Un plenario de comisiones del Senado avanzó en el debate del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal, con las exposiciones de 12 representantes de asociaciones de productores y científicos del Conicet.
La primera de las expositoras, Silvia Kochen, de la Red Cannabis Medicinal del Conicet (Racme), destacó la importancia de la aprobación de esta ley al sostener que «hay evidencia científica de la eficacia del cannabis» en enfermedades como la epilepsia refractaria y en el dolor crónico» y remarcó la necesidad de «profundizar en la investigación sin tantas trabas burocráticas».
Pablo Fazzio, de la Cámara Argentina del Cannabis, destacó «la importancia de crear un consejo consultivo federal ya que los desafíos son enormes», y afirmó que la Argentina puede hacer de la regulación una ventaja competitiva».
German Herrera, docente investigador de la Universidad de Quilmes, afirmó que «el proyecto promueve de manera integral el nacimiento de una industria promisoria a la vez que promueve la incorporación de productores medianos y pequeños», y resaltó que «promueve un aspecto regulatorio fuerte que potencia la seguridad en la cadena de producción».
Diana Barreneche, de la Asociación Civil Proyecto Cañamo Argentina, valoró la aprobación de la norma como un paso para avanzar en «el derecho a la salud, al trabajo, al ambiente sano y a la libertad» e implica «un cambio de paradigma en la forma en que se llevan adelante los procesos productivos».
Andrés López, docente investigador de la UBA, declaró que la ley «recoge aprendizajes de otros países de la región» y «habilita un amplio desarrollo de negocios en torno al cannabis».
También aseguró que «es fundamental desde el punto de vista económico porque puede aportar empleo y divisas».
Roberto Correa, presidente de Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado, expresó que «Argentina reúne las condiciones para convertirse en productor de referencia tanto a nivel regional como global» y destacó que el cannabis «ha demostrado su efectividad para la calidad de vida de muchos pacientes».
Claudia Scully, de Libre Acción Puntana, consideró «fundamental crear un marco legal» que «garantice el derecho a la salud integral de todas las personas», y señaló que «son numerosos los estudios que demuestran los factores positivos que tiene la planta».
Nadia Podsiadlo, Feministas Cannabis Córdoba, ponderó la perspectiva de género y diversidad incluida en la ley al indicar que «las mujeres todavía se ven afectadas por la falta de derecho sobre la tierra» y remarcó que aún resta equiparar «la participación igualitaria en empleos como la producción e industrialización».
Al término de las exposiciones, el plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico, presidido por el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 13, cuando retomará el debate para luego emitir dictamen.
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del PEN contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, la ARICCAME tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
La ARICCAME tendrá como funciones centrales regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes».
En la apertura del debate, el miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo.
