La polémica generada sobre la defensa pública de la provincia a partir de la suspensión del defensor general Gabriel Ganón, a quien le atribuyeron tuitear sin filtro y querellar en causas de gatillo fácil, hace difícil pensar cómo será su sucesión. Tras el concurso para elegir al sucesor, la favorita para quedarse con ese cargo en los próximos días es Jaquelina Balangione, pareja del ministro de la Corte Suprema provincial Rafael Gutiérrez, seguida de cerca por la defensora regional de Reconquista Flavia Quiroga y el abogado penalista Paul Krupnik.
Sin embargo al acceder El Ciudadano a los fundamentos de la prueba de oposición y antecedentes de Balangione, más allá de las inconsistencias que los jurados marcan en su relato, se puede perfilar el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que se viene. Además, la hipotética designación de Balangione genera ciertos inconvenientes a la hora de que pudiese ejercer su trabajo, ya que quedaría delegada en una pareja la suma de dos poderes centrales de la provincia como lo son la Corte Suprema y la defensa pública.
El excusable
Los comentarios puertas adentro del foro son muchos, y todos parecen ir en el mismo sentido. A modo de ejemplo dejaban en claro que entre un 70 y un 80 por ciento de las causas penales con imputados individualizados pasan por la defensa pública. Y en ese sentido se plantearon un problema que puede llegar a ser recurrente. Es que todas las veces que la defensa pública recurra a la Corte Gutiérrez deberá excusarse, porque la cabeza del órgano es su pareja.
Según el concurso, Balangione propone una escuela de capacitación para la defensa y la adopción de criterios de actualización permanente. Y la implementación de parámetros de exigencia máxima y, en tal sentido, la introducción de un sistema de puntaje. “Ante ello este cuerpo pondera la necesidad de arribar a la excelencia, pero destaca la imprecisión en las formas para lograr el objetivo”, sostiene el informe evaluador. Otro aspecto es que la postulante da cuenta de la necesidad de implementar una carrera dentro de la defensa pública, con concretos incentivos, aunque no especifica cuáles son, agrega el tribunal.
No contesta
“Se le consulta sobre la problemática vinculada al examen de testigos para el armado de la teoría del caso, teniendo en cuenta la imposibilidad de la defensa de usar métodos coercitivos para que comparezcan. Y responde que lo pueden lograr a través de convenios con el MPA (Ministerio Público de la Acusación). Se le contesta que no están esos acuerdos y que hay una situación de minusvalía por parte de la defensa. Y se le pregunta cómo haría y no contesta”.
Una de las posiciones de Balangione es que “enfoca la defensa pública” especialmente en personas en situación de vulnerabilidad. Y sobre las personas con medios económicos, poniendo de manifiesto un amplio criterio en el derecho de defensa que debe garantizarse, la actual camarista de la capital provincial enfoca en la posibilidad de cobrar honorarios. Y propone elaborar instrucciones hacia las defensorías regionales para instrumentar declaraciones juradas que permitan acceder al servicio.
En la evaluación destacan que la postulante propone la implementación de una defensa especializada y la necesidad de conformar unidades que tengan especial incidencia en las miradas de género y en las personas con capacidades intelectuales disminuidas, y propone crear cuerpos destinados a la defensa de policías. Sin embargo, destacan los evaluadores: “No hay una propuesta definitiva de conformación de unidades de defensa abocadas a materias concretas”.
Sigue el tribunal: “Afirma que la defensa pública no debe generar falsas expectativas, porque no es su deber intervenir en cuestiones que no son de su competencia. El defensor debe vigilar, controlar y hacer respetar la libertad de la defensa, siendo su obligación fijar criterios marcos”.
“En cuanto la relación con otros estamentos, destaca la postulante la necesidad de buscar la eficiencia y la eficacia, siendo la implementación de recursos ante terceros el último estadio para la solución a sus conflictos. Para este Tribunal evaluador el criterio resulta ser ponderable, ya que se evita un enfrentamiento entre poderes del Estado que dilatan la solución de problemas que se generan para el justiciable”.
