanto a la provincia tenía perfectamente claro lo que está pasando con el peronismo. Todavía falta un tiempo y se tienen que ir moviendo un montón de fichas. Casi todos los que creemos en un país distinto, en un modelo económico distinto, que incluye a todos, queremos gobernar el año que viene. Tenemos que seguir dialogando, seguir poniendo sobre la mesa las diferencias para encontrar un camino que tenga un único objetivo, que es la defensa de todos los ciudadanos y del pueblo, no individuales ni personales, sino que la propuesta que gane sea la del bien mayor, de todos los ciudadanos del país. No es un desafío menor, es muy difícil, pero se están sumando actores que ayudan a encontrar este camino.

—¿Cómo ves hoy al peronismo de la provincia de Santa Fe? ¿Se va a llegar finalmente a un proceso de unidad? 

—Hoy se ve muy difícil, porque no se logra poner por sobre las personas o los sectores, el bien común. Siempre manifestamos desde una representación del sector de trabajadores municipales que vamos a ser articuladores. En mi caso personal, me han hecho varias propuestas y a mí no me interesa ningún tipo de candidatura, lo único que me interesa es generar los espacios de articulación para lograr una propuesta o un modelo para el año que viene. Es importante escuchar, articular a los distintos sectores y que sea de abajo hacia arriba. La construcción nueva tiene que nacer de cada uno de los territorios. Si nosotros logramos legitimar la representatividad del sector de la política de cada uno de los territorios, tenemos grandes chances de gobernar el año que viene. Pero si no logramos eso, va a ser muy difícil y van a seguir ganando los mismos.

—¿Ves sectores del PJ que pueden llegar a jugar por fuera?

—Es una pena, porque no entienden que la política es una herramienta para resolver la problemática del ciudadano común. Quieren llegar a la política y sostenerse. En la reforma constitucional no va a haber más reelecciones, pero empieza a aplicarse a partir de ahora, o sea que «me aseguro mi reelección o la de mi gente y después a los que vienen sí ya se les aplica la nueva constitución». La gente ya está cansada de esas trampas. La poca gente que va a votar es el indicio de que la gente ya no cree más en la política como herramienta de solución para su problema cotidiano, y eso es grave y peligroso. Si no empezamos a explicarlo y a trabajarlo en los distintos sectores, ponemos en riesgo hasta la democracia. Lo peor que nos puede pasar como país es perder la democracia. Nosotros hablamos con todos los sectores porque creemos que es por ahí donde se tiene que resolver esta situación, pero son los primeros que tienen que salir a hablar y a incentivar la democracia real, no lo que hoy estamos haciendo.

—¿Te gustaría un peronismo más combativo a la hora de sancionar algunas reformas? 

—La gente está demostrando que ya no siente que el acto electoral sea un proceso importante. Si yo vengo del partido que dice representar a los trabajadores, no puedo ir al Congreso Nacional o a la Legislatura provincial a levantar la mano a todo lo que el gobierno provincial lleva adelante contra los trabajadores, como la reforma previsional. Esas contradicciones de manera continua no pueden existir más. La legitimidad de los representantes políticos tiene que ser total. El que va y levanta la mano después tiene que volver a su casa y darle explicaciones a su gente de por qué toma determinada decisión que no va siquiera en representación del partido que lo hizo llegar a ese lugar. Tiene que haber una línea entre lo que pienso, digo y hago. No puede ser que tenga un discurso y que después vaya y levante la mano para votar cualquier cosa en contra. Como ciudadanos tenemos que hacer este ejercicio de identificar con qué estamos de acuerdo y qué es lo que pretendemos. Es la única forma que podemos sanar la democracia, seguir adelante y beneficiarnos todos los ciudadanos con un modelo económico que nos permita tener una mejor calidad de vida en función del trabajo que llevamos adelante.

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