La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prometió que va a «tomar todas las medidas» necesarias para garantizar que «el país pueda confiar en sus instituciones», luego de que en las últimas semanas se conocieran un caso de presunta corrupción que involucra a su hijo y otro de supuesta financiación ilegal de campañas electorales de un partido opositor.
«Creo que nuestros ciudadanos hoy día exigen un estándar ético mucho más elevado y yo como presidenta me voy a hacer cargo, porque el país conoce mi conducta de vida», afirmó Bachelet en declaraciones que hizo anoche en Viña del Mar, a 125 kilómetros al noroeste de Santiago.
«Por eso nosotros vamos a tomar todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones», agregó.
El hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, renunció en las últimas semanas al cargo que tenía en el gobierno y a su afiliación al Partido Socialista luego de que tomara estado público un polémico negocio inmobiliario que lo involucra junto a su esposa, Natalia Compagnon, dueña de la mitad de Caval, una empresa pequeña.
El 16 de diciembre de 2013, un día después de que Bachelet se consagrara presidenta de Chile en segunda vuelta, Compagnon obtuvo del Banco de Chile (privado) un préstamo por 10,4 millones de dólares para la compra de unos terrenos rurales en el municipio Machalí, próximo a Santiago.
La operación había sido pactada el mes anterior por el dueño y vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, y Dávalos, que entonces era gerente de operaciones de Caval.
Dado que Caval tenía un capital inferior a 10 mil dólares, que los terrenos adquiridos con el crédito estaban a punto de ser recalificados para uso urbano y que luego fueron vendidos por un precio significativamente mayor al de su compra, se sospecha que hubo uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Por otra parte, un juez ordenó ayer sábado la prisión preventiva de seis de 10 imputados por fraude al fisco en una causa que involucra a propietarios y ejecutivos del grupo financiero Penta y a políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) opositora.
Penta es un banco de inversión que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares y los imputados están acusados de delitos tributarios, cohecho, sobornos, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas electorales.
