Desde el gobierno provincial advierten que las políticas económicas de la Nación están llevando al país a una “grieta social”. Ante la mayor demanda de asistencia en los comedores escolares y barriales, la provincia amplió las partidas presupuestarias por encima de los índices de inflación, mientras que los recursos que recibe del gobierno central para la seguridad alimentaria están congelados desde hace dos años.
El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, hizo un crudo diagnóstico de la situación social: “Vamos camino a una grieta social que nos hará más daño a los argentinos que la propia grieta política. Los índices de pobreza, tal el caso del Observatorio de la Deuda Social de la UCA , donde se remarca que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres, sumado a que más de la tercera parte de los argentinos está en las mismas condiciones, lamentablemente no parecen ser el límite de una realidad social que tiende al deterioro del tejido social”.
Las partidas presupuestarias del gobierno provincial para la seguridad alimentaria, destinadas a comedores comunitarios y copas de leche, aumentaron 127% desde el inicio de la gestión. “Este porcentaje incluye no solo la lógica actualización consecuencia de la inflación, sino también la mayor demanda social”, señaló Álvarez. Pasaron de 10 millones de pesos mensuales, a fines del 2015, a 24 millones.
El ministro admitió que “sin dudas, esto no alcanza. La realidad social fruto del continuo aumento de precios, el régimen tarifario, la pérdida de trabajos transitorios (changas), afecta fuertemente a la propia clase media baja”.
“Las necesidades aumentan”
El titular de la cartera de Desarrollo Social confirmó que se incrementaron las solicitudes de ayudas alimentarias por parte de familias que asisten a los centros de día, a los centros de atención primaria de la salud, a los comedores y copas de leche comunitarios y a los clubes. “Las políticas sociales integrales no alcanzan cuando las necesidades básicas de la población aumentan y el Estado nacional no acompaña”.
En ese sentido, el ministro Álvarez pidió la urgente “firma de un nuevo convenio para seguridad alimentaria, con los pies sobre la tierra, ya que los importes transferidos por el gobierno nacional no aumentan desde junio de 2016. Sólo los índices oficiales de inflación ascienden al 60% en ese período, a lo que debe sumarse una mayor demanda”.
Además, el funcionario enfatizó sobre la necesidad de articulación entre la Nación y las provincias para implementar la Ley de Emergencia Socia, “de la cual hoy las provincias estamos excluidas”.
Seguridad alimentaria
Con el presupuesto que se destina a seguridad alimentaria se elaboran a diario 418.255 copas de leche (desayuno y merienda) y 166.381 raciones diarias de almuerzos en los comedores escolares. Durante 2017, se crearon 38 nuevos servicios de copa de leche que equivalen a 5.580 raciones; mientras que de enero a abril de 2018 se crearon seis servicios más con 841 raciones.
Además de los aportes para comedores y copas de leche, la provincia destina 52 millones de pesos mensuales para la Tarjeta Única de Ciudadanía (de los cuales 25 millones provienen de la Nación).
Críticas de Balagué
También la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, pidió un aumento en las partidas que envía la Nación: “La falta de actualización de esos fondos nos genera un claro perjuicio”.
“Ya de por sí, el porcentaje que aporta la Nación es mucho menor que lo que afronta la provincia”, indicó Balagué. “Al no haber actualización, el deterioro por el impacto de la inflación es muy grande. Pero a todo esto debemos sumar la mayor demanda del servicio, que es un tema que preocupa muchísimo”.
Los ministros Álvarez y Balagué le pidieron una audiencia a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para reclamar un aumento de las partidas para la seguridad alimentaria.
