Una banda mixta encabezada por el ya célebre ladrón de autos y sindicado narco Esteban Lindor Alvarado fue imputada este viernes en el Centro de Justicia Penal. Cuatro de los seis por ahora apuntados son investigadores policiales que trabajaban con la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía y que fueron formalmente acusados de incorporar información falsa y desviar la pesquisa lejos del cabecilla: según quedó plasmado en la audiencia, éste desarrolló un sofisticado sistema de contrainteligencia, con el aporte invalorable de funcionarios estatales de máxima confianza de los fiscales, para intentar desmontar pruebas que lo incriminan como ideólogo del crimen del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cadáver fue hallado cerca del Casino en noviembre pasado.
Alvarado, alias Rengo o Chuchino, fue imputado como jefe de una banda con amplias ramificaciones y también por tres ataques a tiros ocurridos en diciembre y enero últimos contra las fachadas de Tribunales y el Centro de Justicia Penal, además de la casa de una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a la que en días anteriores le habían dejado la cabeza de un perro dentro de una caja en la puerta, todos ellos en carácter de instigador.
Según la acusación fiscal, en la que colaboraron la Tropa de Operaciones Especiales y Asuntos Internos, Alvarado a la vez simulaba evidencia que plantaba a través de terceros para hacer creer que los autores de estos ataques y del crimen de Lucio Maldonado eran obra de dos hombres: uno de ellos vinculado con la banda de Los Monos y el otro con el que tiene una rivalidad personal. El sexto imputado es un civil, sindicado miembro del grupo de Alvarado encargado de tareas de inteligencia.
Cargo por cargo
Con fuerte custodia policial que implicó camionetas con hombres armados en los alrededores del edificio y algunos funcionarios jerárquicos del MPA, entre ellos el fiscal general Jorge Baclini, se desarrolló una audiencia que arrancó una hora después de lo pautado.
Los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Paola Aguirre, de la Unidad de Gravedad Institucional, apuntaron primero contra Alvarado, quien ya contaba con una imputación como instigador del homicidio de Maldonado, secuestrado frente a su casa de barrio Tablada, y luego torturado y asesinado. Lo sindicaron como jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados entre 7 de septiembre de 2018 y 29 de abril de 2019. Para los fiscales, administraba recursos materiales y humanos para sus fines ilícitos en los que utilizaba un entramado de negocios lícitos e ilícitos. Asignaba tareas, daba órdenes y entre los diferentes segmentos de la banda había tres grupos bien diferenciados.
Según la acusación, los que le brindaban la logística para la comisión de los hechos, proveían autos, armas, pagaban a la mano de obra que ejecutaba los hechos delictivos, hacían tarea de inteligencia e identificación de personas y también se ocupaban de intimidar gente. Un segundo grupo se dedicaba a la contrainteligencia: brindar impunidad a la banda, entre ellos el personal policial que brindaba datos falsos, plantaba pruebas o filtraba información reservada, entre otras y un tercer grupo dedicado a la cuestión financiero ecónómica. Se camuflaban en empresas lícitas, generalmente de transporte, logística y venta de vehículos y a través de ellas se proveía a la estructura de inmuebles, vehículos, dinero para afrontar gastos de la organización y la ejecución de hechos delictivos, explicaron.
Entre los integrantes de la banda la Fiscalía citó a los policías Marcelo Rey, comisario que trabajaba como jefe de las brigadas operativas de la Policía de Investigaciones (PDI) y su hermano Martín Rey, un subcomisario, su principal colaborador.
Asimismo fue acusado Pablo Báncora, investigador del equipo de PDI asignado a la Unidad de gravedad Institucional, donde era pesquisa en las balaceras contra los domicilios y edificios públicos, cuya primera saga –entre mayo y agosto del año pasado– fue adjudicada a la Banda de Los Monos. Es también la repartición que investiga el crimen de Maldonado. La cuarta uniformada acusada es Jorgelina Chaves, una suboficial que trabajaba en el Comando Radioeléctrico.
Los cuatro uniformados fueron imputados como miembros de la asociación ilícita, al igual que Marcelo «Fino» Ocampo, quien cumplía un arresto domiciliario cuando lo detuvieron. Este hombre además fue imputado de levantar información para Alvarado, haciendo seguimientos a sabiendas que esa data iba a ser utilizada para involucrar a otras personas en hechos resonantes y así incriminar a terceros.
Puntualmente se sindicó a Fino como la persona que siguió a un testigo protegido en la causa Maldonado, a quien intentaron vincular con pistas falsas plantadas a la Fiscalía como el autor del ataque a la casa de una funcionaria del MPA en Rioja al 500 ocurrido el 31 de enero. Según el relato de los fiscales, hay al menos otros siete civiles investigados como integrantes de la organización delictiva.
Los ataques
Alvarado fue sindicado como el instigador de tres hechos. El 10 de diciembre se produjeron dos ataques, el primero contra los Tribunales provinciales, en Balcarce al 1600. Desde una moto abrieron fuego: dispararon unas 15 veces y dejaron un cartel que en el que se autoincriminaba. Decía: “Con la mafia no se jode. Atte. Esteban Alvarado”. Veinte minutos más tarde una mujer se acercó al Centro de Justicia Penal, en Mitre y Virasoro, diciendo que estaba descompuesta: mientras la guardia la trasladaba a un hospital una moto baleó el frente del edificio, aunque antes dejó un cartel del mismo tenor. Por este hecho Marta Gianotti, de 40 años, fue imputada.
El 14 de enero, describió la acusación, desconocidos dejaron en la vivienda de Rioja al 500 una caja con la cabeza de un perro y el 31 desde una moto balearon la misma casa. Los dos atacantes hicieron dos cuadras, abandonaron la moto y se fueron en un Volkswagen Up.
