Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En medio de la compleja situación que atraviesa el país, en la que el gobierno se debilita junto con la caída de la imagen del presidente, producto del descontento que genera el desempeño de su gestión, el Poder Ejecutivo Nacional elevó al Congreso el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
A simple vista, la modificación propuesta por el gobierno aparenta la intención de introducir reformas estructurales en la autoridad monetaria del país. Pero resulta cuanto menos llamativo que se intente hacerlo a pocos meses de finalizar un mandato presidencial que fracasó rotundamente en materia económica y cuya política monetaria y cambiaria propició una fuga de divisas superior a los 100 mil millones de dólares.
La preocupación no sólo viene por el lado de un gobierno que se ve a sí mismo abandonando la Casa Rosada, sino también, como se sabe, por el hecho de que esta iniciativa responde a las directivas del Fondo Monetario Internacional. Que, aunque extraoficialmente, había exigido al gobierno la reforma del Banco Central a cambio de continuar con la asistencia financiera que el gobierno necesitaba para terminar su mandato sin que estalle la economía.
El hecho es gravísimo, y no puede quedar ajeno al conocimiento y la intromisión de todos los argentinos. Porque esta solapada reforma está en línea con los lazos de dominación que sufre la Argentina a manos de ciertos grupos financieros de escala mundial que tienen el poder real y lo ejercen a través de sus empleados al mando de los resortes del Estado. Y si no fuera así, ¿por qué motivo el Fondo Monetario (que bien sabido es, no responde precisamente a los intereses nacionales) exige una reforma en la herramienta más importante para la administración de la política monetaria y cambiaria de la Argentina?
Aunque lejos de los medios masivos de desinformación, el ministerio de Hacienda de la Nación informó que el objetivo principal de la reforma es “fortalecer la credibilidad del Banco Central, aumentando su independencia, para que se convierta en un pilar institucional de largo plazo”; una frase que suena linda pero hace mucho ruido… Con esta reforma, el gobierno manifiesta centrar los cambios en tres ejes: la independencia de la entidad monetaria; la indisponibilidad de las reservas para el pago de deuda, y los nombramientos en el directorio del Banco vía el Senado.
Pero cualquier declaración del gobierno de Mauricio Macri se ha ganado la duda, puesto que cuenta con sobrados antecedentes en la tergiversación de los hechos y su gran capacidad para ubicarlos dentro de sus pretensiones y relatos. Según los especialistas, la reforma no deja satisfechos a quienes están a favor de la independencia total del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo, pero tampoco es aceptada por quienes pretenden una autoridad monetaria más intervencionista para hacer valer intereses nacionales. En efecto, los cambios obstruyen aún más la influencia del poder político sobre la entidad, pero no se la limita totalmente para que desarrolle exclusivamente la función de preservar la estabilidad de precios.
Algunas de las modificaciones propuestas en este proyecto de ley ya han sido probadas sin éxito, sobre todo en el cometido de lograr la estabilidad de precios. Es que todos los presidentes que pasaron por el Banco Central durante la gestión Cambiemos son fervientes adherentes de la filosofía que está detrás de esta reforma. En efecto, la independencia del poder político (aunque no del poder financiero), el no pago de la deuda pública con reservas y las limitaciones para financiar al Tesoro nacional podrán ser aspectos fundamentales para algunos pero inútiles para lograr el desarrollo nacional, como se ha observado con claridad en los últimos años.
Sin embargo, con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central enviado al Congreso por el presidente Macri, el gobierno intenta introducir solapadamente una fundamental modificación, que llamativamente no fue incluida entre los “puntos clave” enunciados por el Ministerio de Hacienda en su presentación. En un bravísimo artículo (el 40), al final del proyecto se propone la derogación de la ley 19.359 referida al Régimen Penal Cambiario; en otras palabras, se eliminan totalmente los delitos allí reglados.
Es cierto que la aplicación de la ley 19.359 no ofrece un nutrido antecedente en condenas por delitos cambiarios, pero ello desde luego no es producto de un vicio de la norma, sino más bien de la falta de voluntad para que sea justamente aplicada. En su artículo primero, esta ley define como delito a “toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones; operar en cambios sin estar autorizado al efecto; toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio; la omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas; toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor; y todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios”.
Con la derogación de esta ley no sólo dejarían de existir este tipo de delitos sino que además el Banco Central, ejerciendo una competencia delegada para aplicar sanciones y teniendo presente sus funciones de Policía social, no podría ya investigar ni sancionar acciones que –como éstas– no estén previstas en una ley. Nada de todo esto sería pasible ya de investigación ni sanción.
Más allá de los aspectos técnicos que se pretenden modificar con la nueva Carta Orgánica del BCRA, la reforma demuestra, sin duda alguna, qué tipo de autoridad monetaria pretende crear el Fondo Monetario a instancias del gobierno de Cambiemos, con qué funciones y qué intereses.
¿Alguien puede pensar que con esta iniciativa el gobierno está priorizando los intereses de la Patria y del pueblo argentino? Si esto resulta claro ante el sentido común, sería de esperar que los legisladores rechacen de plano semejante iniciativa. Pero bueno, considerando los antecedentes del Poder Legislativo respecto de normas que resultaron gravosamente contrarias el interés nacional, sólo resta confiar en la voluntad soberana del pueblo argentino que, tarde o temprano, prevalecerá por sobre los intereses extraños y mezquinos de siempre.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
