Un fiscal cuestionó la investigación que viene haciendo la justicia sobre una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en el automovilismo, informó ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF). El caso había tomado estado público en el marco de un procedimiento que se hizo en el autódromo de Rosario en noviembre pasado, mientras se desarrollaba una carrera de Turismo Nacional.
Los procesamientos «no contemplan la comisión de amenazas hacia las víctimas, su estado de vulnerabilidad y la consumación de la explotación, entre otros aspectos», señaló Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.
El funcionario judicial recurrió los procesamientos dispuestos sobre tres personas –una mujer y dos hombres- por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, actividad que «habrían desplegado utilizando como pantalla una agencia de promotoras en carreras automovilísticas, más precisamente en la categoría del Turismo Nacional».
La causa se inició cuando el 17 de noviembre último personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal realizó un procedimiento en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, en momentos en que se desarrollaba una carrera del Turismo Nacional.
El operativo, que contó con la participación de psicólogos y asistentes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, derivó en dos detenciones -una tercera se produjo en otro allanamiento desarrollado de manera simultánea en la localidad bonaerense de Pilar- y entrevistas a más de una veintena de mujeres contratadas por la agencia de promotoras.
De acuerdo a lo expuesto en el dictamen, la investigación «permitió hasta el momento constatar que la acusada K.J. dirigía una agencia de promotoras que participaba en eventos automovilísticos y que a partir de esta actividad de promoción canalizaba encuentros sexuales de promotoras por dinero».
Autódromo: las promotoras eran obligadas a tener sexo con empresarios y pilotos
«También se constató que J. coaccionaba a las promotoras para que realicen esos encuentros bajo la amenaza de no ser vueltas a contratar para las actividades de promoción», añadió el MPF.
El 5 de diciembre pasado, el Juzgado N°6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral «procesó a K.J. como autora del delito de trata de personas agravado por haberse llevado a cabo con intimidación, a E.F. como partícipe secundario de trata de personas, y al empresario O.R. como instigador de ese delito, agravado por haberse ejecutado mediante intimidaciones».
Picardi señaló además que «en base a una perspectiva de género, la Fiscalía concluyó la existencia de una relación de poder abusiva y desigual erigida sobre distintas víctimas, y que los imputados lograron incidir sobre la autodeterminación de éstas en base a la amenaza concreta, como mínimo, de perjudicarlas en su estabilidad laboral».
«No cabe dudas, a la luz de los elementos hasta ahora incorporados, que nos encontramos frente a un emprendimiento ilícito en el que participaron las tres personas procesadas, con distintos roles marcados, pero correspondiéndole a todas la misma responsabilidad frente a los hechos que se le reprochan”, añadió Picardi.
