El fiscal regional Jorge Baclini presentó ayer en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR su quinto informe de gestión, el último en este cargo, ya que deberá dejarlo en abril. El funcionario judicial repasó los números del año pasado, los que juzgo como “muy importantes”, y los contrastó con los de los años anteriores, desde el inicio del nuevo sistema penal, el 10 de febrero de 2014. Al final del acto, familiares de víctimas de violencia institucional pidieron ser recibidos nombrando a viva voz los asesinados por balas oficiales, lo que se concretará, según prometió Baclini, la semana próxima.
En 2016 hubo 150 mil casos en la circunscripción (127 mil en Rosario); un millar de condenas en abreviados; 146 probation; 48 juicios orales. Números que según Baclini podrían ser superiores si tuviese los recursos necesarios: repasó que debería haber 110 fiscales (hay 71) y 300 empleados (hay 131), lo que dificulta la tarea del Ministerio Público de la Acusación. “Tenemos problemas con la policía de prevención en cuanto a coordinación y con la PDI por la falta de recursos”, describió.
Cuando Baclini terminó la exposición y mientras estaba aún en el escenario, integrantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional se pararon y mientras mostraban carteles con nombres de las víctimas gritaron: “Jonatan Herrera. Presente. Maxi Zamudio. Presente. Carlos Godoy. Presente. Justicia por los pibes. Basta de gatillo fácil”. Tras un silencio, el público presente aplaudió. Poco después Baclini prometió recibirlos la semana próxima. La Multisectorial había hecho algo similar el año pasado con el fiscal general, Julio de Olazábal, quien entonces prometió que la investigación de los casos de violencia institucional dejaría de depender de las regionales, porque la cercanía entre funcionarios judiciales y policiales, según su opinión, perjudica una investigación imparcial. Baclini es el favorito para suceder a De Olazábal.
