Por Leonardo Caruana / Médico Sanitarista, Concejal y ex Secretario de Salud de Rosario
Vivimos tiempos vertiginosos donde permanentemente nos ofrecen salidas rápidas y simplistas a problemas complejos. Explicaciones simples que seducen pero luego no nos permiten comprender los problemas que nos preocupan y, mucho menos, transformarlos. Ante situaciones dolorosas, se nos ofrecen slogans vacíos que caben en un tuit pero son impotentes para abordar la realidad que nos afecta. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es, quizás, uno de los ejemplos más crueles de esta lógica.
La bronca, el dolor y el pedido de respuestas ante hechos de violencia extrema merecen una respuesta urgente de todos los niveles del Estado. El crimen de Jeremías, como el de tantos otros chicos y vecinos de nuestra ciudad, nos desgarra. No hay palabras posibles que puedan calmar el sufrimiento de una madre que pierde a un hijo. Pero precisamente porque el problema es grave, es una irresponsabilidad política vender espejitos de colores. Decirle a la sociedad que vamos a vivir más seguros únicamente porque un chico de 13 o 14 años pueda ir preso, es una estafa.
Como médico aprendí que un diagnóstico equivocado lleva a un tratamiento que no cura, y que muchas veces puede incluso agravar la enfermedad. Hoy, el gobierno nacional y ciertos sectores de la política nos proponen tratar la fiebre rompiendo el termómetro, mientras atacan las defensas que pueden ayudarnos a vivir en un país un poco más justo y seguro.
Para construir un buen diagnóstico, entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de alejarnos de respuestas simplificadoras y habitar la incomodidad de debatir y trabajar junto a otros y otras para revertir un problema complejo como este.
Del relato a los datos
Según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, la incidencia de menores de 16 años en delitos graves como homicidios es bajísima, aproximadamente un 3%.
¿Alguien puede creer honestamente que únicamente encarcelando a ese porcentaje de la población vamos a mover la aguja de la violencia? Sin embargo una y otra vez logran instalar un debate únicamente alrededor de ese 3%, e ignoramos hace años al elefante en la sala.
Si lo primero -y lo único- que se propone es bajar la edad de imputabilidad sin dar cuenta de una estrategia integral para abordar el problema de la violencia en las juventudes, simplemente estamos ante una trampa oportunista. Tenemos una Ley Penal Juvenil de la dictadura que, paradójicamente, permite que un juez disponga de un menor de forma arbitraria sin que tenga derecho a defenderse. Lo que necesitamos es un Régimen Penal Juvenil integral, diferenciado del sistema de adultos, moderno, democrático, con penas proporcionales y en donde se haga especial énfasis en la responsabilización del jóven y en medidas sociales y educativas eficientes.
Pero si bajamos la edad de imputabilidad sin presupuesto, sin inversión en instituciones destinadas al trabajo con jóvenes y en medio de un ajuste brutal, lo único que vamos a lograr es agravar el problema.
En nuestra ciudad, por ejemplo, encerrar a un niño que cometió un delito en lugares como el IRAR -o en las cárceles que fantasea el gobierno nacional- sin educación, sin asistencia en salud mental y sin que efectivamente tenga la posibilidad de construir un proyecto de vida post encierro, es meterlo en una máquina de reproducción de violencia. Un chico de 14 años que entra a un sistema carcelario como el actual, sale a los 18 convertido en un profesional del delito.
El síntoma y la causa
En salud pública sabemos que cuando llegamos a momentos de crisis, es porque no pusimos la atención suficiente en la prevención. Con el delito pasa algo similar. El derecho penal no va a reparar lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. Reducir la intervención del Estado únicamente al sistema penal es llegar tarde. Llegar para castigar el fracaso de sus propias políticas sociales y, además, para castigar únicamente al eslabón más débil de la cadena.
El gobierno de Milei propone una ecuación macabra: retira al Estado como garante de derechos -menos educación, menos salud, menos clubes, menos trabajo- y sólo lo deja presente en su versión punitiva: cárcel y represión.
El camino posible
No debemos resignarnos a que la única respuesta sea el encierro. La historia de nuestra propia ciudad nos muestra un camino posible.
En los años 90, cuando el país se entregaba al «sálvese quien pueda» y el menemismo abandonaba a los argentinos a su suerte, Rosario tuvo la valentía de ir a contramano, de modificar las reglas del juego. Con Hermes Binner y un gran equipo, entendimos que la salud no podía entenderse como una mercancía. Que un chico del barrio Las Flores tenía el mismo derecho a la mejor tecnología y atención médica que uno del centro. Se construyó entonces junto a las y los rosarinos un Estado cercano, que escuchaba y cuidaba a quienes más lo necesitaban.
Ese proceso dio como resultado, entre otras cosas, un sistema de salud pública que es ejemplo no solo en nuestro país sino también en la región. Un quiebre histórico en la infraestructura pública de la ciudad que permitió que ningún rosarino deba caminar más de 15 cuadras para asistir a un centro de salud. Mientras la Nación ajustaba, Rosario cuidaba.
No se trata de «mano blanda» ni de impunidad y mucho menos de una visión romántica del problema. Quien comete un delito debe responder por él, y las víctimas merecen justicia y reparación. Pero la reparación no se construye bajando la edad de imputabilidad para llenar cárceles de niños pobres. La paz se construye a diario con un Estado que llegue antes, que llegue bien, y que no llegue únicamente para encerrar y reprimir -aunque a veces sea necesario- sino también para cuidar.
Ante el abandono planificado de Milei, le pido a mi ciudad, hoy con herramientas de ciudad autónoma, que tenga nuevamente el coraje de hacer algo distinto, que recupere la audacia a la hora de abordar problemas complejos. Necesitamos hacer lo que se dejó de hacer. Rosario debe liderar una convocatoria amplia y diversa, sentar en la misma mesa a las Iglesias, a los clubes, a empresarios, a los ministerios públicos, a los medios de comunicación, a las víctimas, a las organizaciones sociales y por supuesto, aunque parezca una “frase hecha”, al Estado en todos sus niveles. Y con ellos trabajar de manera sostenida para construir un acuerdo rosarino por las infancias y las juventudes. Un acuerdo que entienda que, a largo plazo, no hay mejor política de seguridad que la inclusión real.
