La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realiza un informe estadístico anual donde releva como avanzan las causas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. La información fue relevada hasta el 4 de diciembre, donde se determinó que hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención y el 70 por ciento de las sentencias espera revisión. A su vez, la primera semana de 2021 la Agencia Télam publicó que se llegaron a las 13 sentencias en 2020.
El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.
En Rosario, durante 2020 se llegó a una sentencia en la tercera y cuarta elevación de la megacausa Feced, que investigó los crímenes cometidos contra 188 víctimas en el ex Servicio de Informaciones -SI- ubicado en Dorrego y San Lorenzo.
Se trata de la causa más grande en relación a centros clandestinos en la provincia de Santa Fe; lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la Policía local en durante la última dictadura cívico militar. El juicio fue contra parte de la patota que operó en el ex SI en aquella época.
El tribunal integrado por la jueza Lilia Carnero y los jueces Aníbal Pineda y Eugenio Martínez dictó penas de prisión perpetua para José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra y Ernesto Vallejo. En tanto, dictaron 22 años de prisión para Héctor Gianola y Eduardo Dugour, 18 años para Julio Fermoselle y 16 años para Lucio César Nast. Se trató de la primera condena que recibe Gianola alias “el Beto”. Todos los demás ya tenían condenas en Feced I y II.
La causa se había elevado a juicio en febrero de 2018 y en el transcurso de la misma fallecieron cuatro imputados: Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitía y el sacerdote Eugenio Zitelli.
La particularidad de esta última elevación de Feced radicó en que por primera vez en la ciudad se condenaron delitos sexuales cometidos en el marco de terrorismo de Estado. Lo Fiego y Mario Marcote fueron condenados por violación. Se espera que en las próximas elevaciones haya más, ya que a partir de los testimonios surgen señaladas otras personas que cometían abusos y violaciones en el ex SI.
La primera vez que se condenó en Argentina la violencia sexual como un delito de lesa humanidad fue en 2010 cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió un falló donde condenó a prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina.
Los delitos sexuales muchas veces quedan invisibilizados dentro del conjunto de padecimientos que se califican de forma global como “tormentos”. Esto impide reflejar la especificidad de la agresión dirigida mayoritariamente contra las mujeres con el objetivo de controlarlas y aterrorizarlas.
Las investigaciones realizadas hasta ahora indican la sistematicidad con que se cometieron estos delitos: no fueron situaciones aisladas sino que formaron parte del plan general de aniquilación y degradación subjetiva de las personas.
Causa Klotzman
En septiembre se dio inicio al juicio en el que se investigan los crímenes cometidos contra 29 personas de las cuales sólo hay un sobreviviente contemplado en esta elevación. Hay uno más cuyo caso no llegó a constituirse en este juicio.
Por primera vez juzgan a miembros de la Policía Federal de Rosario y los delitos perpetrados en la Quinta de Fisherton, ubicada en San José de Calazans al 9100. El proceso también es inédito por investigar el caso del caso de apropiación y robo de un bebé en la ciudad, una nieta cuya identidad fue restituida en 2011. Además hubo otras tres mujeres embarazadas que fueron secuestradas y se desconoce si los embarazos llegaron a término o no. Esperan que durante el juicio se obtenga más información.
La causa lleva el nombre de Klotzman porque es el apellido del primer secuestrado de unos operativos que se llevaron adelante, en casi todos los casos, durante la primera quincena de agosto 1976. Cada uno de ellos expone características similares y se autodenominaron “operativos conjuntos” por la participación coordinada de integrantes del Ejército y de la Policía Federal. Casi todas las víctimas eran militantes de la organización PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo).
La causa se retomará el 10 de febrero de este año. Hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio por delitos de lesa humanidad.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 hasta la fecha, fallecieron tres represores vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres eran integrantes de la Policía Federal.
Catorce años de juicios a genocidas
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3.448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1.013 condenadas y las 164 absueltas.
Más allá de la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en 2020, desde la Procuraduría dijeron que persisten demoras en distintas etapas del proceso. El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.
«Disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior -de 22 a 9-, y el número de personas detenidas -863 en la actualidad-» expresa el informe y ratifica que el arresto domiciliario se consolidó como la modalidad de encierro predominante. El 74 por ciento de las personas detenidas, que son 638, transita la detención en su domicilio, lo que implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.
A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos. De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.
Actualmente existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que «además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido», indica el informe.
El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, «un número estable en todo el período» de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son «los niveles más bajos registrados desde 2015», señala.
En relación a las causas en instrucción, «el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible», valoró la Procuraduría.
Avance de causas
En la provincia de Santa Fe se identificaron hasta el momento, por lo menos, 20 centros clandestinos de detención. A mediados de agosto de 2020 se llegó al reconocimiento de la llamada Quinta de los Comandantes del Segundo Cuerpo del Ejército como centro clandestino de detención (CCD). La misma queda ubicada en Ayacucho y avenida de Circunvalación.
A partir del aviso a la Fiscalía de un trabajador municipal de Villa Gobernador Gálvez, Graciela Esperanza Villarreal pudo hacer el reconocimiento del lugar 44 años después de haber pasado por allí. A partir de entonces empezó la tarea de reconstruir la fisonomía que tuvo ese lugar durante la última dictadura. Para eso se solicitó el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf). Además al Ejército Argentino se le solicitaron imágenes satelitales de aquella época. Necesitan determinar qué uso se le daba a este lugar.
Mientras se está realizando un trabajo de revisión de todos los testimonios que hayan dado cuenta de un lugar que no haya sido aún identificado y que puedan referirse a un lugar similar a este.
Por otra parte, la causa Guerrieri IV ya está elevada a juicio aunque no hay novedades sobre la fecha de inicio. Las organizaciones de derechos humanos esperan que puedan ocurrir en el transcurso de 2021.
Se van a juzgar los crímenes cometidos contra 125 víctimas en el circuito represivo que incluyó los CCD La Calamita -ubicada en Granadero Baigorria-, la Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia. Se trata de la causa más grande en relación a la cantidad de víctimas que pasaron por el circuito que estaba bajo la órbita del Ejército.
Además, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- expresaron que por primera vez lleva a juicio la investigación de la existencia de un CCD en terrenos de la iglesia que en el 1978 pertenecía al seminario Salesiano. El cura tercermundista Santiago Mac Guire, cuyo caso se investiga en esta elevación, relató ante Conadep en 1984, que estuvo secuestrado y fue sometido a torturas en el predio «Ceferino Namuncurá» en Funes, que pertenecía a Los Salesianos donde hoy se encuentra el Liceo Aeronáutico.
