Por Esteban Rodríguez Alzueta* / Para APU
Cuando la mentira se parece a la verdad, en estas épocas de pos verdad, hay que dedicar especial atención para no dejarse llevar por las declaraciones de los funcionarios. Ya sabemos que las palabras son performáticas, que el gobierno tiene la habilidad de hacer cosas con las palabras, que las declaraciones de los funcionarios producen efectos de realidad. Prueba de ello es el protocolo antipiquete, una protocolo anunciado en una conferencia de prensa después de una reunión del Consejo de Seguridad en la Patagonia que nunca se escribió pero se propaló rápidamente por los medios que blindan la espalda del gobierno. De hecho los periodistas estrellas siguen invocando el famoso protocolo que nunca se público ni si quiera en la página del Ministerio de Seguridad, mucho menos en el Boletín Oficial. Otro ejemplo es el título en el sitio del diario Clarín ayer a la tarde después de la publicación en el Boletín de la Resolución 956/2018 que reglamenta el empleo de las armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas federales de seguridad. Dice el título de Clarín: “La policía podrá disparar sin dar la voz de alto y sin agresión directa”. Y La Nación: “Autorizan a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos en fuga”.
Se trata de una resolución que blanquea la doctrina Chocobar formulada por la ministra Patricia Bulrrich meses atrás, después de que un oficial de la Policía Local que vivía en el Barrio de la Boca fusilara por la espalda a un joven de 18 años, Juan Pablo Kukoc, que supuestamente acababa de robar a un turista junto a otro joven.
Como dice Horacio Verbitsky en su columna del domingo pasado en El cohete a la luna: el gobierno autoriza a disparar primero y preguntar después. Se sabe, el muerto no parla y el mejor ladrón es el ladrón muerto. Corta la bocha.
La resolución del Ministerio de Seguridad en parte sobreactúa y en parte hace algunas innovaciones muy preocupantes. Sobreactúa porque lo que dice ya estaba dicho en la legislación de fondo, en el artículo 34 inc. 6° del Código Penal en torno a la imputabilidad en casos de legítima defensa. Innova porque la resolución dice en su artículo 2 que el agente policial “hará uso de las armas de fuego…”, es decir, no dice podrá sino que directamente dice “hará… fuego”. Y después porque en ese articulado incorpora una nueva causal para usar la fuerza letal: “Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. Y si faltaban palabras que le agreguen ambigüedad a las cosas, se aclara en el artículo 5, inc. c) que “se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias: cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: c1) Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas; c2) Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o terceros; c3) Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma.”
No es nuestra intención ponernos a hacer un ejercicio de dogmática penal a partir de la norma escrita con sanción. Se lo dejamos a los operadores judiciales en los numerosos casos que seguirán en los próximos años. Sólo queremos recordarles a los policías que la resolución del poder ejecutivo avanza sobre facultades que son de exclusiva incumbencia del poder legislativo y que una resolución ministerial no está por encima de una ley. Quiero decirles que el gobierno está sembrando de pistas falsas su labor diaria.
No lo hace adrede, el gobierno persigue otras dos funciones. Por un lado, en tiempos electorales, mandan un mensaje brutal a la hinchada propia que supo reclutar en las últimas elecciones, le dice a la vecinocracia lo que esta quiere escuchar: hay que matar al ladrón. De esa manera adecuan su relato a la pirotecnia verbal en la región. En segundo lugar, es una amenaza de muerte para todos aquellos que hayan sido pescados infraganti o la policía diga que hayan sido pescados de esa manera. Un paso en falso y te podemos matar. Porque se sabe que uno de los deportes preferidos de la policía es el “montaje policial” después de cada persecución; o cada cita podrida que los policías tiran a los jóvenes reclutados forzosamente para que pateen con ellos o con la gente que arregló con ellos.
Es de esperar que en los próximos años aumenten –y lo digo con un clisé periodístico que invisibiliza la violencia policial- “las muertes en enfrentamiento en ocasión de robo”. Pero por otro lado, seguramente se van a seguir llenando de policías los pabellones de fuerza en las unidades penitenciarias. Lo digo porque a través de las declaraciones los funcionarios están sembrando el quehacer policial con pistas falsas que el agente deberá aprender a desentrañar rápidamente para no pisar el palito y pasar una temporada en la cárcel.
En efecto, la patente de corso que regalan los funcionarios a la policía es un problema para los propios agentes policiales, sobre todo para aquellos quecumplen su función en la calle, que pasan la mayor parte del tiempo haciendo nada. Es un problema porque confunden al policía, lo azuzan y después, llegado el caso, no dudarán en abandonarlo. En última instancia el policía es un negro más.
Pero el policía recordará lo que aprendió alguna vez, durante su formación, cuando le dijeron cómo y cuándo debe usar la fuerza letal y no letal. Recordará que su uso se hace de acuerdo a los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad que el gobierno pretende correr a través de un instrumento menor; recordará que fue capacitado y entrenado según procedimientos de actuación que están protocolizados y ajustados a estándares internacionales de derechos humanos, es decir, el policía sabe cuáles son los pasos previos que hay que seguir en casos de persecución y enfrentamiento, sabe qué tiene que decir antes de desenfundar y dónde tiene que apuntar. Sabe, entonces, que apartarse de aquellos cánones puede costarle caro, que si erra el camino o se equivoca no sólo pierde el trabajo -con todo lo que eso implica- sino que además puede llegar a pasar una temporada en una cárcel. Sabe además, por las conversaciones que mantiene con sus propios pares en la comisaría, que los policías son un “fusible” y por eso tiene que aprender a “pilotear” la violencia, es decir, a ganarse el prestigio de la familia policial, esquivando las pistas falsas. Sabe que tiene que hacer valer su autoridad descargando su bronca o la ira a través de lo que hemos llamado en otro lugar la violencia moral. Le sale no sólo “más barato” –penalmente hablando-, sino que además es más seguro porque sabe también no dejará rastro visible alguno. Además, mientras el verdugueo sea para los jueces una violencia sin nombre, es decir, una violencia que no es referenciada como problema, tampoco será materia de revisión ni reproche. Y en tercer lugar, le sale “más barato” porque muchas veces, como hemos constatado en nuestras investigaciones, el “verdugueo policial” no es denunciado por las víctimas. A veces porque se ha naturalizarse, y otras veces porque sus destinatarios saben que la violencia policial forma parte de las reglas de juego a la hora de estar en la calle y nadie saldrá corriendo a buscar a su papá o a la organización para denunciar los maltratos o destratos porque le costará el prestigio que gana si se la “aguanta”.
Ser “fusible” en la propia jerga policial, quiere decir que sos el último eslabón de una cadena de mando que no controlas y encima, ese mando, es muy difícil de traerlo al ruedo y probarlo llegado el caso. Es decir, los pichis (los suboficiales y oficiales de menor jerarquía) saben que si se corren de la ley quedarán desenganchados, y no habrá obediencia debida que los ampare, ni familia policial que los rescate.
Como me apuntó el antropólogo Tomás Bover, autor de la tesis de maestría, “Trayectorias policiales: producción de instituciones y agentes sociales en la Policía Federal Argentina”: los policías temen cómo van a ser juzgados si les toca hacerlo el día de mañana. No sólo su muerte es materia de preocupación y reflexión colectiva, también les genera muchas dudas, tensiones y angustias saber qué puede llegar a pasarles el día que ellos maten a una persona.
Y finalmente, hay que recordarles a los policías y sus funcionarios que no estamos en la década del ‘90. Las organizaciones sociales referenciaron a la violencia policial como un ítem central y hay muchas más organizaciones de derechos humanos observando el accionar de las policías. Más aún, los jueces no tienen el mismo libro en su biblioteca y tampoco el mismo compromiso, es decir, no escriben la misma sentencia porque tienen distintos criterios, otras interpretaciones. Es decir, los policías saben que van a ser llamados a rendir cuentas por sus acciones y no tienen la comprada de antemano la libertad.
Lo decimos una vez más: el cheque gris a la policía emitido por el Ministerio de Seguridad y validado en la ventanilla presidencial, revela no sólo la incapacidad de la actual gestión para conducir a las policías sino un desconocimiento total de cómo opera la policía a través de la violencia y qué criterios utiliza para autorregularla.
*Docente e investigador de la UNQ. Director del LESyC y miembro del CIAJ, organismo de derechos humanos. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad.
