El Foro Agrario Santa Fe, que integra una corriente rural nacional y federal por fuera de las cuatro que integran la mesa de enlace, denunció que en plena pandemia y sin orden de juez o fiscal alguno la Policía secuestró su cosecha de cereal a una familia de Bigand, localidad situada en el departamento Caseros a 70 kilómetros al sudoeste de Rosario.
“Este lunes 30 temprano por la tarde y a pesar de la cuarentena y en pleno asueto judicial, la Policía de Bigand, sin que mediara ninguna orden de juez ni fiscal, procedió al secuestro de la cosecha de cereales que Oscar Marinucci acababa de levantar. Con sirenas y disparos al aire se llevaron el camión de cereales al que alcanzó a subirse Sandra Gobbo, la compañera de Oscar, para cuidar la cosecha de su propiedad. Mientras, a Oscar lo llevaba la Policía, a empujones, gritándole entre amenazas: «Ahora vas a saber lo que es la Policía»”.
“Oscar Marinucci es hipertenso y se descompuso cuando fue llevado por la policía a la comisaria de Bigand. Y además le subió la glicemia, y por orden de un médico terminó hospitalizado, regresando a su hogar pasada la medianoche”, continúa la denuncia pública del Foro.
En el relato de la situación, el Foro incluyó el testimonio de Sandra Gobbo: “Oscar estaba cosechando el cereal que habíamos sembrado el año pasado porque tenemos una orden de la Corte Suprema de la provincia para hacerlo. En eso estábamos cuando llega la Policía con patrulleros, sirenas con tiros al aire y al suelo y se nos ordena parar las máquinas. Automáticamente mostré la orden de la Corte Suprema de la provincia de que podíamos realizar este trabajo. A la vez me comunicaba con el abogado Maximiliano Toricelli, que nos lleva el caso y me decía es imposible que la Policía proceda si no existe una orden de algún fiscal o juez”.
Tras el operativo, miembros de las organizaciones que integran el Foro se comunicaron entre sí para dar cuenta de lo ocurrido, informando a las entidades de otras provincias y a confederaciones nacionalel que también integran el espacio, las que emitieron un comunicado conjunto: “Las organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena, de trabajadores y trabajadoras agrarios y agrarias, pescadores y pescadoras artesanales, organizaciones sociales y ambientales, sindicatos, partidos políticos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y despedidos y despedidas de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, reunidos en el Foro Agrario Soberano y Popular exigimos a las autoridades que garanticen el derecho a la integridad física, jurídica y moral de la familia Marinucci. Y que se garantice el derecho al trabajo rural y la vivienda de una familia campesina”, dice el texto.
“Desde el Foro Agrario reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los agricultores familiares Oscar y Sandra Marinucci, de la localidad de Bigand, Santa Fe y denunciamos el atropello de la Fundación Bigand sobre el derecho de la familia Marinucci que hace más de tres generaciones que viven trabajando esas tierras”, repudió por su parte la entidad santafesina.
Al día siguiente del operativo, el comisrio Cristian Sosa, jefe de la comisaría 6ª de la Unidad Reigional IV, ordenó el comparecimiento de Oscar Marinucci, a quien le entregó un acta en la que consta la orden de la Fiscalía de Casilda, a cargo de Marianela Luna, y «realizada por el fiscal adjunto» Emiliano Ehret, de restituirle la soja cosechada (algo más de 25 toneladas) en carácter de «depositario judicial». En el acta se establece que Marinucci puede «detentar la posesión del bien» pero no «venderlo ni enajenarlo», ni tampoco «disponer comercialmente o cederlo».
El acta describe a renglón seguido las consecuencias que, según el Código Penal, le cabrían a Marinucci en caso de «inobservancia de los deberes del depositario».
En el documento no se brinda explicación del operativo, que puede enmarcarse en el complejo proceso judicial que siguió a la muerte de Octavia Bigand, quien falleció sin herederos en 2004 y legó sus tierras y bienes a obras de bien público a través de la Fundación Honorio Bigand. Es el nombre de su abuelo, un inmigrante francés que se estableció en 1880 al comprarle los campos de la zona a los herederos de Justo José de Urquiza.
La Fundación intenta expulsar a los Marinucci, productores que hace casi 100 años arriendan 50 hectáreas, a las que trabajaron cuatro generaciones de la familia. Un fallo frenó el desalojo, pero los abogados de la entidad apelaron la decisión. La Federación Agraria acompaña la pelea de los Marinucci y de otras 25 familias, y una ley provincial la ley provincial, la 13.666, de declaración de emergencia y suspensión de desalojos de predios rurales, congeló la situación. Pero hasta el 28 de febrero de 2020, que ya pasó.
