Este domingo vecinos de la localidad de Monje participaron de una travesía autoconvocada para limpiar cinco kilómetros de costa del arroyo que lleva el mismo nombre que el pueblo y que desemboca en el río Coronda. El resultado: entre plásticos de distinto tipo, se recuperaron al menos media docena de bidones de agrotóxicos, algunos incluso con restos de los químicos que se utilizan para fumigar los campos y que son de alto riesgo para la salud de los humanos y para el ecosistema en general. Las autoridades comunales y los pobladores de la zona plantearon públicamente su preocupación por la situación que, sostienen, no es un hecho aislado: ver pasar flotando bidones de agrotóxicos aguas abajo ya es parte del paisaje de la zona.
“Durante la jornada de limpieza del arroyo se extrajeron del agua varios envases de agrotóxicos. Detectamos bidones de Paraquat y glisfosato, entre otros”. Facundo Viola estuvo como invitado en el Festival de Arte Público por el Agua “La basura no vuelve sola”, que incluyó actividades artísticas, la pintada de murales para promover la defensa del recurso natural y una travesía de cinco kilómetros para la recolección de residuos de las costas del arroyo Monje. También hubo una charla abierta sobre la contaminación de las aguas, en la que Viola fue orador, ya que pertenece al grupo ambientalista “Vecinos fumigados de Santa Fe”. La base de su trabajo está en la localidad de Arroyo Leyes.
“La situación es muy grave. Se recuperaron media docena de envases entre los que detectamos bidones de glifosato, que es una cancerígeno comprobado, con más de 18 mil causas en Estados Unidos por mentir acerca de su inocuidad; y también del herbicida Paraquat, que puede producir patologías respiratorias y renales severas y que también la salud de la vida acuática”, explicó Viola a El Ciudadano.
Además del nivel de toxicidad de esos agrotóxicos en el agua, que ponen en riesgo la vida humana y al ecosistema en general, la gravedad del hallazgo puede medirse por las leyes que infringe. Por un lado, la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, que fija penas para quienes contaminaran “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Por otro, la ley nacional 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. Sin ir más lejos, a fines de enero la provincia de La Pampa prohibió por 15 días la comercialización de fitosanitarios por no cumplir con la correcta gestión de envases.
En Santa Fe hay una ley, la 11.273, de 1995, que regula la gestión de envases. El año pasado Diputados aprobó una modificación a esa normativa para incorporar aspectos particulares de la situación actual de la provincia, pero el Senado nunca la trató.
Que esas leyes se apliquen o no, no es indistinto. Porque entre otras cosas, la normativa nacional ordena que “se deben establecer los mecanismos que aseguren la trazabilidad de los envases vacíos de fitosanitarios durante toda la cadena”. De existir esa trazabilidad, las personas que hicieron uso de los agrotóxicos que estaban contenidos en los envases recuperados del arroyo Monje podrían ser identificadas con nombre y apellido. Y también a quién se lo compraron que, en definitiva, son quienes deben ocuparse de la gestión de los envases vacíos, considerados residuos peligrosos por donde se los mire.
La localidad de Monje está ubicada en el departamento San Jerónimo, a unos 70 kilómetros de Rosario. A su vera corre el arroyo Monje, que desemboca en el río Coronda, que a su vez vierte sus aguas en el Paraná.
La secretaria de Gobierno de la comuna de Monje, Analía Chinellato, confirmó a El Ciudadano lo que denuncian los vecinos del pueblo: que los bidones de agrotóxicos flotando en el arroyo y el sus costas ya son parte del paisaje. “Esta es una zona más ganadera que agrícola, por lo que suponemos que los bidones vienen de localidades que están más arriba”, dijo la funcionaria. Esta semana, el presidente comunal de Monje, Pedro Severini, elevará el reclamo a la provincia.
Norma Tenaglia es abogada especializada en medio ambiente y una pieza activa de los vecinos autoconvocados de Monje. Ella vive en San Lorenzo, pero desde hace casi 60 años su familia política tiene una quinta a la vera del arroyo.
«Hasta ahora la indiferencia del poder administrativo de la provincia ha sido terrible”, dijo la letrada. “Esto habla de una gran falta de conciencia hacia las cuencas, hacia el daño ambiental, porque en cada lluvia, en cada crecida, vemos pasar bidones flotando en cantidad”, agregó.
Tenaglia cuenta que hace diez años, desde su casa de Monje, comenzaron a pasar flotando, cada tanto, algún bidón de agrotóxicos. Y que, hace cuatro a cinco años, el arroyo se transformó en un desfiladero. “Esto trajo consecuencias directas, en la fauna de la zona, por ejemplo, donde antes se pescaba y hoy esa actividad casi no se practica porque no sale nada”.
“Argentina tiene una legislación ambiental muy de avanzada, que no tienen todos los países, que es el principio precautorio e implica que cualquier acción que pueda impactar en el ambiente debe investigarse previamente. Eso está incluso en la Constitución del ’94. Pero lamentablemente hasta ahora no ha habido ninguna autoridad que la haya hecho cumplir”, dijo Tenaglia.
