Candela Ramírez
Este viernes la Universidad Nacional de Rosario y el Museo de la Memoria presentaron el primer listado oficial de personas desaparecidas durante la última dictadura militar: Base para la Memoria es el nombre que eligieron para esta investigación que permanece abierta y a disposición de la comunidad.
La base de datos puede encontrarse en este link y ya reúne la información recolectada de 400 hombres y mujeres de las 24 localidades que componen el departamento Rosario. El recorte temporal de la investigación va de 1976 a 1983, aunque las desapariciones y asesinatos hayan empezado antes.
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A las 11 de la mañana el SUM de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR estaba colmado de funcionarios, estudiantes, docentes, militantes de organismos de derechos humanos de la ciudad, familiares de víctimas del genocidio y sobrevivientes. El lugar ubicado en la zona conocida como la Siberia (Riobamba 250 bis) fue el espacio elegido para presentar formalmente el trabajo, iniciado en 2013, a través de la proyección de un video con la información más importante del proyecto y con la presencia de las autoridades de las tres instituciones que lo llevaron adelante: Cintia Pinillos, decana de la Facultad de Ciencia Política y RRII; Paula Contino, directora del Área de Derechos Humanos de la UNR; y Lucas Massuco, director del Museo de la Memoria.
Presentan una base de datos de personas desaparecidas durante la dictadura en Rosario
La fecha elegida es, en principio, porque el 30 de agosto es el Día del Detenido Desaparecido. Durante el acto las autoridades resaltaron algo más: que se trata de crímenes por razones políticas. Esta fecha fue propuesta en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) y desde 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas la establece como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Durante la ceremonia, que empezó entonando el himno nacional cantado por Charly García, se subrayó que hubo otros momentos de este año en que se podría haber hecho la presentación pública, pero esta efeméride les pareció la más pertinente teniendo en cuenta además el contexto: un ejecutivo nacional repleto de funcionarios que en algunos casos niegan y en otros reivindican el accionar de la última dictadura, legisladores que se hacen eco de esta perspectiva y, en palabras de los tres oradores, una política que no solo es de retroceso sino directamente de destrucción de políticas públicas por la memoria.
En este sentido, Contino marcó que “fue el Estado terrorista y es quien debe cumplir y pagar” por los crímenes cometidos desde la ejecución del Plan Cóndor en toda Latinoamérica a partir de 1973 y en Argentina desde 1975: “Acá estamos como Estado en un aporte a la reparación”.
En un momento de retirada del Estado y de ataque deliberado contra quienes levantan estas consignas, para Contino este evento “es una declaración de principios”.
El inicio de la construcción de esta base de datos fue en 2013 en el Museo de la Memoria y una de las personas que tuvo mucho que ver con ello fue Viviana Nardoni, sobreviviente del genocidio y directora del Museo de la Memoria hasta su fallecimiento en 2022.
Los tres oradores recalcaron que no hubieran podido hacer esta base sin el trabajo previo que hicieron de forma artesanal desde los ochenta los organismos de derechos humanos de todo el país: determinar fechas de los crímenes, dónde estuvieron detenidas las personas, la propia historia de vida de ellas.
Viviana Nardoni: “Siempre es necesario que haya hitos arquitectónicos”
En diálogo con este medio, previo a la presentación, Contino había señalado la importancia de generar esta investigación en Rosario ya que cumplió un papel crucial en la represión ilegal: fue sede del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, ubicado donde hoy está emplazado el Museo de la Memoria (Córdoba y Moreno). Desde ahí se planificó el exterminio sobre seis provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.
Todo lo que tiene que ver con el genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983 camina sobre la cuerda floja entre el saber y el no saber: la represión fue clandestina, miles de documentos oficiales fueron escondidos o eliminados, los ejecutores de los crímenes (miembros de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de Seguridad, jueces, médicos, fiscales, entre otros) siguen sin revelar qué hicieron. Entonces encontrar la información, ya a cinco décadas del inicio del plan de exterminio, es muy difícil: se corre contra el tiempo.
Para aportar información a la base de datos se puede escribir a basemuseomemoria@gmail.com
Massuco recalcó que el lenguaje de la memoria en Argentina fue creado por los organismos de derechos humanos (como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Asociación de Ex Detenidos y Presos Políticos, La Liga por los Derechos del Hombre) que fueron los primeros del continente, y en plena represión, en decir: “En Argentina hay desaparecidos”.
“En 2013 lo que se hizo fue recuperar ese hilo, ver las listas que existían y ver las bases existentes a nivel nacional y empezar a notar que desde Buenos Aires el espectro, la precisión y la información se diluía y que nosotros como política local de Memoria creada en 1998 teníamos la responsabilidad de tomar ese trabajo y concretarlo”, planteó el director del Museo de la Memoria desde 2022.
Esta base de datos está abierta y a disposición de la ciudadanía de Rosario pero también de todo aquel interesado en el tema o que tenga alguna información: la base es local pero ya que Rosario fue el sitio desde donde se planeó la persecución en tantas provincias, probablemente personas de otras ciudades puedan aportar datos valiosos. En tal caso pueden escribir a basemuseomemoria@gmail.com
El trabajo se hizo con información provista por organismos y por expedientes judiciales. Pinillos también recordó cómo, cuando la Facultad de Ciencia Política se sumó al trabajo de investigación el Museo de la Memoria, el mismo “pasó a ser un aula más”, que a contrapelo del discurso oficial imperante “los derechos humanos no pueden ser borrados como política pública” y que es crucial atender el trabajo académico pero también sensible de “reconstruir la historia de los desaparecidos”, que es lo que busca la base de datos.
Durante el acto, además, se le otorgó un certificado a cada una de las 30 personas (docentes, graduados, estudiantes) que formaron parte del proceso que empezó siendo encabezado por el licenciado Lucas Almada.
Finalmente, todas las autoridades presentes agradecieron “el compromiso del rector Franco Bartolacci” a quien le atribuyen la tarea de sostenimiento de estas políticas en el ámbito universitario, que hoy no pudo asistir por estar en Santa Rosa, La Pampa, en una reunión del comité ejecutivo del consejo interuniversitario nacional. Las universidades de todo el país se encuentran en pleno conflicto con Nación por la falta de presupuesto para continuar con normalidad su actividad. La situación financiera es crítica.
En Argentina el proceso de juzgamiento tuvo varias etapas: ya en 1984 el ejecutivo en manos de Rául Alfonsín había ordenado la creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) donde se juntó el testimonio de miles de personas en todo el país, en 1985 fue el Juicio a las Juntas y el país se convirtió en el primero en el mundo en juzgar a sus propios genocidas, luego vinieron los indultos, la obediencia debida y el punto final pero desde 2006 se retomaron los procesos judiciales.
Desde entonces hubo 685 causas y 316 sentencias, el problema actual es que muchos de los condenados gozan de prisión domiciliaria aún cuando los requisitos para la misma sean muy dudosos.
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