Después de tres meses de debate, Santa Fe se encamina a adherir a la ley nacional de desfederalización del narcomenudeo por la cual la Justicia y las fuerzas de seguridad de la provincia tendrán a su cargo la persecución del microtráfico de drogas.
El gobernador Miguel Lifschitz les había pedido a los legisladores provinciales, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el pasado 1º de mayo, la sanción de una norma que ponga a Santa Fe en el mismo plano que otras provincias, como Córdoba y Buenos Aires.
En su última sesión, el Senado provincial le dio media sanción al proyecto y lo giró a la Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene mayoría propia y podrá –finalmente– darle sanción definitiva a la ley que reclaman el gobernador y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
Si se aprueba la norma en la Cámara de Diputados, la venta de pequeñas dosis para consumo personal será perseguida por la Justicia y la Policía provincial, no así el tráfico de grandes cantidades que seguirá siendo delito federal.
El argumento principal es que la Justicia Federal –que tiene la potestad en materia de narcotráfico– tiene una estructura muy pequeña en comparación a la Justicia provincial: Santa Fe tiene siete jueces y seis fiscales federales contra tiene 147 fiscales y 52 jueces provinciales.
La ley de desfederalización del narcomenudeo implica que la Justicia y la Policía de la provincia podrán perseguir delitos menores en materia de tráfico de drogas, que actualmente están en el fuero federal. Para su puesta en vigencia, el proyecto establece la creación de una Policía Antinarcóticos.
