Este martes se llevó adelante una jornada de audiencias tendientes a esclarecer la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante marzo, en la que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero. Tras la reunión, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni evaluó, en conferencia de prensa, lo actuado por la Justicia hasta el momento y especificó los siguientes pasos a seguir desde la política penitenciaria provincial y federal. Además hizo referencia a la baja de edad de imputabilidad a menores que, según indicó, son “usados” por los delincuentes para cometer crímenes.
Consultado sobre si planean bajar la edad de imputabilidad, el ministro consideró que “es decisión del gobierno nacional” pero que el gobierno de Santa Fe “está dispuesto a dar la discusión”.
“Hay países que ponen un baremo rígido de edad, a partir de tal edad para arriba es punible. Hay países que lo dejan sujeto a una evaluación como ocurre en otras situaciones de imputabilidad reducida. Hay países que lo sujetan, por ejemplo, como ocurre con los inimputables a un dictamen de una junta de peritos o de expertos, porque no en todos los casos una determinada edad es un indicador definitivo de una capacidad de asimilación de reglas de conducta y de obrar en consecuencia responsablemente”, explicó.
“Es un tema que hay que discutir”, insistió y agregó: “Creo que el gobierno finalmente está proponiendo 14 años, nos parece una propuesta por lo menos razonable para empezar a discutir”.
“Sin dudas que va a tardar un tiempo revertir esta situación porque evidentemente si los menores empiezan a ser usados como una mano de obra fungible para el crimen organizado, la situación es realmente un problema de una gran profundidad y de no fácil ni sencilla ni inmediata resolución”, afirmó. “Sí creo que hay que prever al mismo tiempo la discusión sobre la punibilidad, porque entiendo también que hay organizaciones criminales y como quedó probado el día de ayer, que precisamente tienen en cuenta este factor de la falta total de punibilidad de personas menores para usarlos gratuitamente como mano de obra para cometer delitos”, agregó.
“Entiendo que también las leyes deben pensarse tratando de dificultar la actividad criminal y de no facilitarla”, concluyó Cococcioni.
