Con la reforma previsional ya convertida en ley, el macrismo arremete con más modificaciones, aunque todas con el mismo tono: de ajuste a los trabajadores y de maximización de ganancias para el sector empresarial. Ahora es el turno de la reforma tributaria, un amplio paquete de modificaciones impositivas que ya tiene media sanción en Diputados y ya se encuentra en comisión en Senadores.
Pero uno de los puntos del proyecto tiene mucho olor a la década del 90: la reducción de las contribuciones patronales. Con el supuesto objetivo de fomentar la contratación de empleo en blanco se plantea en forma gradual instaurar un mínimo no imponible, que en 2022 llega a los 12 mil pesos, sobre el cual se exima a las empresas de pagar aportes por sus trabajadores.
Para el año que viene, el mínimo no imponible es de 2.400 pesos. Es decir que si un trabajador hoy percibe un sueldo bruto de 10.000 pesos, se restan esos 2.400 y la empresa va a realizar contribuciones por 7.600. Ese mínimo no imponible, que también se ajusta por inflación, va creciendo hasta llegar en 2022 a 12 mil pesos.
Sólo para 2018 se estima que el Estado perderá unos 30 mil millones de pesos en estos conceptos. Y en 2019 el rojo alcanzaría los 70 mil millones de pesos.
“Costo de $30 mil millones”
La economista Julia Strada, quien forma parte del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), expresó: “Es una transferencia directa a las ganancias empresariales porque se pretende reducir contribuciones para todo el universo de trabajadores, no sólo para los nuevos a ser contratados sino para los actuales ya contratados y en blanco. Es directamente una transferencia empresarial porque esos no necesitan ni estímulo al empleo ni contratación en blanco, ya están en blanco y esa reducción lo único que hace es abaratarlos”.
“En segundo lugar no se distingue por tamaño de empresa, por lo que vemos un diagnóstico inexistente de parte del gobierno sobre la informalidad, donde da lo mismo que sea una empresa grande o sea pequeña. Y tampoco hay ningún tipo de sanción, de hecho se eliminan las sanciones previas por incumplimiento en materia de seguridad social. Con lo cual ahí tenemos otro problema, no hay ninguna herramienta que signifique caer con el peso de la ley hacia las empresas que no cumplan”, agregó Strada.
“En el caso de que con esto se logre sumar 500 mil empleos registrados, aportarían 10 mil millones de pesos, una cifra todavía inferior a lo que pierde la Ansés al reducir las contribuciones patronales, que son 30 mil millones”, concluyó la economista del Cepa.
“Transferencia de ingresos”
Su colega del Cepa, Hernán Letcher, amplió: “Se desfinancia al Estado y es una transferencia de ingresos, no hay dudas, porque de hecho automáticamente desde el momento que se aplica las empresas dejan de pagar”.
“La única duda en todo caso es si esto genera empleo. La ortodoxia dice que como las empresas van a ahorrar plata, la van a reinvertir y sumado a que los costos laborales son más baratos eso redundaría en contrataciones. Pero cuando uno lo piensa desde la lógica es bastante falaz porque vos contratás a una persona si en tu actividad te va bien, no porque sea barato contratar”, agregó.
E ilustró este último punto con un dato reciente: “El agro duplicó prácticamente su rentabilidad con la quita de retenciones y la devaluación y entre noviembre de 2015 y agosto de 2017 pasó de 134 mil trabajadores a 130 mil, perdió 4 mil empleos en un momento donde duplicó la rentabilidad. No reinvirtieron y no contrataron a nadie”.
Lo mismo sucedió en los 90 cuando el por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo impulsó esta receta. Los resultados fueron el desfinanciamiento del Estado pero no se generó más y mejor empleo, todo lo contrario, la tasa de desempleo se fue por las nubes.
Lo que queda claro con la lógica del gobierno de Cambiemos es que el ajuste pasa por la reducción de las jubilaciones pero el esfuerzo no alcanza a las empresas. A ellas se las premia abaratando los costos laborales.
Diez puntos menos para las ganancias empresarias
Otro punto saliente del proyecto es la reducción, también gradual, del impuesto a las Ganancias que deben pagar las empresas. A las empresas que no distribuyan dividendos se les reducirá la alícuota del 35% al 25%.
Hernán Letcher lo explicó de esta manera: “Las empresas que no distribuyen dividendos tendrán una tasa preferencial de 25% y en el caso que repartan dividendos se les aplica una especie de sobretasa para llegar al 35%, no para todas las ganancias de la empresa, sólo para las que distribuyan dividendos. Con lo cual es un negocio fenomenal”.
“Una parte importante de las utilidades de la empresa naturalmente se reinvierten, si agrandaste la planta por ejemplo. No tienen que demostrar la inversión en particular, cuando terminan el balance hay una ganancia X, que va a estar gravada en el 25% en lugar del 35%. Salvo que si en la asamblea de accionistas decida distribuir dividendos, por el monto que distribuyen dividendos pagan 35%, pero sobre el resto es el 25%”, agregó.
“Hoy estaban gravados los dividendos, con lo cual terminaban pagando 35% de Ganancias más unos 6 puntos aproximadamente sobre los dividendos, es decir un 41%. Con este proyecto lo bajan al 35%, pero en realidad también se reduce en el caso de distribución de dividendos. Te diría que para todas las ganancias empresarias están reduciendo el impuesto cerca de 10 puntos porcentuales, lo cual es mucho dinero”, finalizó Letcher.
Zafaron del ajuste impositivo
Otra vez a la madrugada, aunque en esta ocasión sin la intensidad opositora que marcó el tratamiento del cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, la Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de ayer otra de las iniciativas clave para el oficialismo: la reforma tributaria acordada con 23 de los 24 gobernadores y que tiene vasos comunicantes con la previsional.
El paquete, que desde ayer trata la comisión de Presupuesto del Senado, incluye varias de cal y algunas de arena.
Un punto destacado como “triunfo” por el único representante del socialismo en el cuerpo, Luis Contigiani, es que no quedaron incluidos los artículos 23 y 24 del texto original que imponían el pago del impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales.
En su discurso en la sesión, Contigiani calificó como un “horror jurídico” la intención del oficialismo, en virtud de “las cooperativas no tienen utilidades sino que reinvierten las ganancias entre sus propios socios”.
El legislador santafesino hizo hincapié en que las instituciones de la economía social “son clave para el desarrollo del interior”.
Indemnizaciones
En el tratamiento en particular del proyecto, también se dejó sin efecto el artículo que preveía que una parte de las indemnizaciones por despido de trabajadores en relación de dependencia sea alcanzadas por el impuesto a las Ganancias (a excepción de directivos de empresas que cobren por encima de los montos mínimos indemnizatorios).
Para Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la iniciativa “beneficiaba al sector privado en detrimento de los trabajadores”, y la calificó como un despropósito. “Como al gobierno nacional no se le caen muchas ideas, las fuentes de financiamiento siguen siendo los trabajadores y los jubilados”, finalizó.
