El malentendido entre el gobierno provincial y la comunidad gay parece haber quedado aclarado. Ayer Hermes Binner les explicó a los referentes de las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual que él no se opone al matrimonio gay sino que es un tema que debe resolver la Justicia. Y dijo que, llegado el caso, lo avalará, siempre que el Poder Judicial primero determine la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que hacen alusión explícita al hombre y la mujer. El argumento central es que se determine que tiene mayor peso la declaración inicial de la Constitución Nacional –en su versión original de 1853– en la que se garantiza la igualdad de derechos para todos los habitantes del país más allá de su sexo.
Tras el fallo favorable de la Justicia de Tierra del Fuego, que luego fue tomado por el gobierno de esa provincia para autorizar el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello –a fines del año pasado–, ahora el movimiento de lesbianas, gays y transexuales parece haber enfocado su atención en la provincia de Santa Fe. Pero el panorama no aparece tan sencillo como en la provincia del sur; aunque el gobernador dio su palabra de apoyo, dejó en claro que es la Justicia el ámbito donde se deberá resolver el tema: el mismo ámbito que el propio gobierno viene señalando como uno de los órganos principales de la resistencia a los cambios que se buscan implementar. En el plano político tampoco hay buenas perspectivas, puesto que el proyecto de unión civil permanece cajoneado en el Senado.
El presidente de la Asociación Civil Vox, Guillermo Lovagnini, y la titular de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid, se reunieron con el gobernador Binner y el ministro de Justicia, Héctor Superti. Habían pedido una audiencia alarmados por una declaración de Binner en un reportaje publicado por el diario Página/12, donde se le preguntó si haría lo mismo que su par de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en caso de que hubiera un fallo favorable de la Justicia que avale el matrimonio entre personas del mismo sexo. “La verdad que no, porque creo que lo impide el Código Civil”, había dicho Binner.
Respecto de esas declaraciones, Lovagnini explicó la postura de Binner: “Dijo que él no puede interpretar la ley. Si hubiese un caso similar al de Tierra del Fuego, no dudaría en actuar en pos de la igualdad de todos y todas”. Y agregó: “Fue un diálogo muy fluido y ameno. El gobernador aclaró sus declaraciones y hablamos de la situación de gays, lesbianas y trans en la provincia. Salió un plan para trabajar, en los distintos ministerios, la situación de nuestro colectivo. Nos vamos contentos. Es un acontecimiento histórico: es la primera vez, en la historia de la provincia, que un gobernador recibe a los representantes de una parte importante de la población”.
Rachid comentó: “El gobernador reiteró su apoyo a las leyes propuestas para modificar el Código Civil y aprobar el matrimonio para parejas del mismo sexo. Y se aclaró el malentendido. Él prefiere que se modifique la ley para que se pueda acceder al matrimonio en todo el país, pero para poder reconocerlo en la provincia se necesita un fallo que declare inconstitucionales los artículos del Código”.
La presidenta de la Federación LGBT le acercó información a Binner sobre los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Allí hay garantías que podrían ser efectivizadas en la provincia como paso previo al aval para los matrimonios entre personas del mismo sexo. El argumento de Rachid es que el Código Civil ni autoriza ni prohíbe el matrimonio gay, pero como la Constitución Nacional garantiza la “igualdad ante la ley” para todos los habitantes desde 1853 y como además hay tratados internacionales con jerarquía constitucional que garantizan la protección de la familia, “el gobernador podría autorizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo en la provincia”.
Rachid también recordó que el socialismo presentó numerosas iniciativas en el Congreso de la Nación referidas al tema. “Creemos que como referente político nacional, (Binner) debería apoyar públicamente, como ya lo ha hecho en algunas declaraciones”. En la reunión también se acordó continuar el trabajo en conjunto entre el Estado y las asociaciones civiles para luchar contra la discriminación en la salud, la educación, la Justicia y el trabajo.
A su turno el ministro Superti explicó que “quien debe descalificar una ley, por inconstitucional, es la Justicia y no el propio Poder Ejecutivo”. El titular de la cartera de Justicia de la provincia aclaró que, en el caso de Tierra del Fuego, los miembros de la pareja gay que se casó habían invocado una declaración judicial que solamente se podía aplicar a ese caso. “Eso no se extiende a otros casos, porque en nuestro país la declaración de inconstitucionalidad de una norma sólo rige para el caso donde se planteó, no para todos los casos como ocurre en otros sistemas”, agregó Superti.
El Senado vs. la unión civil
El proyecto de unión estable de parejas –más conocida como unión civil– fue aprobado dos veces por la Cámara de Diputados de la provincia pero nunca pudo pasar por el filtro del Senado, dominado históricamente por la mayoría reutemista. La unión civil es una figura legal a la que podría acceder cualquier pareja –también los heterosexuales– que pueda demostrar que conviven en un “ostensible trato familiar”.
La figura se basa en el principio de no discriminación: pueden acceder todos los ciudadanos de la provincia, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. De aprobarse, otorgará a los integrantes de la pareja derechos previsionales, de acceso a la salud, a licencias y permisos laborales y la posibilidad de inscribirse en planes de vivienda, sociales y educativos. Como se trata de un proyecto a nivel provincial, no puede consagrar el derecho a la adopción.
Sin embargo, ese es el aspecto que más cuestionan los senadores justicialistas y el que han utilizado como argumento para frenar la aprobación del proyecto. La primera vez fue a fines de 2008, cuando la iniciativa sancionada por la Cámara baja perdió estado parlamentario; la segunda, el año pasado, cuando el reutemista José Baucero presentó su propio contraproyecto, muy criticado por las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual. El malentendido entre el gobierno provincial y la comunidad gay parece haber quedado aclarado. Ayer Hermes Binner les explicó a los referentes de las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual que él no se opone al matrimonio gay sino que es un tema que debe resolver la Justicia. Y dijo que, llegado el caso, lo avalará, siempre que el Poder Judicial primero determine la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que hacen alusión explícita al hombre y la mujer. El argumento central es que se determine que tiene mayor peso la declaración inicial de la Constitución Nacional –en su versión original de 1853– en la que se garantiza la igualdad de derechos para todos los habitantes del país más allá de su sexo.
Tras el fallo favorable de la Justicia de Tierra del Fuego, que luego fue tomado por el gobierno de esa provincia para autorizar el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello –a fines del año pasado–, ahora el movimiento de lesbianas, gays y transexuales parece haber enfocado su atención en la provincia de Santa Fe. Pero el panorama no aparece tan sencillo como en la provincia del sur; aunque el gobernador dio su palabra de apoyo, dejó en claro que es la Justicia el ámbito donde se deberá resolver el tema: el mismo ámbito que el propio gobierno viene señalando como uno de los órganos principales de la resistencia a los cambios que se buscan implementar. En el plano político tampoco hay buenas perspectivas, puesto que el proyecto de unión civil permanece cajoneado en el Senado.
El presidente de la Asociación Civil Vox, Guillermo Lovagnini, y la titular de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid, se reunieron con el gobernador Binner y el ministro de Justicia, Héctor Superti. Habían pedido una audiencia alarmados por una declaración de Binner en un reportaje publicado por el diario Página/12, donde se le preguntó si haría lo mismo que su par de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en caso de que hubiera un fallo favorable de la Justicia que avale el matrimonio entre personas del mismo sexo. “La verdad que no, porque creo que lo impide el Código Civil”, había dicho Binner.
Respecto de esas declaraciones, Lovagnini explicó la postura de Binner: “Dijo que él no puede interpretar la ley. Si hubiese un caso similar al de Tierra del Fuego, no dudaría en actuar en pos de la igualdad de todos y todas”. Y agregó: “Fue un diálogo muy fluido y ameno. El gobernador aclaró sus declaraciones y hablamos de la situación de gays, lesbianas y trans en la provincia. Salió un plan para trabajar, en los distintos ministerios, la situación de nuestro colectivo. Nos vamos contentos. Es un acontecimiento histórico: es la primera vez, en la historia de la provincia, que un gobernador recibe a los representantes de una parte importante de la población”.
Rachid comentó: “El gobernador reiteró su apoyo a las leyes propuestas para modificar el Código Civil y aprobar el matrimonio para parejas del mismo sexo. Y se aclaró el malentendido. Él prefiere que se modifique la ley para que se pueda acceder al matrimonio en todo el país, pero para poder reconocerlo en la provincia se necesita un fallo que declare inconstitucionales los artículos del Código”.
La presidenta de la Federación LGBT le acercó información a Binner sobre los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Allí hay garantías que podrían ser efectivizadas en la provincia como paso previo al aval para los matrimonios entre personas del mismo sexo. El argumento de Rachid es que el Código Civil ni autoriza ni prohíbe el matrimonio gay, pero como la Constitución Nacional garantiza la “igualdad ante la ley” para todos los habitantes desde 1853 y como además hay tratados internacionales con jerarquía constitucional que garantizan la protección de la familia, “el gobernador podría autorizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo en la provincia”.
Rachid también recordó que el socialismo presentó numerosas iniciativas en el Congreso de la Nación referidas al tema. “Creemos que como referente político nacional, (Binner) debería apoyar públicamente, como ya lo ha hecho en algunas declaraciones”. En la reunión también se acordó continuar el trabajo en conjunto entre el Estado y las asociaciones civiles para luchar contra la discriminación en la salud, la educación, la Justicia y el trabajo.
A su turno el ministro Superti explicó que “quien debe descalificar una ley, por inconstitucional, es la Justicia y no el propio Poder Ejecutivo”. El titular de la cartera de Justicia de la provincia aclaró que, en el caso de Tierra del Fuego, los miembros de la pareja gay que se casó habían invocado una declaración judicial que solamente se podía aplicar a ese caso. “Eso no se extiende a otros casos, porque en nuestro país la declaración de inconstitucionalidad de una norma sólo rige para el caso donde se planteó, no para todos los casos como ocurre en otros sistemas”, agregó Superti.
El Senado vs. la unión civil
El proyecto de unión estable de parejas –más conocida como unión civil– fue aprobado dos veces por la Cámara de Diputados de la provincia pero nunca pudo pasar por el filtro del Senado, dominado históricamente por la mayoría reutemista. La unión civil es una figura legal a la que podría acceder cualquier pareja –también los heterosexuales– que pueda demostrar que conviven en un “ostensible trato familiar”.
La figura se basa en el principio de no discriminación: pueden acceder todos los ciudadanos de la provincia, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. De aprobarse, otorgará a los integrantes de la pareja derechos previsionales, de acceso a la salud, a licencias y permisos laborales y la posibilidad de inscribirse en planes de vivienda, sociales y educativos. Como se trata de un proyecto a nivel provincial, no puede consagrar el derecho a la adopción.
Sin embargo, ese es el aspecto que más cuestionan los senadores justicialistas y el que han utilizado como argumento para frenar la aprobación del proyecto. La primera vez fue a fines de 2008, cuando la iniciativa sancionada por la Cámara baja perdió estado parlamentario; la segunda, el año pasado, cuando el reutemista José Baucero presentó su propio contraproyecto, muy criticado por las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual.
