Otro ataque a balazos se registró este domingo a la madrugada en la ciudad de Rosario en el ingreso de un edificio de barrio Martin ubicado en Ayacucho al 1456, entre 9 de Julio y Zeballos, a media cuadra de donde vive el gobernador Miguel Lifschitz y a cien metros de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina.
Las detonaciones fueron cuatro y se produjeron alrededor de las 1.30. Voceros del caso dijeron que un vecino de 46 años que vive en el edificio escuchó ruidos a esa hora pero no le dio importancia hasta las 9.30 cuando se levantó y vio los impactos de bala en el ingreso y llamó a la Policía. Los efectivos dijeron que el vecino desconocía los motivos del ataque ya que ni él ni sus vecinos tienen vínculos con el poder judicial o político.
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que en total fueron cuatro los balazos y que esperaban resultados de pericias para corroborar el calibre. En el caso interviene el fiscal de Flagrancia Fernando Sosa quien solicitó el registro de cámaras de videovigilancias de la zona para determinar si los atacantes dispararon desde una moto, un auto o a pie.
También comisionó al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para pericia plamétrica, toma de testimonios, análisis de las cámaras de la zona, levantamiento de rastros, fotografía, toma de testimonios y relevamiento de personas que viven en el lugar.
Saga de plomo
Los ataques mafiosos con balaceras a domicilios particulares y edificios públicos comenzaron en mayo pasado y ya superaron la veintena. La última saga fue la semana pasada. La madrugada del jueves tres fachadas cercanas a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Montevideo al 1900 fueron acribillada, un día después del ataque a balazos contra el frente del edificio del Concejo Municipal. Esos ataques, sumados a un rebrote que comenzó el 10 de diciembre derivaron en cambios dentro de la Policía santafesina. El mismo jueves, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, corrió de su cargo al director general de la PDI, Daniel Corbellini, lugar que se presume ocupará Marcelo Albornoz, actual jefe de la Unidad Regional IV de Caseros. Y también relevó a la cúpula de la Unidad Regional II que estaba integrada por el director general Juan Pablo Bengoechea y su segundo, Claudio Romano. En sus lugares designó a Marcelo Gómez (ex titular de la Regional VII de General López) y a Carina Degrá, ex jefa de la División Operaciones de Rosario.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos santafesino sumó su aporte contra las intimidaciones y ofreció una recompensa de dos millones de pesos para distribuir entre quienes aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los atentados cometidos entre el 10 y el 20 de diciembre últimos.
Las fotos del ataque
