La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, ratificó este lunes la derogación del decreto que en junio había dispuesto la intervención de la cerealera Vicentin y de esta manera validó el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que deja sin efecto la medida.
Cleri defendió la validez del decreto 636 del Poder Ejecutivo, que deroga el que había dispuesto la intervención, y sostuvo que, con aquella medida, «se buscaba la continuidad de la empresa para salvaguardar los derechos de los acreedores».
De todos modos, el diputado del Frente de Todos por Santa Fe precisó que la oposición tendrá tiempo hasta mañana para presentar dictámenes de minoría, ya que si bien avalaron la derogación del DNU, criticaron los fundamentos incluidos en la medida.
Tras detallar el irregular manejo de la empresa por parte de sus directivos, Cleri precisó que la cerealera «tiene 27 mil trabajadores, 2700 acreedores y una deuda total de 1.500 millones de dolares» y recordó que desde que se dispuso la intervención «hubo muchas medidas de obstrucción por parte de accionistas y del juez».
En ese sentido, el legislador destacó la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto la intervención «y seguir avanzando en las causas para recuperar las acreencias del Poder Ejecutivo».
«Hay juicios en la justicia federal y provincial de Reconquista sobre las garantías inmobiliarias que el grupo Vicentín tenía y que el Estado está tratando de recuperar», graficó Cleri.
Intervención opositora y cruces
Desde Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli dijo que si bien ese bloque opositor está «de acuerdo con la validez» del decreto 636, sostuvo que el presidente Alberto Fenández «debería tener presente, con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios».
«Admitiendo que hayan sido nobles los objetivos que el Presidente persiguió, el método elegido fue una gran equivocación y una gran ilegalidad, porque el fin no justifica los medios», aseveró el diputado nacional del PRO.
Para Tonelli, «el presidente hizo bien en derogar el decreto, pero no con los fundamentos adecuados» y cuestionó que el mandatario «se haya referido a la obstrucción de la justicia» por considerar que «el juez sólo hizo ejercer la competencia que la ley de quiebras le atribuye».
Más adelante, se produjo un contrapunto entre Tonelli y Cleri, en el cual intervino la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien pidió terminar con ese debate y planteó que «no se trataba de una charla personal», tras lo cual el diputado del PRO recomendó a la senadora mendocina que guardara silencio.
«Que se calle», pidió Tonelli y luego se negó a pedirle disculpas a Fernández Sagasti cuando se le reclamó que se retractara en su actitud.
El legislador de Juntos por el Cambio remarcó que «no pediría disculpas a nadie».
Críticas y cuestionamientos
En ese contexto, diputados de la oposición cuestionaron el funcionamiento de la comisión y criticaron que se haya convocado a la reunión sin las 48 horas hábiles de anticipación reglamentarias, aunque coincidieron con que era atinada la derogación del DNU de intervención de Vicentin.
El radical Luis Petri cuestionó a Cleri «por haber opinado sobre el tema» y sostuvo que «desde la presidencia, usted debe ordenar el debate».
«Está en todo su derecho a opinar, pero ceda la presidencia al vicepresidente porque genera un clima enrarecido respecto del funcionamiento de la comisión. Usted tiene que ser ecuánime», expresó.
Cleri aclaró que expuso su opinión sobre Vicentín por ser oriundo de la provincia de Santa Fe y con el fin de «aportar datos importantes» sobre la situación de la empresa.
Al finalizar la reunión, Fernández Sagasti -quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación de la cereralera- puso de relieve que «el único fin que tenia el Estado para disponer la intervención era asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo de productores que entregaron sus granos y fueron totalmente estafados».
Tras sostener que la intervención de Vicentin fue «absolutamente constitucional y republicana», coincidió con el Presidente en sostener que hubo una «actitud obstruccionista» por parte de la Justicia de Santa Fe y marcó el «escandaloso proceso de vaciamiento de la empresa que se produjo durante este mes y medio, con ayuda política de la oposición».
A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el vienes pasado que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.
