“Está claro que tocamos algún interés”, dijo el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, al ser consultado por la denuncia judicial presentada por los legisladores del PJ para que se investigue si hubo algún ilícito en la contratación directa del nuevo operador de la autopista. Bonfatti –como había hecho antes el diputado Raúl Lamberto– vinculó la denuncia del PJ con la decisión del gobierno de dar por finalizada lo que fue una práctica habitual durante los años del anterior concesionario, Aufe SA: la siembra de soja en las banquinas de la autopista Santa Fe-Rosario.
Para el ministro de Gobierno, la presentación de los diputados de la oposición demuestra que están preocupados “por el tema de la soja”. “Está claro que tocamos algún interés; no es poco, porque son 800 hectáreas”, agregó Bonfatti. Tanto en el contrato con Consorcio Vial SA –la UTE formada por Edeca SA y Supercemento para la explotación de la autopista– como en el pliego de la futura licitación –que ya está en marcha– el Ejecutivo taxativamente prohibió que el concesionario continúe sembrando soja, una práctica que Aufe realizaba en conjunto con los municipios y las comunas que tienen jurisdicción en la zona.
Bonfatti remarcó la línea del gobierno, insistió en que la concesión “es legal” –a pesar del contundente dictamen del Tribunal de Cuentas que “observó legalmente” el expediente– y opinó que las quejas de la oposición se reducen al hecho de que el gobierno haya “tocado” intereses económicos concretos. “Se trata de un lobby sojero”, explicó. También descartó que se vaya a suspender el cobro de la tarifa de peajes, como habían sugerido desde el PJ.
“La contratación directa es legal, por eso vamos a seguir adelante con el decreto firmado por el gobernador (Hermes) Binner”. El ministro también refutó la impugnación del Tribunal de Cuentas, a la que calificó de “insustancial”. “Todo está dentro de la normativa vigente. Esta adjudicación está avalada y será la Fiscalía (de Estado) la que dictamine”, sostuvo. Sobre la investigación que se abrió en la Justicia por pedido del PJ, fue categórico: dijo que los diputados opositores analizan las gestiones del Ejecutivo buscando “el pelo en la leche”.
El funcionario dijo que el gobierno de Binner no está preocupado por la denuncia penal de los legisladores justicialistas y contraatacó: “Se ve que ellos están preocupados, pero por el tema de la soja. Está claro que tocamos algún interés”. De ese modo, el ministro de Gobierno aludió a la prohibición de plantar soja a la vera de la autopista: un negocio más que apetecible si se tiene en cuenta que hay casi 800 hectáreas cultivables en las banquinas de Rosario a Santa Fe.
La hipótesis que suscribió Bonfatti ya había sido planteada por el jefe del bloque socialista en la Cámara de Diputados de la provincia, Raúl Lamberto, quien en diálogo con este diario relacionó las objeciones del PJ con las presiones para que el gobierno permita volver a sembrar el poroto: “Me dijeron que son tremendas las presiones que se reciben para que nosotros volvamos a autorizar que se siembre soja en la autopista”, comentó Lamberto. “Evidentemente acá se ha pateado un hormiguero; hay intereses que se han visto afectados”, agregó.
