El Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, avanza en la confección de un mapa que contendrá toda la información sobre la propiedad de la tierra en el país.
Ésta será una herramienta fundamental para dar cumplimiento a la ley 26737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sancionada en diciembre pasado por el Congreso de la Nación, informó el Ministerio de Justicia.
Por un lado, el RNTR recibe y procesa los datos que remiten las provincias. En ese sentido, el organismo informó que Salta, San Juan, Entre Ríos y La Rioja ya entregaron la información correspondiente, mientras que Chubut, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán se comprometieron a enviar el material esta semana.
Autoridades nacionales destacaron la necesidad y la importancia de que todas las jurisdicciones provinciales envíen en tiempo y forma esa información.
“Sólo entonces podremos conocer de manera fehaciente el porcentaje actual de extranjerización de la tierra y, en consecuencia, determinar si podemos seguir admitiendo nuevos propietarios extranjeros, o no”, explicó el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Ernesto Kreplak.
El funcionario explicó que la ley 26737 establece limitaciones a la propiedad e incluso al aprovechamiento de las tierras no urbanas argentinas por parte de extranjeros.
“Los órganos políticos del Estado que intervinieron en su sanción (representantes de una extensa pluralidad de ideas y geografías) han acordado avanzar en una materia pendiente decisiva para la consolidación nacional, al crear un mecanismo que proteja el control nacional del recurso estratégico por excelencia: nuestra tierra”, destacó Kreplak.
Concretamente, todas las provincias deben suministrarle al RNTR los datos relativos a la superficie de tierras rurales que poseen a nivel provincial y departamental, como así también los casos de tierras que se encuentren en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre los que tengan conocimiento.
Paralelamente, el Registro realiza su propio relevamiento y, en ese marco, habilitó una cuenta de correo electrónico y una línea telefónica gratuita para que la población denuncie posibles violaciones a la ley de Tierras: registrotierras@jus.gov.ar y 0800-777-7687.
La ley tiene por objeto regular, en relación a las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales.
El límite establecido es 15 por ciento, tanto a nivel nacional y provincial como subprovincial (municipios, comunas o departamentos, según la organización que tenga cada provincia).
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que “esta norma tiene un profundo sentido nacional y un altísimo valor estratégico para la profundización de un modelo de desarrollo soberano y distributivo, en perfecta sintonía con otras tantas medidas tomadas desde el año 2003, como sucede ahora con la recuperación de YPF para los argentinos, un acontecimiento histórico que celebra la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.
“A partir de este relevamiento, el Registro otorgará los certificados de habilitación a los establecimientos que cumplan los requisitos legales y, a través de su cuerpo de inspectores, cruzará diversas fuentes de información y tomará todas las medidas tendientes a garantizar el regular cumplimiento de la norma”, dijo.
Advirtió que el organismo “accionará judicialmente (en sede civil o penal) ante maniobras tendientes a eludir las disposiciones de la ley”.
No obstante su rol de contralor, el ministro destacó que el Registro “se transformará en un instrumento fundamental para la planificación y el desarrollo de políticas nacionales estratégicas porque contará con la foto completa de la situación de la tierra en el país”.
