Una resolución del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, autorizó a las fuerzas de seguridad federal que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, y que en uno de sus artículos permite que la Policía dispare contra la persona que huye.
Fechada el pasado martes 27, aunque no fue publicada en el Boletín Oficial, la resolución determina un “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” y provocó alarma entre organismos de derechos humanos ya que el texto no establece un periodo de vigencia o un ámbito geográfico para su aplicación.
Rechazo a la resolución
La abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, afirmó ayer que es “ilegal” el reglamento emitido por el Ministerio de Seguridad que permite que la Policía dispare contra la persona que huye y advirtió que la norma refleja las “excusas” que habitualmente dan uniformados ante casos de “gatillo fácil”.
“Este reglamento es absoluta y completamente ilegal”, enfatizó Verdú, quien señaló que si bien hace referencia a una normativa de Naciones Unidas (ONU) “dice totalmente lo contrario que el organismo internacional.
En declaraciones a NA, Verdú subrayó que la normativa de la ONU, incorporado a la legislación argentina, “establece rigurosamente criterios para el uso de armas de fuego” y dice que “un policía no puede sacar el arma y mucho menos usarla si no está confrontando una agresión de igual calidad, o sea si no le están disparando. Así se avala el gatillo fácil”.
“Establece que no se puede disparar contra una persona en fuga, que no se puede disparar contra una persona desarmada”, subrayó la letrada.
Para la referente de Correpi, la normativa “legaliza las excusas que da la policía cuando mata alguien” en casos de gatillo fácil.
“Dicen yo creí que me iban a robar, yo creí que estaba armado. Esta es la legitimación de una política de gatillo fácil”, enfatizó.
Verdú se quejó que se trata de “una orden explícita” a las fuerzas federales de seguridad y no descartó que pueda extenderse a policías provinciales.
