Desde hace cuatro generaciones Sandra Gobbo y Ocar Marinucci trabajan unas 8 hectáreas del sur de la provincia de Santa Fe, de las 50 que labraban originalmente. Desde 1920 arriendan y cultivan unas tierras cerca de la localidad de Bigand. Pero su medio de vida y subsistencia hace casi 20 años años que se ve amenazado por la voracidad de la especulación inmobiliaria que, amparada bajo la forma de una “fundación”, busca por todos los medios desalojarlos del campo que habitan hace más de 100 años, como ya ha ocurrido con otras 25 familias.
Lo que está en disputa no es sólo la pelea de un agricultor familiar contra su desarraigo, sino el modelo rural para el país: si la apuesta es por afianzar el desarrollo de los territorios, el arraigo rural, formas de producción más sustentables; o si por el contrario se permitirá la concentración de las tierras, no ya en personas físicas sino incluso jurídicas.
Comunicado en apoyo a la familia Gobbo-Marinucci
“Nos encontramos ante un nuevo embate judicial promovido por quienes de manera ilegal e ilegítima se apropiaron de la administración de la Fundación Honorio Bigand. Luego de desalojar a 25 familias que vivían y trabajaban en este territorio, hoy embaten contra Sandra y Oscar y su única vivienda. La familia Gobbo-Marinucci es la última que resiste en el territorio donde viven y trabajan sus tierras desde hace más de 100 años”, comienza el comunicado.
Y continúa: “Marcelo Jorge Álvarez es el presidente que, junto a sus abogados apoderados Valeria Montaldo Maiocchi; Mabel Azar, y Diego Haro Matínez, son quienes se apoderaron de forma fraudulenta de la Fundación que fue creada para destinar los frutos de este territorio a la “caridad y el bien público”, se apropiaron de las 3.500 hectáreas y de las ganancias que generan, y hoy lograron que el juez Sergio Walter Verdura, de Cañada de Gómez, dispusiera el lanzamiento del desalojo contra Sandra y Oscar”.
Y cierra: “Ponemos en alerta a todas las organizaciones aliadas y nos declaramos en estado de movilización permanente, con intervención en el territorio, para garantizar la seguridad de Sandra y Oscar, quienes a pesar de todas las dificultades, amenazas, ataques con armas de fuego, persisten en la idea de resistirse al desalojo hasta que la muerte los separe”.
“Se solicita la difusión de este mensaje en medios, redes, y organizaciones, llegando a funcionarios de los tres poderes, y a los dirigentes políticos que deben cumplir la obligación de trabajar por el bien común. A compañeras, y compañeros referentes de distintos espacios políticos, académicos, populares, necesitamos comunicar la urgencia para poder salir de la invisibilización en la que se encuentra esta terrible injusticia”.
Las tierras del fundador
Todo se remonta a 1912 cuando Víctor Bigand, fundador del pueblo e hijo del terrateniente Honorio que adquirió las tierras, comenzó a arrendar sus 3.500 hectáreas a los colonos de la zona, en lo que se trató de los primeros contratos tras el Grito de Alcorta.
Pero al fallecer en 2004 la última heredera de los Bigand, María Mercedes Octavia, se desató una embestida por parte de la Fundación Honorio Bigand para desalojar a los colonos y hacerse de esas tierras. Allí comenzó el calvario de los Marinucci, pero también el de las 25 familias que arrendaban las tierras.
El testamento que legaba el campo a la Fundación para destinarlas a la “caridad y el bien público” siempre les fue ocultado a los colonos. Tras una ardua lucha judicial pudieron comprobar en 2005 que había una cláusula que los beneficiaba: sus tierras no podían ser enajenadas por el término de 10 años y tenían la prioridad para adquirir los terrenos.
Ante esta situación, la Fundación debió aceptar renovar los contratos por diez años y reconfiguró su estrategia para lograr su cometido. Así es como comenzó una nueva etapa de persecución, amenazas y embargos que fue expulsando a los históricos arrendatarios de sus chacras, incluso algunos de ellos sufrieron consecuencias de salud por el estrés al que fueron sometidos. Otros, los menos, lograron en 2015 renegociar los contratos pero con cláusulas leoninas que los perjudican notoriamente y hoy los tienen sumamente endeudados.
