Este lunes terminó la audiencia que tuvo como protagonistas a 9 personas sindicadas por integrar una banda delictiva dedicada a defraudaciones vinculadas a la compra y venta de autos. La mayoría quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley mientras que dos de ellos, quedaron presos en forma preventiva por un mes. Para la fiscalía la defraudación asciende a unos 150 millones de pesos, aunque esta suma puede elevarse ya que investigan más denuncias contra este grupo. Entre los integrantes de la banda se encuentra un ex empleado del MPA acusado en una investigación por coimas donde cayó en desgracia el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad quien fue condenado en el caso.
En una conferencia de prensa el fiscal Fernando Dalmau dio detalles de la banda delictiva que operó en Rosario desde diciembre de 2023 en forma organizada, sistemática y con permanencia en el tiempo. Este grupo cometió distintos delitos, en su mayoría relacionados a la compraventa de automotores.
Con la fachada de concesionaria abusaban de la confianza de personas que querían vender o comprar autos y los estafaban.
A través de la figura cooperativa instalaron un local en Pellegrini al 3100, de allí se fueron a pasaje Independencia al 3200 y la última concesionaria funcionó en Pellegrini al 4800. Los locales, con atención al público, aprovechaban para estafar a quienes se acercaban a comprar o vender autos y captaban vehículos que se ofrecían en redes sociales. Le daban la posibilidad a sus dueños de venderlo en la concesionaria a un precio similar. La gente dejaba su vehículo y en muchos casos no se le abonó el dinero de la venta del vehículo, contó el fiscal.
Tras los allanamientos que se hicieron en el caso se detuvieron a 7 personas in fraganti y otros dos fueron arrestados con posterioridad. El sindicado cabecilla, que enfrenta una causa similar en Santa Fe donde utilizaba para las maniobras defraudatorias el sitio “vendo tu auto” se encuentra prófugo desde diciembre del 2023. Varios de los integrantes de ese grupo investigado se encuentran condenados.
Imputativa
Tras la imputación por asociación ilícita, estafas y amenazas siete de los detenidos quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley y otros dos, que fueron los primeros en gestionar la concesionaria y luego se habrían retirado de la cooperativa inicial, quedaron presos por 30 días.
El fiscal contó que no hay un número total de casos porque hay más denuncias y se están recuperando otras que habían sido desestimadas, se están reabriendo. Esto pasó porque eran presentaciones aisladas que parecían incumplimientos contractuales y era una cuestión civil, entonces en lo penal se archivaban pero ahora con una visión conglobada se están revisando las denuncias desestimadas, explicó.
Refirió que el señalado jefe de la banda, quea se encuentra prófugo y está identificado como Alexis Guarda, usaba una identidad falsa, Rodrigo Dip o Dipropio. Era quién comandaba toda la organización, decidía quien trabajaba o no, cuáles autos se recibían, cómo modificar las contrataciones originales, entre otras actividades.
Entre los imputados el fiscal destacó el rol de Camila M. designada presidenta de la cooperativa e imputada en 32 hechos no solo de estafa sino también de intimidación a las víctimas para que no sigan con las acciones legales.
Tres concesionarias utilizadas por una banda para estafar con la compraventa de autos
Otro de los imputados fue Nelson Ugolini, ex empleado de la fiscalía. Era quien le daba el andamiaje jurídico a la organización, le dio el formato de cooperativa a la actividad ilegal incluso surgió de las declaraciones de los imputados.
Dijo que Camila M. contó que en la primera reunión que tuvo con este grupo, la entrevista la tuvo con Ugolini. De esa declaración surge que no era un mero asesor legal sino que formaba parte del grupo. Se le atribuyeron hechos concretos de estafa e intimidaciones a las víctimas a los fines de que no sigan con sus reclamos y en algunos casos el contactaba a las víctimas como abogado y ofrecía sus servicios para desviar los reclamos de los damnificados y de alguna manera proteger la organización, contó el fiscal.
Por ahora lo que tenemos relevados es algo más de 150 millones de pesos pero seguramente, con el correr de la investigación, este número se va a incrementar sensiblemente, aseguró.
El fiscal dijo que la investigación recién inicia, hay que gestionar la apertura de los celulares secuestrados y ahí va a surgir información para la causa, “tenemos que hacer una investigación patrimonial no todos recibieron transferencias peros algunas sí y fueron transferidas a segundas cuentas”, dijo y agregó que pidieron la inhibición general de bienes para todos los imputados. Además dijo que quedan recibir muchos testimonios y documentación de damnificados.
