Carlos Heller**
El viernes último se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
Se trata de una herramienta que cuenta con fuerte respaldo de la población y de gran parte del arco político, y con la que se espera recaudar algo más del 1% del PIB, recursos importantes para mitigar las consecuencias del covid-19.
El aporte no deja de ser un esfuerzo, aunque en nada cambiará el nivel de vida de quienes deban realizarlo, que son todas aquellas personas con un patrimonio declarado igual o superior a los 200 millones de pesos.
No obstante, se llegó a decir que “están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos” y que “200 millones de pesos es tener un poco más de patrimonio que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas”.
Cuesta creer que alguien que posea bienes declarados por el equivalente a unos 2,5 millones de dólares sea el ciudadano “promedio”. Basta conjugar este dato con la realidad de quienes engrosan el 13,1% de la tasa de desocupación o el 9,6% de la de subocupación, según los últimos datos del Indec, para el segundo trimestre.
También se habló de que se castiga a quien tiene un galpón y maquinarias compradas “en Europa”, cuando el proyecto es claro respecto de que la contribución es para personas humanas, no para empresas.
Con el aporte solo se pide que las personas más ricas ayuden a alivianar una situación de emergencia, como es la derivada de la actual pandemia. El rechazo pareciera obedecer no tanto al monto que deberán pagar, sino a la intención de que no se instale precedente.
Pero no hay país viable, económica y socialmente, si se deja de lado la idea de la solidaridad entre sus habitantes.
Desigualdad y concentración de la riqueza
Para responder a muchos de los planteos resulta útil el informe que elaboró la Afip a pedido de los diputados de la Comisión de Presupuesto. Según el organismo recaudador, el universo potencial de aportantes calculado es de 9.298 personas, compuesto por 7.438 que ya realizaron la declaración jurada del periodo 2019 y otros 1.860 contribuyentes que, aunque todavía no lo hicieron, debieran estar alcanzados.
Es apenas el 0,02% de la población del país. Un dato interesante: del total de personas alcanzadas que presentaron su declaración hay 253 que son las más ricas y poseen patrimonios valuados en más de tres mil millones de pesos.
Bien lejos del ciudadano típico, y más todavía si se considera que el promedio de riqueza declarada en este segmento supera los 15 mil millones de pesos. Este grupo de personas contribuirá con casi la mitad de lo que se espera recaudar, siguiendo el espíritu de la progresividad.
En cambio, las 2.774 personas que integran la primera escala, con una riqueza de entre 200 millones y 300 millones de pesos, representan alrededor del 5,5% del aporte total que se alcanzaría.
Los datos de la Afip también son contundentes a la hora de dimensionar los problemas de desigualdad y concentración de la riqueza que tanto nos afectan: las personas alcanzadas equivalen al 0,8% de los contribuyentes que declararon sus patrimonios de 2019, pero poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior.
También se entregó información importante para reflexionar sobre cuestiones relativas al mercado de cambios, ya que los 9.298 contribuyentes potencialmente alcanzados poseen un 42% del total de su riqueza en activos y bienes “dolarizados”. Y la mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior.
Las decisiones no pueden quedar en manos de los mercados
Es un dato a tener en cuenta a la hora de pensar en cuáles son los sectores que podrían estar interesados en presionar por una devaluación del tipo de cambio. Sirve para valorar todavía más el accionar del Estado, regulando la evolución del mercado de cambios, en un contexto de fuertes presiones especulativas.
Lo que se busca es cuidar las reservas internacionales y evitar una suba del dólar que, por su impacto en la inflación, terminaría afectando al grueso de la población.
Es en parte lo que acaba de afirmar el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien señaló que las últimas medidas cambiarias “no son simpáticas” pero se priorizaron frente a la posibilidad de que se verifique una devaluación.
A su vez, también hizo referencia al límite para las empresas con vencimientos mensuales por endeudamientos financieros que superen el millón de dólares, que sólo podrán acceder al mercado cambiario por el 40% de los vencimientos, mientras que el resto deberán refinanciarlo, o usar divisas propias.
En el actual contexto no es posible que las empresas puedan acceder a comprar todos los dólares que desean. Según Guzmán, “el problema es que si todos hacen lo mismo no se puede: el país se queda sin reservas y termina habiendo un salto cambiario mayor”. Queda claro que no hay ningún espacio para que el Estado deje que las principales decisiones queden en manos de los mercados.
Observar el contexto global
Disparadas por los efectos de la pandemia, que incluso incrementó fuertemente la concentración de las mayores riquezas, hay ideas que siguen ganando terreno en el debate y la política global.
En cuanto a la región, por ejemplo, Oxfam señaló tiempo atrás que “Latinoamérica, la región más desigual a nivel mundial y una de las más golpeadas hoy por la pandemia, experimentó durante los últimos cuatro meses un significativo ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y el resto de la población.
En promedio, la región vio surgir un nuevo «milmillonario» cada dos semanas”. Por eso recomienda reformas fiscales de urgencia. Entre ellas, un impuesto a los resultados extraordinarios que han obtenido algunas de las grandes corporaciones durante la pandemia.
Estas propuestas también figuran en una publicación especial sobre políticas fiscales del FMI, donde se llega a hablar de una “sobretasa solidaria” para dar respuesta al covid-19.
En Estados Unidos, por su parte, se conoció un estudio actualizado del Institute for Policy Studies que indica que durante lo que va de la pandemia las 643 personas más ricas aumentaron su fortuna un 29%. En este marco, gana apoyo la idea de gravar excepcionalmente a los sectores más ricos.
Senadores demócratas, entre ellos Bernie Sanders, han presentado un proyecto de ley para establecer una alícuota excepcional por única vez del 60% para las ganancias de los multimillonarios, destinada a cubrir la atención médica de los trabajadores.
A su vez, el gobernador del estado de Nueva Jersey, Philip Murphy, anunció el acuerdo político para implementar un plan para subir la tasa impositiva sobre las ganancias de más de un millón de dólares.
Según el gobernador, “en este momento sin precedentes en el que tantas familias de clase media han tenido que sacrificarse, es el momento de garantizar que los más ricos entre nosotros también estén llamados al sacrificio”.
Según se conoció, al menos otros ocho estados, incluidos California, Massachusetts y Nueva York, estarían considerando propuestas de este tipo para aumentar los ingresos fiscales. La medida fue criticada por los republicanos, con el argumento de que podría generar un éxodo de los residentes más ricos, según comentó el New York Times.
Suena parecido a muchos de los planteos que en Argentina se escuchan sobre un supuesto éxodo de empresas. En realidad, con ello sólo se busca condicionar para que no se lleve a cabo un plan de gobierno como el que figura en el proyecto de Presupuesto 2021, luego del exitoso proceso de renegociación de la deuda.
**Presidente Partido Solidario
