Sindicatos, fuerzas políticas y movimientos sociales se convocaron en la tarde de este miércoles frente a la Sede de Gobernación para exigir la inmediata libertad de los activistas detenidos. Más de 7 mil personas reclamaron un paro general provincial contra la persecución, y apuntaron directamente al gobierno de Maximiliano Pullaro por detenciones y allanamientos a domicilios de militantes y dirigentes sindicales, los primeros en 40 años de democracia por causas gremiales.
Las organizaciones sindicales se sorprendieron con la virulencia de los operativos, que se descargaron sobre domicilios con violencia destructiva sin previa citación a declarar ni notificación de ninguna especie, lo que consideraron un claro gesto de amedrentamiento. De inmediato reaccionando convocando a la concentración que dio muestra en la calle de que la solidaridad entre espacios gremiales y sociales es un activo aceitado y presente: estatales de ATE, docentes de Amsafé y Sadop, el Sindicato de Prensa, La Bancaria, Municipales, Soeme y otros gremios de la Insertindical Rosario y la CTA; la Corriente Clasista y Combativa, entre otros, acudieron con sus banderas junto agrupaciones estudiantiles universitarias, la Federación de Estudiantes Secundarios (Feser), espacios políticos como el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero, Ciudad Futura, organizaciones del peronismo, en un entramado mucho mayor.
Fuera de micrófono, hacia el interior de los gremios consideran que los operativos policiales, ordenados por la fiscal de Santa Fe María Laura Urquiza, no están determinados por la investigación y sanción de conductas delictivas, sino que se trata de una estrategia del gobierno de Pullaro para doblegar resistencias a sus políticas. Sostienen que la funcionaria judicial, que imputó al ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín y al fiscal Matías Edery –entre otros casos– integra el sector judicial en que hace pie el gobernador. “Es la primera vez en 40 años de democracia que en Santa Fe entran rompiendo puertas para llevarse detenidos a dirigentes sindicales”, ponen de relieve para marcar la gravedad de la situación, que remonta a los estallidos sociales de 1989 y 2001 y su sangrienta represión, ahora sin saqueos.
Y recordaron que, precisamente a partir de las reformas impulsadas por la gestión de Unidos, ahora las órdenes de allanamiento no dependen de la firma de un juez –como antes– sino que pueden ser dispuestas directamente desde Fiscalía, sin contralor. Y, como quedó en evidencia, sin citación previa para comparecer, y fuera de toda situación de flagrancia.
Los detalles de la investigación recién se conocerán en la mañana de este jueves, ya que todo se mantuvo bajo estricta reserva, lo que también generó impacto entre quienes acudieron este miércoles a la movilización frente a Gobernación.
Yamila, de 40 años, y Cintia, de 26, son docentes de escuela primaria y dieron el presente en solidaridad con los detenidos. A la primera la situación la retrotrajo directamente a la última dictadura. Y Cintia marcó que ella participó de la movilización del 12 de septiembre frente al Congreso provincial contra la reforma previsional y no logra entender de qué se acusa a los detenidos: refiere que no hubo un enfrentamiento con el cordón policial que resguardaba la Legislatura, y que ante agresiones de uniformados respondieron “tirando tizas”. Ambas tienen la sensación de que hay un mensaje oficial detrás de las detenciones, y es su propio temor: “Que esto le puede pasar a cualquiera. Sin motivo”.
Mateo, Sara, Martina y Miche son estudiantes de fotografía, y acudieron a la plaza en solidaridad con sus y todos los docentes. No vivieron ninguno de los acontecimientos sociales que sacudieron a la provincia y al país en las últimas décadas: en 2001 y 2002 aún no habían nacido. “Esta es la primera vez que me toca vivir algo así”, refirió Sara, quien participó de una asamblea estudiantil en la que hacían referencia a las políticas de los 90: ella nació en 2006. Y a Miche, que vive en zona sur, el cambio de clima le llegó por otro lado: ahora tiene que salir de su casa con documento, algo que nunca antes había vivido, aunque todavía a ella no se lo pidieron. En el barrio, sí.
Los temores se acrecientan por igual entre quienes tienen ya experiencia sindical y quienes recién se asoman a la militancia estudiantil por hechos recientes que volvieron a transmutar al plano físico la profusión de frases de singular violencia en redes sociales, proferidas desde perfiles de ostensible encolumnamiento con La Libertad Avanza o las expresiones más extremistas del PRO. Quienes replican –o programan– los discursos de odio un año atrás denunciaban una supuesta “campaña del miedo”; ahora la ejecutan.
Pero la reacción inmediata que tuvo lugar este miércoles en la plaza San Martín expresa que no hay voluntad colectiva de dejarse atropellar a pesar de lógicas temores individuales. De hecho, antes del final de la concentración, convocada para las 17 y con multitudinaria respuesta, centenares de estudiantes, con banderas de Tupac y el Frente Santiago Pampillón, entre otras, se sumaron a la concentración tras una masiva asamblea en la puerta de la Facultad de Humanidades y Arte.
