La Liga de los Pueblos Libres, organización ligada al Frente Social y Popular denunció públicamente –y en los próximos días lo hará en sede judicial– que personal del área municipal de Control Urbano cometió amedrentamientos a una docena de familias humildes que desde hace seis meses ocupan un terreno en el barrio Tío Rolo. “Han ido vestidos de civil, sin identificación alguna. Nos parece bastante grave. Nosotros estamos haciendo visible esta situación y buscamos una solución política y pacífica que contemple los derechos de estas familias, que son del barrio y están allí simplemente porque no tienen otro lugar a dónde ir”, describió a El Ciudadano el abogado Guillermo Campana, miembro de la Liga y quien, además de preparar la presentación que llevarán a al Ministerio Público de la Acusación –en la que se reclamará la restitución de materiales de construcción de los que “despojaron” a algunas de las familias– ya concretó una presentación ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes: ocurre que buena parte de quienes están en el terreno –12 familias integradas por 44 personas– son menores de edad.
“Hay situaciones complejas. Hay una mujer que llegó al lugar con sus hijos, escapando de una problemática de violencia de género. Hay una beba prematura con problemas de salud, y a esa familia le tiraron la casilla abajo”, relató el abogado. Campana repasó una cruda situación social y sanitaria de las familias, cruzadas por un mismo hilo de desamparo. Y el equipo de la Liga de los Pueblos Libres, que trabaja en el lugar desde hace dos semanas, busca más una salida como la que se logró diseñar en el barrio Los Humitos de Rosario, que la que transcurrió en la localidad bonaerense de Guernica.
https://youtu.be/9P7zoA5N78Y
En la primera, privados y Estado lograron hilvanar un trabajoso acuerdo que demandó años, y en avenida Rivarola, casi al límite del municipio, se agregó un nuevo barrio: desde 2012 unos 150 familias “intrusas” que durante 15 años residieron en un predio están pagando por sus lotes, en un esquema virtuoso para el que se formó un fideicomiso, se respetaron los derechos de propiedad de la heredera de los terrenos, se trazaron calles (con relocalización de viviendas) y se comenzó a hacer la extensión de servicios urbanos para que completaran un complejo engranaje. Así lo relataron el entonces concejal Manuel Sciutto y la ONG Paloma de la Paz a este diario cuando, tras un lustro de trabajo, lograron al fin la salida honorable.
En Guernica, al contrario, los intentos del gobierno provincial desactivaron buena parte de la ocupación, pero tras dos postergaciones de un desalojo por la fuerza, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta dispuso finalmente que se concretara el operativo y se liberaran los terrenos.
La situación en el barrio Tío Rolo, no va, al menos por ahora, ni por una senda ni por la otra. Según refirió el abogado Campana, el fiscal actuante, Marcelo Maximino, le confirmó que había una denuncia por la toma del terreno –un inmenso y arbolado predio que tenía un basural en la porción donde se asentaron las 12 familias– pero no tiene datos si la formuló un particular o una firma ni tampoco de quiénes son los propietarios. Tampoco de si se trata de una sola unidad o está subdivido: en realidad, todo recién empieza, refirió.
https://youtu.be/T9qVI8empZM
Por lo pronto, el esfuerzo de la organización se centra en desactivar cualquier hecho de violencia, y el abogado antepuso el carácter “totalmente pacífico” de las familias que están allí: “Ni siquiera se resistieron a que les llevaran las chapas, tirantes y bloques que les sacaron y que pedimos que les devuelvan”, señaló. En ese marco, el diputado Carlos del Frade presentó en la Legislatura provincial un proyecto de comunicación para conocer si el Ejecutivo santafesino dispuso la constitución de una “mesa de diálogo” entre “las familias que viven en la intersección de la calle 2146 con el pasaje 2137, en el barrio Tío Rolo” con “representantes del Estado provincial y también con el municipio”, y también “qué medidas se tomaron para proteger la seguridad de los bienes de esas vecinas y vecinos que denunciaron haber sido hostigados y violentados por personal civil y posiblemente vinculados con algunos integrantes de Control Urbano”.
En paralelo, la Liga de los Pueblos Libres insistió en que “en lugar de represión” busca que se “generen las instancias de diálogo necesarias para que puedan encontrar una vivienda digna en medio de un contexto de pandemia que les ha dejado sin trabajo, sin techo o expuestas a situaciones de violencia familiar”.
https://youtu.be/w4uHcVOvJwo
Campana también refirió a El Ciudadano que había sido recibido por la secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru, quien le refirió que sólo había dispuesto un resguardo del lugar para “evitar que ingresaran más personas” al predio, un mandato bastante distante de lo que, según la Liga, se concretó después en el territorio. “Esperamos poder sentarnos en una mesa a ver qué solución podemos encontrar”, concluyó el abogado.
