Sergio Berni puso el dedo en la llaga cuando reprochó que el “narcodelincuente” Walter Jure fuese detenido en dos oportunidades, 2003 y 2009, y que ahora “andaba libre como si fuera turista”. Más allá de la imprecisión, ya que la detención por sí no habla de la calidad de pruebas en su contra ni eventuales condenas, apuntó directamente a la cabeza del Poder Judicial: “Si la Corte Suprema no entiende que tiene que dotar de más recursos humanos y materiales a los juzgados federales, estos son los resultados: narcotraficantes libres por las calles como si fueran turistas”.
Desde el Poder Judicial, la respuesta siempre es la misma: “Si no se nos permite acceder a más cargos y presupuesto no se puede”.
Como siempre, hay parte de verdad en ambos lados. Es un hecho que la estructura de la Justicia federal en el interior del país es, al menos, débil, al margen de las consideraciones que sobrevuelan (a veces justas, otras no) sobre el ritmo de trabajo en determinados sectores del fuero federal. En los últimos años se crearon nuevos juzgados, pero no están operativos, como el de Venado Tuerto, porque desde que se vota la ley de creación (en este caso 2012), hasta que se hacen los concursos y comienzan a funcionar, pasan años. Muchos años.
Berni tiene muy presente los lados flacos de la Justicia federal penal porque es tema de análisis, quejas y reclamos en el Consejo Federal de Seguridad, organismo que sienta en la misma mesa a autoridades nacionales y responsables de cada provincia.
La debilidad de la Justicia federal penal es un reclamo permanente en ese ámbito en boca de gobernadores, ministros, intendentes y fuerzas de la sociedad civil. El impacto que tiene el derrame de la comercialización de drogas desde las principales ciudades sobre comunidades medianas y pequeñas es un tema recurrente. Berni y la ministra Cecilia Rodríguez militan con convicción en contra de la desfederalización en cada encuentro. Se discute la asignación de recursos económicos y logísticos y se coordinan algunas acciones.
En el último encuentro (estuvieron presentes Daniel Scioli y un puñado de jefes comunales santafesinos en calidad de invitados, entre muchos otros) expusieron los fiscales a cargo de la Procunar (narcotráfico), Diego Iglesias; de la Oficina de Enlace Legislativo, Félix Crous; y el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez. Iglesias especificó las “cuatro directrices fundamentales” de la Procuración General de la Nación para mejorar la persecución penal en materia de narcocriminalidad: “Federalización del enfoque de la persecución, el ascenso en la cadena de responsabilidad, la promoción de investigaciones relacionadas con el tráfico de precursores químicos y la necesidad de llevar adelante investigaciones de índole patrimonial”.
Solución intermedia
Hay un dato objetivo: crear un juzgado nuevo, sobre todo en ciudades medianas como en esta provincia podrían ser Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, demanda un presupuesto enorme. Junto al juzgado, que es lo que se suele reclamar, hay que disponer o alquilar oficinas, hacer concursos, nombrar personal administrativo y funcionarios, más gastos de funcionamiento, tanto para la Defensoría como el Ministerio Público Fiscal.
En los últimos tiempos alumbró una salida intermedia a esa situación. En cambio de crear más juzgados y replicar estructuras, se proyecta diversificar la presencia territorial del Ministerio Público Fiscal. Así, los fiscales que son los responsables de llevar adelante las investigaciones, es decir la persecución del delito, trabajarían más cerca de los problemas pero remitiéndose a los juzgados ya existentes. De ese modo, es mucho menos lo que se requiere para acercar la Justicia federal penal a la gente.
Esta idea no está exenta de desconfianzas políticas. Hay quienes lo ven como una forma de dinamizar la Justicia federal y otros ven la mano del gobierno nacional, en particular La Cámpora y Justicia Legítima, para hacer nombrar funcionarios propios ante las dificultades de hacerlo en el Poder Judicial.
Por otra parte, el país tiene aprobado un Código Procesal Penal federal reformado que el gobierno no implementó y que influirá sobre cualquier reacomodamiento si es que se concretan.
Por último, el narcotráfico, hoy por hoy la materia más delicada en la Justicia federal penal, estuvo en el centro de la campaña presidencial. Todos los candidatos algo prometieron. Siendo Daniel Scioli el que tiene más chances de llegar, queda abierto el interrogante sobre si cambiará la línea política que Nación viene bajando desde 2003 con respecto a la desfederalización de las causas menores por droga. La ley es de los tiempos de Menem. A las provincias que adhirieron originalmente se sumaron otras tres en la etapa kirchnerista, posible a partir de que si bien el gobierno nacional tuvo una línea política contraria no impulsó su derogación.
Mientras Sergio Berni baja línea en contra de la desfederalización, otros hombres también muy cercanos a Daniel Scioli, su ministro de Justicia, Ricardo Casal, y el de Seguridad, Osvaldo Granados, la promueven y defienden.
El interrogante se extiende a Santa Fe, donde un núcleo duro de senadores provinciales (oficialistas y de oposición) planteó que las causas por narcomenudeo se trabajen en los Tribunales provinciales. La administración de Antonio Bonfatti y antes la de Hermes Binner se opusieron a pesar de todo lo ocurrido con la crisis narco. “Cuesta controlar a 400 agentes, imagínense si habilitamos a toda la Policía a salir a cazar droga”, explicó tiempo atrás, muy gráfico, un funcionario de la provincia.
Miguel Lifschitz por ahora no dio certezas sobre el rumbo. Conoce lo que piensan sus pares del Senado, habló del tema con ministros de la Corte Suprema provincial y con otros actores. Anteayer se entrevistó con su par Juan Schiaretti y el tema seguridad fue protagónico en la agenda. Córdoba es una de las provincias que adhirió no hace tanto y defiende la desfederalización, cuestión que no le evitó tener una ex cúpula policial tras las rejas y la fuerte expansión de la comercialización de drogas y sus secuelas que hoy espanta a los cordobeses.
