La influencia de Hugo Moyano en el reparto de fondos para las obras sociales terminó de esfumarse esta semana. En silencio, el Gobierno echó a dos directivos de la Administración de Programas Especiales (APE) que reportaban al camionero. De este modo, puso fin al monitoreo que tuvo a disposición de manera ininterrumpida el jefe de la CGT en los últimos años sobre el organismo encargado de distribuir recursos por 1.200 millones de pesos al año.
El despido de Christian Asorey, yerno de Moyano, y de Hugo Sola, un asesor del sindicato de camioneros que en los hechos manejaba la APE desde hacía varios años -con o sin cargo formal- fue resuelto por la exdiputada santacruceña Liliana Korenfeld, nueva gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), bajo cuyo control quedaron la estructura y los fondos de la APE la semana pasada.
La maniobra coincide con una restricción al máximo de la distribución de recursos de la entidad. La APE es el organismo encargado de reembolsarles a las obras sociales el valor de los tratamientos médicos más costosos (sida, cáncer y hemofilia, entre otros) y su presupuesto se nutre de aportes especiales realizados por las propias organizaciones de salud de los gremios.
Reclamo
Esos aportes constituyen el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que acumula en la actualidad más de 13 mil millones de pesos. Es decir, más de diez veces el presupuesto de la APE. Esos excedentes son objeto de permanente reclamo por parte de los sindicalistas, incluso de aquellos que cuestionan el liderazgo de Moyano.
El destino de los fondos fue uno de los ejes del almuerzo que el camionero compartió ayer con los dirigentes que le responden en la sede de la CGT. Y también será, junto con la falta de respuesta del Gobierno a la demanda por un cambio en el Impuesto a las Ganancias, bandera de la próxima reunión del Consejo Directivo de la central obrera, convocada para el martes que viene.
Algunos comensales dijeron haber recibido en las sedes de sus obras sociales circulares de la APE en las que se les comunica que «un problema en el área de informática»obligó a suspender los reintegros por tratamientos médicos. Lo llamativo del caso es que Asorey, casado con una hijastra de Moyano, era el jefe de esa área en la APE hasta la semana pasada. Sola, por su parte, fue gerente durante varios años y estuvo en los hechos al frente de la APE por ausencia del titular.
La purga coincide con el agravamiento en el conflicto entre el Gobierno y Moyano. Pero también, con la difusión de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que dirige el radical Leandro Despouy, con severos cuestionamientos respecto de la distribución de fondos por parte de la APE.
Desde la semana pasada, el organismo pasó de ser un ente autárquico a depender de la gerencia general de la SSS, es decir, de Korenfeld. La intervención representó un golpe no sólo contra Moyano -que se completó con los desplazamientos de Asorey y Sola– sino también para el ministro de Salud, Juan Manzur, que mantiene al frente del organismo a un hombre de su confianza, Manuel Alves. La mala coexistencia de líneas enfrentadas –Alves, los hombres de Moyano y Donato Spaccavento, médico de confianza de los Kirchner- pesó también a la hora de resolver el cambio estructural.
En el almuerzo de ayer el camionero y sus colaboradores intercambiaron penurias respecto de sus obras sociales. Dieron por hecho que el corte en los recursos es un intento de la Casa Rosada por disciplinar a los sindicalistas y convencerlos de apoyar al metalúrgico Antonio Caló en la pelea por la sucesión en la CGT.
Pero Moyanoresolvió diferir la adopción de medidas de fuerza para más adelante. Los posibles escenarios para esa convocatoria serán el martes próximo, durante la reunión del Consejo Directivo de la central obrera, y el jueves, cuando en el Salón Felipe Vallese de la CGT se conmemorarán los 30 años del paro convocado por Saúl Ubaldini en contra del Gobierno militar.
