Organizaciones sociales, gremiales y de género, partidos políticos, estudiantes y militantes se manifestaron este jueves, en la explanada de la Legislatura santafesina (que no sesionó), para exigir que el Senado convierta en ley tres proyectos que favorecen a los colectivos más discriminados: la paridad de género, el cupo laboral trans y la educación sexual integral (ESI).
La movida se dio en el marco del festival artístico “Basta de Medias Tintas”, a través del cual las organizaciones convocantes reclamaron el tratamiento urgente de los tres proyectos –que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia– y acusaron a los senadores de ser cómplices de sectores conservadores que se oponen a la ampliación de derechos.
“No queremos que estos proyectos queden en media sanción; queremos que sean ley la paridad de género, el cupo trans y la educación sexual integral”, reclamó la diputada Silvia Augsburger, del interbloque Igualdad. “Son leyes fundamentales que avanzan en derechos sociales”.
Elecciones con paridad
La ley de paridad de género tiene media sanción de la Cámara baja desde el 24 de mayo y aún no fue tratada por el Senado, donde los representantes del bloque mayoritario del PJ ingresaron su propio proyecto alternativo. Para el colectivo Mujeres por la Paridad –una de las organizaciones que convocaron al festival– la superposición de proyectos similares es una estrategia de los senadores para no avanzar con el tema.
“Santa Fe no puede quedar fuera de estos avances que tienen que ver con la no discriminación de las mujeres en el ámbito político”, evaluó Augsburger. “El acuerdo en la Cámara de Diputados tuvo altísimo consenso; fue votado por unanimidad. Yo creo que hay que insistir hasta que el Senado lo convierta en ley. El Senado es una cámara que tiene 18 senadores y una sola senadora (Cristina Berra) y eso expresa las dificultades para que la paridad sea ley”.
El proyecto establece la conformación igualitaria entre mujeres y varones de las listas de diputados y senadores provinciales, concejales, comisiones comunales, convencionales constituyentes y autoridades de los partidos políticos. Si no se aprueba antes del 30 de noviembre, no se podrá aplicar la paridad de género en las elecciones provinciales del año próximo.
Otra integrante de Mujeres por la Paridad, la ex concejala santafesina Adriana Molina (UCR-Cambiemos), pidió a los senadores “que saquen las leyes del cajón” y agregó: “Que hagan derechos y cumplan con su rol. La ley de paridad fue muy trabajada por todos los bloques y se votó por unanimidad (en la Cámara de Diputados), razón por la cual entendemos que el momento es ahora”.
Para Molina, el proyecto “fundamentalmente es una cuestión de justicia. Ya hay una ley nacional de paridad, hay 13 provincias que tienen paridad, se acerca un año electoral y si este proyecto en las próximas sesiones no es aprobado, Santa Fe no va a cumplir con algo básico que tiene que ver con la igualdad”.
“En el Senado hemos visto algunas reacciones individuales a favor de la paridad, pero no una reacción institucional”, continuó Molina. “Desde junio la media sanción está en comisiones, todavía en la primera comisión de las cinco a las que fue girada. Cuando un proyecto va a cinco comisiones, es porque hay una intención de demorarlo. Yo creo –y espero equivocarme– que no hay una decisión política de que se apruebe la ley”.
Con mis hijos sí
La ley provincial de ESI logró media sanción el 14 de junio y está cajoneada en el Senado, donde hubo fuertes presiones por parte de obispos de la Iglesia Católica para que no sea tratada, lo mismo que ocurre con la ley de educación que incluye un capítulo específico sobre ESI.
Para las organizaciones sociales que trabajan cuestiones de infancia, es una demanda central. “Estamos reclamando la sanción urgente de la ley de ESI que se encuentra frenada en la Cámara de Senadores”, señaló Vanesa Escobar, del Frente en Defensa de la ESI. “Las cifras de embarazos adolescentes y de abusos infantiles son alarmantes; para todo eso necesitamos una ley de ESI que pueda ser implementada en todas las escuelas públicas y privadas para poder deconstruir esta matriz cultural violenta que lleva a una naturalización y a que no podamos problematizar sobre esta temática que tanto daño nos hace”.
Para la diputada Augsburger, las resistencias a la ESI “estuvieron siempre”. “Cuando se debatió la ley nacional vigente, en 2006, se escuchaban los mismos argumentos que ahora. Lo que ocurre hoy es que, con la fuerza del movimiento feminista, esas expresiones se hacen públicas. Pero siempre estuvieron”.
“La ESI es el primer instrumento para evitar los abusos sexuales que ocurren en el interior de la familia, por eso el Estado tiene que ser el garante de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de la ley en todas las instituciones educativas”, agregó la legisladora de Igualdad.
El colectivo más castigado
El “cupo trans” apunta la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero. La iniciativa les asigna un cupo de puestos de trabajo en los tres poderes del Estado (no podrá ser inferior al 10% del total de personas que hayan procedido al cambio de su sexo, nombre e imagen en el Registro Civil de la provincia) y alienta, además, la contratación de personas de ese colectivo en el sector privado a través de convenios para pasantías.
Según Victoria Stéfano, referente de género de La Poderosa Santa Fe, los tres proyectos “hablan un mismo lenguaje –la ampliación de derechos– por eso los impulsamos en conjunto, entendiendo que el Senado siempre se presenta como un espacio de resistencia”.
“El cupo laboral trans es una medida necesaria”, agregó la militante. “El acceso laboral es un horizonte simbólico para las personas trans, sabiendo que la posibilidad de un empleo hoy es nula. Pero además, simbólicamente, representa un pedido de perdón de parte del Estado por los 30 años de democracia en los que nos persiguieron. En esos mismos términos pensamos la inclusión laboral, el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud, por eso entendemos que las necesidades son urgentes. El 90% de las personas trans no tienen acceso al trabajo; hoy por hoy la mayoría de las mujeres trans sobrevive por la prostitución, y eso tiene como destino inevitable el deterioro de la salud y la muerte”.
El diputado socialista Julio Garibaldi coincidió: “La población trans es la que mayor vulneración de derechos sufre con una expectativa de vida que apenas supera los 40 años, con discriminación extrema, violencia física, psíquica, económica y laboral; por lo tanto, reconocerlos como colectivo y que tengan la posibilidad de ser incorporados en el Estado y demostrar su capacidad de trabajo es fundamental”.
