“Sabemos que las bandas tienen infraestructura tecnológica y logística, recursos humanos, connivencia de personal policial y armas. Hacia esas cuestiones orientamos hace tiempo el trabajo de los fiscales y ahora hemos producido nuevas instrucciones que profundizan las investigaciones en ese sentido”.
La explicación corresponde al procurador de la Corte Suprema santafesina, Jorge Barraguirre, en relación a nuevos lineamientos para el trabajo de los fiscales que permanecerán en el sistema conclusional, es decir, aquel que tramitará las causas por delitos penales iniciadas antes del 10 de febrero de 2014 (ese día entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal) hasta su extinción.
Barraguirre pone el acento en aquellas causas de mayor interés social por el impacto que tienen. Concretamente las vinculaciones entre posesión y comercialización de armas, enriquecimiento injustificado del patrimonio personal de personal policial y barrabravas de fútbol. Las instrucciones surgidas del trabajo conjunto con los fiscales apuntan a poner en valor datos dispersos en innumerables causas, cruzarlos y acumularlos si fuera pertinente.
Por fuera de la Policía
Lo más novedoso de la instrucción 74 firmada el 27 de diciembre pasado, es que designa a las fiscales Liliana Lauxmann de Santa Fe y a María Eugenia Irribarren de Rosario para que gestionen una línea 0800 para recepcionar denuncias relacionadas a uso, tenencia y comercialización de armas ilegales o de procedencia desconocida; e instalar buzones de denuncias sobre hechos ilícitos en las propias fiscalías y en los barrios y vecinales con mayor número de hechos delictivos en coordinación con los municipios. La instrucción apunta a expandir el mismo método de recolección de datos con colaboración de iglesias de distintos credos y organizaciones no gubernamentales “preocupadas por esta problemática social”.
Juicios abreviados
En esa misma resolución, se propone lograr convenios con las universidades de Rosario y el Litoral para elaborar proyectos de análisis de inteligencia criminal y mapas delictivos. También, tramitar en el Ministerio de Seguridad que se asigne una brigada de 10 policías para trabajar a disposición de la Oficina de Judiciales de Causas con Imputados No Identificados y a ante la Corte que destine los soportes técnicos y herramientas necesarios para el funcionamiento de la Oficina.
Un señalamiento particular merece la instrucción dirigida a fiscales de distrito para “fomentar juicios abreviados y/o suspensiones de juicio a prueba y/u otras salidas transitorias en casos de menor gravedad”.
De este modo se busca concentrar esfuerzos y direccionar “las investigaciones hacia la detección y persecución de conductas de mayor gravedad relacionadas al tráfico y comercialización de armas y municiones de origen ilegal”. A su vez, estas variantes de enjuiciamiento podrían facilitar el acceso a información a cambio de morigeración de condenas.
Fútbol, violencia y algo más
La instrucción número 75, también fechada el 27 de diciembre pasado, vuelve sobre una anterior, de noviembre de 2013 que fue la primera que puso el acento en el tema barrabravas, delito y clubes de fútbol.
En esta área de trabajo, el procurador de la Corte Suprema santafesina pone al frente a los fiscales Guillermo Camporini de Rosario y Carlos Romero de Santa Fe.
Les pide que fiscales de distrito “prioricen aquellas causas sobre delitos relacionados con hechos de violencia en el fútbol y a grupos vinculados directa o indirectamente a instituciones deportivas”, y que evalúen la posibilidad de solicitar la acumulación de causas para evitar la dispersión.
La colaboración de los clubes
Les pide coordinar acciones y gestiones con la Secretaría de Seguridad en Espectáculos Deportivos y que requieran a las comisiones directivas de los clubes información sobre cantidad de lugares habilitados para espectadores en los estadios, número de entradas que venden y que se entregan por protocolo, todo documentado. Los clubes deberán también proporcionar a los fiscales un esquema detallado de la cantidad de cámaras de seguridad de las que se disponen en el interior y las adyacencias del estadio, registros fílmicos de los accesos que utilizan los líderes de las barras a la cancha, más el plan de seguridad de la institución. Al mismo tiempo requiere a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia copias de los últimos tres balances de las instituciones, que se entiende, son Newell’s, Central, Unión y Colón.
Barras en la mira
Luego la instrucción tira líneas de trabajo sobre los líderes de las barras propiamente: “Solicitar a autoridades municipales, provinciales y nacionales competentes y a entidades privadas la más amplia información con la que cuenten en relación a los bienes muebles e inmuebles, automóviles, actividades comerciales y negocios, finanzas y patrimonios de aquellas personas que aparezcan indicadas como líderes de cada una de las barras, como así también sus familiares y allegados”.
Barraguirre deja el cargo el 28 de febrero
El procurador de la Corte Jorge Barraguirre presentó su renuncia al cargo solicitando el cese de funciones el 28 de febrero próximo. El alejamiento se conocía en los círculos más altos de los poderes Ejecutivo y Judicial desde hacía unos meses, y si bien en algún momento se especuló con que finalmente se quedaría en el puesto, el propio Barraguirre confirmó que volverá a trabajar en la profesión.
La renuncia está vinculada a su interés en retornar a la actividad privada, al menos por ahora, y en el hecho de que para la fecha fijada se habrá cumplido el principal objetivo que se puso cuando asumió, hace poco más de un año.
En ese entonces afirmó que su “mayor desafío es acelerar el proceso de reforma penal y que las funciones penales de la Procuración queden en manos del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público provincial”. A días de ser completado ese paso, las funciones del procurador quedan más limitadas.
Hijo de un ex ministro de la Corte y santafesino de origen, Barraguirre se desempeñó en la Procuración General de la Nación, específicamente en la defensa de intereses nacionales en los litigios arbitrales iniciados por corporaciones internacionales tras la caída de la convertibilidad ante organismos como el Ciadi. El gobernador electo Hermes Binner lo convocó en esos meses finales de 2007 para ocupar la Fiscalía de Estado provincial. En diciembre de 2012 el gobernador Antonio Bonfatti lo designó procurador de la Corte en reemplazo del fallecido Agustín Bassó.
