La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió para debate al Congreso ayer un proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de malformación fetal, riesgo para la vida de la madre o violación, prohibido desde la dictadura de Augusto Pinochet.
“Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción de embarazo no han impedido ni impiden la práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres”, dijo la mandataria en un acto público en el Palacio de la Moneda.
En la situación actual, “atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida”, señaló.
El proyecto de ley, que deberá ser debatido y aprobado en el Congreso, contempla la despenalización del aborto en caso de “riesgo presente o futuro” de la vida de la madre, “malformaciones incompatibles con la vida extrauterina” y violación.
Para realizar el aborto terapéutico se requerirá del diagnóstico de un médico, ratificado por otro profesional, con una excepción: en caso de que la mujer necesite atención inmediata por riesgo inminente de su salud, bastará con el diagnóstico de un solo médico.
Las menores de 14 años deberán contar con una autorización de sus padres, salvo en caso de violencia intrafamiliar o abandono, en el que el médico podrá pedir el permiso a un juez de familia.
En caso de violación de menores de 14, el plazo para abortar se alargará de las 12 a las 18 semanas, teniendo en cuenta que “la niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”, explicó Bachelet.
Mientras que las menores de 14 que no estén en el supuesto anterior tendrán 14 semanas para abortar.
El proyecto prioriza el deber de confidencialidad de los médicos por sobre la obligación de denunciar a las pacientes por presunto aborto, y les reconoce el derecho a la objeción de conciencia. En esa última situación, no obstante, el centro de salud estará obligado a derivar a la paciente a un médico dispuesto a tratarla.
Unas 16.510 mujeres ingresan al año a hospitales chilenos por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro de vida para la madre o malformaciones del feto incompatibles con la vida.
Al año, se registran 500 muertes por malformaciones fetales. No existen datos de embarazos por violación.
Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en casos de peligro de muerte de la madre o inviabilidad del feto en el país trasandino.
Pero antes de dejar el poder, el ex dictador Augusto Pinochet lo prohibió sin excepciones.
En 24 años de democracia, por la presión de la Iglesia católica y los grupos conservadores de la sociedad de Chile, ninguna iniciativa legal para restaurarlo ha prosperado.
La legislación del aborto en América latina es en general restrictiva, pero la mayoría de los países de la región contemplan algún tipo legal de aborto terapéutico en casos especiales, no siempre de forma muy clara y precisa en el marco legal.
Uruguay es uno de los pocos países latinoamericanos que lo despenalizó por completo, y se sumó a Cuba, Guyana, Puerto Rico y México DF., los únicos en reconocer el derecho de las mujeres a decidir.
