El presidente Mauricio Macri vetó ayer la ley que declara de utilidad pública y ordena la expropiación del tradicional Hotel Bauen porteño. Y la cooperativa de trabajadores que lo administra anunció que intentará que el Congreso nacional insista con la ley.
El gobierno rechazó así que el hotel ubicado sobre la avenida Callao al 300 en la zona del Congreso sea adquirido por el Estado y cedido a la cooperativa de trabajadores que lo administra desde hace 13 años, tras argumentar que no tiene el dinero para afrontar el trámite.
Frente a la decisión del presidente, los trabajadores del Bauen anunciaron una conferencia de prensa para mañana a las 19, pero ya adelantaron que intentarán convencer al Congreso nacional de ratificar la ley, para lo cual se necesitará una mayoría especial de dos tercios en cada Cámara.
El Senado había aprobado el 30 de noviembre pasado una ley mediante la cual el Estado nacional expropiaba todas las instalaciones del edificio del Hotel Bauen pese a la resistencia del oficialismo y en medio de un debate caótico.
El proyecto fue convertido en ley por el Congreso en una sesión cuando concluía el período de sesiones ordinarias, con 39 votos a favor y 17 en contra, la mayoría de ellos del interbloque de Cambiemos.
El proyecto de ley había sido impulsado por el misionero Juan Manuel Irrazábal (PJ-FpV), quien solicitó votar el proyecto para evitar que quedara postergado hasta el año próximo ante el final del período de sesiones ordinarias.
La ley declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen”, que desde 2003 es administrado por la cooperativa que armaron los trabajadores del lugar tras la declaración de quiebra presentada en 2001.
Según establece la iniciativa, el Estado afrontaría el costo económico de la expropiación y cedería en comodato todos los bienes a la Cooperativa de Trabajo Bauen Limitada “para la consecución de su objeto social”.
En su artículo 4°, la iniciativa establece que la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será cancelada parcial o totalmente con los créditos que el Estado posea contra el titular y/o los titulares de los bienes declarados de utilidad pública.
Sin embargo, el gobierno consideró que en caso de verificarse la imposibilidad de formalizar el proceso expropiatorio de esa manera, la ley “implicaría una erogación presupuestaria muy importante que se estima no debe concretarse en las actuales circunstancias”.
“Si bien su finalidad podría considerarse loable, la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población”, señala el veto de Macri.
El proyecto tuvo origen en la Cámara de Diputados y el Senado lo convirtió en ley el último 30 de noviembre, minutos antes de la medianoche (cuando concluía el período de sesiones ordinarias) con 39 votos a favor y 17 en contra, la mayoría de ellos del interbloque de Cambiemos.
Al ser rechazada por el Poder Ejecutivo, la ley vuelve al Congreso, que puede ratificarla a pesar del veto pero únicamente con la aprobación de una mayoría especial de dos tercios en cada Cámara, lo que implicaría que la iniciativa quedara firme aún con el rechazo de la Casa Rosada.
Ese será el objetivo de los trabajadores del Bauen, según lo adelantó el presidente de la cooperativa que gestiona el hotel, Federico Tonarelli, quien expresó en declaraciones a AM750 que el veto los “indigna” pero “no” los “sorprende”.
“Vamos a trabajar para lograr los dos tercios en ambas Cámaras y refrendar este proyecto de ley que entendemos que es la solución política que encontró el Congreso a un conflicto jurídico de casi 14 años, que el presidente hizo añicos en un segundo”, aseguró Tonarelli.
Para alcanzar ese objetivo, la cooperativa tiene como principal aliado al bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, que ya expresó su “repudio” al veto firmado por Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, al igual que el senador nacional del PJ-FpV Juan Manuel Abal Medina.
La decisión del presidente deja además la puerta abierta al posible desalojo de los trabajadores, que ya cuenta con un fallo favorable de la jueza nacional de primera instancia en lo Comercial Paula Hualde.
Sin embargo, la jueza nunca le puso fecha a la orden de desalojo y restitución del inmueble a la firma Mercoteles SA (que lo adquirió en 2001 tras la quiebra de la chilena Solari SA), a la espera de que el Congreso llegara a una solución política del conflicto.
“No creo que nos envíen una orden de desalojo en enero, durante la feria. Apelamos a la buena voluntad y prudencia que siempre tuvo la jueza Hualde”, afirmó Tonarelli al ser consultado sobre esa posibilidad, tras lo cual ratificó la intención de buscar apoyo en el Congreso nacional a partir del 1º de marzo próximo.
