Por Candela Ramírez
Para atrapar a Catalino Páez los militares persiguieron y secuestraron a dos familias enteras, los Medina y los Páez. Fue en 1980 y aquellos crímenes recién se juzgaron por primera vez en 2021. Ahora, la Cámara de Apelaciones dio lugar a un pedido de Apdh: considerar el abandono de persona como delito de lesa humanidad ya que hubo al menos 16 niños y niñas que quedaron a la intemperie cuando secuestraron a sus padres.
Catalino Páez fue uno de los referentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en los setenta pero cuando vino el golpe de marzo de 1976 y empezó a enterarse de las desapariciones, se alejó y pasó a dedicarse a trabajos rurales junto a su familia.
Todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia y sufrieron en carne propia la persecución estatal. La particularidad de este caso es que involucra a niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 14 años, hoy adultos que esperan justicia por los atropellos que sufrieron. Son 16 y 5 de ellos además estuvieron secuestrados en centros clandestinos de detención (CCD). La mayoría de ellos ya declaró en la primera elevación de la causa Chartier conocida como Laguna Paiva, por la localidad al norte de la ciudad de Santa Fe a la que pertenecían las familias.
En el primer tramo del juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe se ventilaron hechos ocurridos entre febrero y abril de 1980, cuando once trabajadores del Frigorífico Nelson, pertenecientes a la agrupación sindical La Lucha, fueron secuestrados y torturados en CCD.
Uno de los abogados querellantes de Apdh, Federico Pagliero, dijo a El Ciudadano: “En esta causa pudimos dar cuenta de que la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también en el cuerpo de sus familias. Pudimos acreditar a partir del valiente testimonio de 16 sobrevivientes quienes en 1980 eran niños y niñas, que existió un terror de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres”.
Al mismo tiempo, subrayó que el valor de la resolución judicial radica en que “da preeminencia al testimonio de cuatro familias sobrevivientes y pone en el eje la participación criminal del genocida Eduardo Riuli, quien por años convivió en la misma ciudad de la mayoría de las víctimas gozando impunemente de su libertad, siendo comisario y un prestigioso locutor de radio en Laguna Paiva, cuando en realidad se trata de un criminal genocida”.
Hay otro aspecto fundamental en esta causa: desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2006 se avanzó casi siempre en condenar a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad y en esta causa, con esta resolución, “se pone el acento en la participación del poder judicial en la última dictadura cívico militar encarnada en el ex juez Victor Brusa”.
Utilizar niñas y niños para amenazar: una crimen sistemático
¿Por qué se le da lugar a la figura del abandono de personas? En uno de sus fundamentos, la Cámara de Apelaciones dice lo siguiente: “Se ha alcanzado a corroborar que los hijos del matrimonio Páez-Medina, todos niños quedaron en absoluta soledad en el lugar luego de la detención de sus padres, situación de vulnerabilidad que, habiendo sido todos menores, los expuso a un peligro prolongado respecto a sus vidas y salud, dado que eran incapaces de procurarse cuidado y protección a sí mismos, habiendo dependido exclusivamente -en primera instancia- del que alcanzó a brindarles Mónica, la hermana mayor de ellos, con tan sólo 12 años de edad”.
Las niñas y niños, en esta causa, que fueron secuestrados (en la mayoría de los casos junto a sus padres) «fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la policía o a la Guardia de Infantería Reforzada permaneciendo en cautiverio en esos CCD de la ciudad de Santa Fe en condiciones infrahumanas de vida”, detallaron en la denuncia.
Otros presenciaron los operativos de noche, “padeciendo el despliegue de terror que por supuesto configura el delito de tormentos”, plantearon desde Apdh. Fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaban sus casas y secuestraban a sus madres y padres quedando “absolutamente abandonados a su suerte”.
En la denuncia presentada por la querella después del primer juicio se expone cómo la utilización de familiares de los perseguidos —ya sean padres, hermanos, hijos, sobrinos, etcétera— en los interrogatorios fue acreditada por la visita al país de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1979.
Para la Apdh no se trató de un caso aislado sino de “una metodología que respondía al sistema de represión ilegal implantado como política de Estado en nuestro país. El tratamiento dado a los menores -que respondía a planes y directivas ilegales- fue una práctica sistemática de importancia a la hora de obtener información durante los interrogatorios a sus familiares así como de crear una atmósfera de terror en los lugares de cautiverio”.
Una crueldad inexplicable
“Cómo van a hablar de guerra si se llevaron familias enteras”, dice Mario Páez a El Ciudadano. Habla de los dichos públicos de candidatos presidenciales en relación al terrorismo de Estado que hubo en Argentina entre 1976 y 1983. Mario es hijo de Catalino Páez y tenía 14 años cuando fue secuestrado. En ese momento trabajaba con sus padres y sus hermanos en un campo en Lima, Buenos Aires.
Las familias Páez y Medina eran trabajadores rurales, oriundas del norte santafesino. La persecución los llevó a estar divididos en varias localidades.
El de Mario es el único caso que fue juzgado en 2021 y ahora también se abre la posibilidad de juzgar a un acusado más, Víctor Brusa.
Mario cumplió 15 años en cautiverio. “Éramos menores, personas que no tenían nada que ver con nada. Nos usaron como botín de guerra. ¿Qué le podés pedir a una criatura de 5 u 8 años? Ahora dieron este giro de algo que parecía haber quedado en el olvido por las veces que desestimaron o hacían oídos sordos”.
A Mario le cuesta sostener la conversación para hablar de los tormentos de aquellos días pero tiene mucha firmeza para describir una de las cosas que más lo impactó: ver cómo los represores avanzaron sobre su padre “como una jauría, era una cacería humana”. Todavía hoy se pregunta qué puede llevar a un ser humano comportarse así.
“Ahí comprendés un millón de cosas. Siempre supe que mi papá era hombre de lucha”, dice, también: “Me queda ese vacío de no entender por qué ese extremo, cuál es el motivo, era una cacería humana, era un safari y es imposible de entender más allá de la lucha y los reclamos. Y menos lo entendés a los 14 años” .
Le resulta tan inexplicable como la enorme cantidad de personas públicas que por estos días cuestionan la gravedad de los delitos cometidos por la dictadura, que dudan sobre cifras y relativizan que hubo un plan de exterminio a pesar de toda la prueba judicial construida desde 2006 en adelante en todas las jurisdicciones del país con condenas que dan cuenta del genocidio perpetrado en Argentina.
“No educamos ni preparamos a nuestros hijos para que no vuelva a suceder”, se cuestiona, piensa que solo algunos de su generación (hoy tiene 58) se preocupan por mantener viva la memoria. Son muchos los y las jóvenes que condenan el genocidio, pero es cierto que son muchos también aquellos que no se sienten muy interpelados por esa narrativa. De esto habla Mario que se pregunta cómo salir a la calle a disputar los sentidos en torno a la memoria y el olvido.
No lo tiene resuelto pero agradece una y otra vez a “Apdh y todos los organismos de derechos humanos porque son ellos realmente los que se ocupan”.
El contexto no lo ayuda a mantener un espíritu optimista aunque cuenta que sigue conversando con vecinos de Laguna Paiva acerca de lo sucedido en esos años y piensa que avanzar contra estos crímenes cometidos contra niñas y niños quizás permita que muchos sientan más empatía.
Mario no se olvida del rechazo en el pueblo que vivió la familia una vez terminada la dictadura: les costó conseguir trabajo, cayó en ellos un estigma, “nos decían los pone bombas o tupamaros”. El mismo rechazo que recibieron en 2021 cuando para muchos de los ciudadanos de Laguna Paiva el juicio contra los represores era en realidad un abuso “contra pobres viejos”, se lamenta Mario.
A pesar de todo, este tipo de noticias, cuando la Justicia avanza en condenar estos crímenes, le da algo de aliento para poder seguir su militancia y su vida: “Hay un horizonte que hay que buscar. Realmente queremos que no pase nunca más y que podamos vivir en paz. En mis hijos quedó muy arraigado el compromiso de seguir esta lucha. Antes de irme de este mundo quiero dejar algo escrito porque serán ellos los que continúen”.
