El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, admitió que hubo un aumento de 50 por ciento de denuncias de intimidaciones y extorsiones, durante el último período.
“Hace dos años que tomó continuidad esta forma de delito; por eso, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) creamos una unidad que se encarga específicamente de estos casos. Empezó dedicándose a las balaceras, pero luego, detectamos que detrás de las balaceras se les pedía a las personas que se fueran de sus casas, y ahora se les pide dinero para protección”.
“La mayoría de esos delitos son pergeñadas por personas detenidas en unidades penitenciarias. No se puede permitir que desde las cárceles y con celulares, que están prohibidos dentro de ellas, se sigan generando este tipo de hechos y otros. Es fundamental reaccionar y tomar una política efectiva que brinde respuestas que no se dan desde hace más de tres años. La Ley de Ejecución Penitenciaria prohíbe específicamente el uso de telefonía móvil en las cárceles, y además, ordena colocar inhibidores de señal de telefonía, lo que no se cumple”.
Se desató una polémica entre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y las autoridades nacionales, que decidieron tender fibra óptica dentro del penal federal de Marcos Paz: mientras Nación dice que es para facilitar audiencias judiciales virtuales, el intendente rosarino opina que favorecerá la comisión de delitos. “El intendente lo dice en un sentido preventivo, porque muchos de los delitos no sólo provienen de cárceles provinciales sino que también son orquestados por personas que están detenidas en penales federales ubicados fuera de la provincia”.
A la población que sea víctima de extorsión o intimidación, desde el Ministerio se le dice que “es importante hacer inmediatamente la denuncia; tenemos personas capacitadas que brindan respuestas adecuadas a estos hechos”.
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